Seis miembros del último secretariado de la desmovilizada guerrilla de las Farc reconocieron este martes que reclutaron a más de 18.000 menores de edad durante el conflicto armado y calificaron este crimen como “un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados”.
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“Reconocemos con profundo dolor que el reclutamiento y utilización de niñas, niñas y adolescentes (...) fue una herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social”, expresaron en una carta dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) seis excomandantes de las FARC, incluido su último comandante, Rodrigo Londoño, y los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo.
En noviembre pasado, la JEP imputó a los seis exjefes guerrilleros -entre los que también están Milton de Jesús Toncel, Pastor Alape y Jaime Alberto Parra- como “máximos responsables” por el reclutamiento forzado de 18.677 niños, niñas y adolescentes, principalmente entre 1996 y 2006.
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Las imputaciones son también por “malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio”.
En las filas de las FARC, “niños y niñas sufrieron violaciones, esclavitud sexual, uniones forzadas, desnudez forzada y otros actos sexuales violentos”, señala el documento de la JEP.
Al respecto, los exjefes guerrilleros señalaron en la misiva de respuesta a la imputación que lo ocurrido es una “fuente de profundo sufrimiento” y que por esa razón aceptan ese “pasado”, cuyas “consecuencias aún resuenan en el presente del país”.
“Asumimos con responsabilidad el deber de aportar a una verdad que no solo esclarezca lo ocurrido sino que contribuya a la justicia, la reparación y la no repetición (...) Reiteramos nuestro compromiso con una verdad judicial útil para las víctimas”, agregaron los excomandantes de las FARC.
Marcas imborrables
El año pasado, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP encontró que los seis comparecientes participaron en las Conferencias Nacionales Guerrilleras que definieron o tuvieron impacto en las políticas estratégicas de esa guerrilla.
“Como integrantes del último Secretariado tuvieron la tarea de guiar la implementación de esas políticas en toda la organización -en su capacidad como coordinadores y comandantes de los bloques- y conocieron directamente el curso de los hechos determinados y no tomaron las medidas requeridas para prevenir, contener y sancionar los crímenes de guerra”, explicó la JEP.
La Sala determinó que los niños reclutados sufrieron la pérdida de la esencia de la niñez y la anulación de la posibilidad de forjar su propia identidad.
