Una coalición de 22 organizaciones de la sociedad civil dirigió una carta abierta al gabinete ministerial del Gobierno Nacional, advirtiendo sobre los “gravísimos riesgos institucionales y jurídicos” que enfrentarían los ministros en caso de firmar un eventual decreto presidencial para convocar una consulta popular nacional sin la autorización previa del Senado de la República.
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Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran Fenalco, la Asociación de Grupos Cívicos, Mujeres por Colombia y Unidos por la Democracia, sostienen que “la ilegalidad es manifiesta” al citar el artículo 104 de la Constitución Política, que establece claramente que la convocatoria de consulta popular nacional requiere concepto previo favorable del Senado.
Según el documento, “el Senado ya ha rechazado dicha autorización en este caso”, por lo que consideran que ningún decreto presidencial puede suplantar esta competencia constitucional.
La carta hace referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, específicamente las Sentencias C-180/94 y C-332/05, que habrían reiterado esta posición “sin margen de duda”.
Adicionalmente, mencionan que “el Procurador General de la Nación ha advertido públicamente que no es posible convocar la consulta popular nacional sin el concepto previo favorable del Senado, en estricto cumplimiento del artículo 104 de la Constitución”.
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Riesgos penales y disciplinarios
Las organizaciones alertan que la firma de tal decreto podría comprometer penal y disciplinariamente a los ministros, recordando que:
- El artículo 115 de la Constitución hace responsables a los ministros de los actos que firman
- El artículo 413 del Código Penal establece el delito de prevaricato por acción con penas de 4 a 8 años de prisión
- El Código Disciplinario Único califica como falta gravísima la emisión de actos inconstitucionales
“La firma de este decreto los hará merecedores del examen de la justicia. No podrán alegar obediencia debida ni excusa política alguna”, advierte el documento.
Según lo informado las organizaciones reafirmaron su compromiso de “ejercer vigilancia cívica permanente y de utilizar los mecanismos legales e institucionales que el ordenamiento jurídico ofrece para proteger la Constitución y el Estado de Derecho”.
Sin embargo, enfatizan que este ejercicio se realizará “en el marco del respeto a las autoridades, sin ánimo de coacción, sino como ejercicio legítimo de control ciudadano”.
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A pesar del tono de advertencia, la carta concluye con un llamado constructivo: “Este es un momento crucial para fortalecer el respeto por la Constitución y el Estado Social y Democrático de Derecho. Confiamos en que el gabinete ministerial actuará con plena responsabilidad, en apego a la legalidad y al mandato constitucional que les ha sido confiado”.
Las 22 organizaciones firmantes manifestaron que permanecerán “atentas y vigilantes, con la convicción de que es a través del respeto a nuestras instituciones como podremos preservar la legitimidad democrática y la confianza ciudadana”.
