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El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, denunció en la tarde de este lunes que el magistrado Ramiro Riaño, del Tribunal Superior de Bogotá, está impedido para estudiar la tutela interpuesta por la defensa de Álvaro Uribe Vélez que busca tumbar la prisión domiliciaria dictada por la jueza Sandra Liliana Heredia.

Cabe recordar que hace unos meses el magistrado Riaño se había declarado impedido para pronunciarse sobre un recurso interpuesto por la defensa.

El togado argumentó que tiene un vínculo indirecto con Luis Eduardo Montealegre Lynett, quien actúa como víctima en el proceso y fue fiscal General de la Nación en el mismo periodo en que su esposa trabajó como fiscal local.

“En el pasado, el magistrado Riaño conoció de otra acción de tutela interpuesta por el exmandatario, por intermedio de su abogado Jaime Granados, en la que el 11 de febrero de 2025, el mismo día en que fue radicada, decretó una medida provisional que suspendió el juicio oral, a pesar de encontrarse impedido, hecho que puso en conocimiento de la Sala hasta el 14 de febrero del mismo año, y que fue declarada fundada, el día 17 del mismo mes y año, por la Sala Dual, con ponencia del magistrado, Leonel Rogeles Moreno”, explicó Cepeda.

“Por tanto, dado que el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente”, y que la base fáctica que motiva el impedimento subsiste, hemos solicitado que se dé trámite al impedimento para que sean los dos magistrados restantes quienes valoren la acción constitucional y decidan sobre las medidas cautelares y la controversia de fondo", agregó.

Uribe, de 73 años y fundador del partido de derecha Centro Democrático, fue sentenciado en primera instancia a doce años de cárcel en régimen domiciliario, a una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y a la inhabilitación por más de ocho años para el ejercicio de funciones públicas.

La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, también ordenó la detención inmediata de Uribe, una medida considerada desproporcionada por partidarios del expresidente y por muchos juristas, porque el fallo aún será apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, que debe pronunciarse en segunda instancia a más tardar en octubre próximo.