El expresidente Álvaro Uribe radió una carta ante el Tribunal Superior de Bogotá en el que indica que renuncia a la prescripción de la acción penal en su contra, por el caso que enfrenta por soborno a testigos y fraude procesal.
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“La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”, se lee en la carta enviada al Tribunal.
“Pido entonces, Honorables Magistrados, acepten, en los términos del artículo 85 del Código Penal, la renuncia que hago al derecho de verme favorecido por la prescripción de la acción penal y que adopten, en mí caso, la decisión de fondo que en derecho corresponda, conforme sólo a lo probado en juicio, a lo que ordena la ley y lo que sea justo”, agrega el documento.
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La decisión del exmandatario dada a conocer este lunes 25 de agosto, se da a mes y medio de que venza el plazo legal para que haya una sentencia en firme en su proceso, la cual está establecida para el 16 de octubre.
Además, Uribe indica que con esta decisión busca dar ejemplo en camino a la verdad.
“A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues, aún con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad”, indica el documento.
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“Servir a Colombia ha sido el máximo honor que he recibido en mi vida. La confianza depositada en mí, por la patria y mis compatriotas, me impone, en esta encrucijada, dar ejemplo y optar por el camino que, por más difícil o riesgoso, es correcto y coherente con lo que he defendido a lo largo de mi vida; la verdad.”
Por su parte, denunció que su derecho a seo odio durante la primera instancia no fue respetado.
“A lo largo de este proceso me he aferrado a la garantía más básica que asiste a todos los ciudadanos, el derecho a ser oído. En desarrollo de esta premisa fundamental, no sólo renuncié a mi derecho a guardar silencio, sino que procuré, por conducto de mis abogados, acompañar al juicio nutrida prueba, testimonial y documental. De ello, da cuenta el hecho de que fueron aproximadamente setenta (70) sesiones de audiencia en donde se recogió toda la práctica probatoria”, explicó el exmandatario.
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“Estimo, con respeto, que ese derecho a ser oído no fue respetado materialmente por la primera instancia. Eso se aprecia en el fallo que, a pesar de extenso, echó de menos la valoración de gran parte de los hechos probados en juicio.”, agregó.
Y concluyó: “En ese sentido, sería hipócrita de mi parte reclamar mí derecho a ser escuchado, en procura de la verdad, y pretender que ello se realice por la Sala de forma real y adecuada, en un término bastante inferior a aquel que se requiere sólo para tener la oportunidad de escuchar todas las audiencias, revisar los alegatos de conclusión, estudiar el fallo de primera instancia y cotejar, uno a uno, los errores atribuidos al fallo en tres impugnaciones, contrastándolos con los alegatos de los no recurrentes”.
