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Nicaragua dio residencia al ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Carlos Ramón González, procesado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

Esto luego de que el Gobierno hubiera pedido a Managua tal gestión: “La Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, con ocasión de solicitar la renovación de residencia. Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González. El cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país”, dice la misiva que Bogotá envió al gobierno de Daniel Ortega.

La Fiscalía había revelado en mayo pasado, durante la imputación y solicitud de expedición de la orden de captura, que la otrora mano derecha del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño se había fugado al país centroamericano.

Carlos Ramón González, fundador de la Alianza Verde y quien militó en la guerrilla del M-19, ha comparecido ante las autoridades del orden nacional, pero desde la distancia, siendo el abogado Iván Cancino su apoderado en medio de las diligencias judiciales.

Hace un par de semanas el ente acusador había aseverado que si no se ha emitido orden de captura internacional había sido por demoras de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol: “A la fecha la oficina en Colombia de dicha organización no se ha pronunciado al respecto”.

A González hace un mes le emitieron orden de captura por parte de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, señalado de haber cometido los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

Según el ente de investigación penal, entre septiembre y octubre de 2023, González presuntamente le dijo a Olmedo López, ex director de la Ungrd y procesado por el caso, que direccionara los contratos de la entidad con el fin de aparentemente sobornar congresistas con contratos de carrotanques en La Guajira para que tramitaran las iniciativas oficialistas.

Supuestamente, González le dijo a López que a los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name, de la Alianza Verde, y Andrés Calle, del Partido Liberal, respectivamente se les diera $3.000 y $1.000 millones, a través de Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las Regiones.