La justicia guatemalteca emitió órdenes de captura internacional contra Iván Velásquez Gómez y Luz Adriana Camargo Garzón, exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por su presunta participación en una “estructura criminal” relacionada con acuerdos judiciales favorables a la constructora brasileña Odebrecht.
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El fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, anunció el pasado 2 de junio que la Sala Tercera de Apelaciones autorizó las medidas judiciales contra ambos funcionarios, acusándolos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión.
Según la investigación fiscal, los imputados habrían negociado convenios de colaboración con directivos de Odebrecht sin autorización legal, causando supuestas pérdidas millonarias al Estado guatemalteco.
Entre 2013 y 2019, Velásquez dirigió la CICIG mientras Camargo encabezó el área de investigación y litigio estratégico del organismo internacional entre 2014 y 2017.
Durante este período, desarrollaron una ofensiva judicial que sacudió las estructuras de poder en Guatemala, enviando tras las rejas a expresidentes, ministros, diputados, empresarios y militares de alto rango.
Este martes, Rafael Curruchiche, fiscal de la Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, habló para Blu Radio sobre las órdenes de captura solicitadas contra el exministro Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo.
Las pruebas de la Fiscalía
De acuerdo con Curruchiche, la evidencia y el material probatorio incluye correos electrónicos y audios proporcionados por un testigo al que denominaron como “testigo A”, elementos que “claramente” establecen cómo estuvieron “detrás de todo esto”, según el fiscal.
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“Nos ha llamado la atención una comunicación por correo electrónico del señor Iván Velásquez donde él dice que de acuerdo a como se llevó el caso Odebrecht en Colombia, que él tiene comunicación e información y la experiencia del caso Odebrecht en Colombia él lo manifiesta en ese correo. Es por eso que a los empresarios de la multinacional, únicamente con 500.000 quetzales, se les libera de toda responsabilidad penal”, aseguró, refiriéndose a una de las pruebas en poder de la justicia de Guatemala.
“¿Qué hacía el señor Iván Velásquez y la señora Luz Adriana Camargo negociando los acuerdos de colaboraciones eficaces, esos son los hechos en concreto, de los cuales hay mucho”, puntualizó.
Así mismo, el fiscal insistió en que la investigación por la cual se emitieron las órdenes de captura es “sólida, objetiva e imparcial”.
