Hay un proyecto radicado recientemente en el Congreso que quiere castigar la infidelidad, pues plantea que este comportamiento, cuando provoca agresiones físicas o psicológicas dentro de la pareja, deje de considerarse un simple conflicto privado y pueda ser tratado como violencia intrafamiliar.
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La iniciativa fue presentada en agosto de 2025 por la senadora Karina Espinosa Oliver, bajo el nombre “Ley cero cacho, cero violencia”, y cuenta con el respaldo de varios congresistas.
El articulado propone cambios a la Ley 115 de 1994 y a la Ley 1620 de 2013 para incluir en el sistema educativo herramientas que fortalezcan las relaciones sanas y prevengan conductas dañinas.
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También busca prevenir factores como los celos, la intolerancia, el consumo de alcohol y drogas o el abandono económico, todos identificados como detonantes de maltrato dentro del hogar.
De convertirse en ley, las personas afectadas por una infidelidad que derive en violencia tendrían derecho a atención inmediata, acompañamiento jurídico y psicosocial, además de medidas de protección. Los hijos también se incluyen como víctimas indirectas, al ser los más vulnerables ante las rupturas y los conflictos derivados de las traiciones sentimentales.
“Quienes engañen a sus parejas ya no podrán excusarse en que la infidelidad es un asunto privado si de ella se desprenden actos de violencia”, señala el proyecto.
Por ahora, la propuesta avanza en el Congreso y deberá surtir varios debates antes de definirse si la infidelidad tendrá un peso jurídico más allá del plano emocional y social en Colombia.
