Rosalba Merchán de González, madre de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), falleció el 20 de agosto en Puente Nacional, Santander, su municipio de residencia. Tenía 95 años.
Le puede interesar: El exsenador sucreño Álvaro ‘El Gordo’ García ya abandonó La Picota
La noticia se conoció a través de Luz Dana Leal, esposa del exfuncionario, quien publicó un mensaje en Instagram la noche del miércoles. “Nos unimos en oración por el descanso eterno de mi querida suegra, Rosalba Merchán de González, quien con su bondad y amor marcó la vida de todos los que la rodearon. Tu luz y tu legado seguirán guiando a nuestra familia”, escribió, acompañando sus palabras con una fotografía en la que aparece junto a la fallecida.
Hasta ahora no se han revelado detalles sobre la causa de la muerte ni sobre los actos fúnebres que se realizarán en Santander. El propio Carlos Ramón González, quien permanece en Nicaragua desde 2024, no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre el deceso de su madre.
Vea aquí: Álvaro Uribe pide acelerar elección del candidato del CD en acto público en Sabaneta
Hasta el momento, no se ha informado si el exfuncionario regresará al país para asistir a los actos fúnebres, ni hay indicios de que Nicaragua modifique su postura frente a su asilo. La familia ha agradecido los mensajes de solidaridad recibidos en las últimas horas y ha pedido respeto por la intimidad en este momento de duelo.
La investigación a Carlos Ramón González por escándalo de la Ungrd
La noticia llega en un momento en que González continúa en el centro de la controversia política y judicial en Colombia. El exdirector del Dapre es investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucra millonarias irregularidades en la contratación pública. En su contra, avanzan procesos por delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.
Tras salir del país, González recibió asilo político en Nicaragua. El Gobierno colombiano, a través de los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores, ha solicitado a Managua que revoque la protección, argumentando que los delitos que se le atribuyen no obedecen a persecución política.
Sin embargo, la administración de Daniel Ortega ha defendido su decisión con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que ha generado tensiones diplomáticas entre Bogotá y Managua.
