La Corte Constitucional asumió el estudio del decreto 0639 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro convocó a una consulta popular sobre temas laborales. La decisión fue tomada por el magistrado sustanciador Jorge Enrique Ibáñez, quien consideró que el alto tribunal tiene competencia para adelantar el control previo de este tipo de actos, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.
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La Corte aclaró que esta actuación no interfiere con los procesos que actualmente se tramitan ante el Consejo de Estado, donde se analiza la legalidad del mismo decreto y se dictó, de manera provisional, su suspensión.
“Avocar conocimiento de este trámite en esta Corte no implica menoscabo alguno del ejercicio de las competencias que (…) le corresponde ejercer al Consejo de Estado”, precisó Ibáñez en el auto conocido este martes.
En su decisión, el magistrado señaló que la Corte ejercerá su facultad de control constitucional en los términos del artículo 241 de la Carta Política, el cual le permite revisar los actos de convocatoria y realización de consultas populares, con el fin de verificar eventuales vicios de procedimiento.
Paralelamente, el magistrado negó la solicitud presentada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien pretendía que las demandas en curso en el Consejo de Estado fueran remitidas a la Corte para su conocimiento. La Sala Plena del tribunal constitucional será la encargada de analizar de fondo la validez del decreto, sin que ello implique un conflicto de competencias entre las dos jurisdicciones.
Recolección de pruebas y conceptos
Como parte del proceso, la Corte solicitó al Senado de la República el envío de las actas y grabaciones de la sesión en la que se negó el concepto previo para la consulta popular, así como toda la documentación relacionada con ese trámite. También pidió información a la Presidencia sobre las gestiones realizadas en torno a la iniciativa.
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Además, el magistrado solicitó concepto a expertos y exmagistrados de la Corte Constitucional, así como a entidades académicas y jurídicas como la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. La Procuraduría, encabezada por Gregorio Eljach, también fue requerida para emitir un concepto sobre el caso.
La revisión del decreto se da en medio del anuncio del presidente Petro sobre la posible derogatoria de la norma, tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. No obstante, el trámite en la Corte seguirá su curso de manera independiente, en atención a las competencias constitucionales del tribunal.
