Un oscuro capítulo de la historia del país, el de las ‘chuzadas’ del extinto DAS, por el que fue condenada una veintena de exfuncionarios y señalados más de 60 durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, estaría, según las denuncias, repitiéndose en el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien paradójicamente fue víctima de las primeras interceptaciones ilegales a magistrados, opositores y periodistas.
Todo empezó a conocerse, con mayor notoriedad, desde la semana pasada, cuando el senador David Luna, de Cambio Radical, citó a debate de control político al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, Carlos Ramón González, para preguntarle sobre este y otros temas al interior de la entidad, parte de cuyas labores las heredó del DAS. González negó los señalamientos.
Entre tanto, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez puso en conocimiento de la Sala Plena de la Corte Constitucional las sospechas que tenía sobre las ‘chuzadas’, por lo que el alto tribunal citó el miércoles de la semana pasada a la fiscal general Luz Adriana Camargo, a quien le formularon las denuncias. El fin de semana la fiscal anunció una investigación al respecto: “La fiscal general dispuso todos los recursos al alcance de la entidad para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el impacto de la delicada situación denunciada el pasado miércoles”.
La revista Semana había revelado la carta del magistrado Ibáñez, en la que denunció lo que estaría ocurriendo al interior de la Corte: “Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la DNI), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, UIAF”.
A su vez, la emisora La FM reportó que los magistrados, incluidos los de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, advertían que los tienen intervenidos y que incluso les están montando carpetas para pasar información que está registrada en la Dian y la UIAF: “Esto se maneja a través de una oficina de inteligencia que opera en la Presidencia de la República, que monitorea a todas las agencias de inteligencia y que funciona como una oficina de monitoreo y analítica en la Secretaría de Comunicaciones, a través de la cual supuestamente se harían perfilamientos de periodistas, magistrados y miembros de la opinión pública. Esa oficina es dirigida por René Guarín, exmiembro del M-19”.
Petro respondió a principios de esta semana que “desde el primer día de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”.
El senador David Luna le dijo a EL HERALDO al respecto que durante el debate de control le hizo una serie de preguntas al doctor González. “Una de ellas, si era cierto o no que la DNI estaba liderando una operación denominada ‘Orión’, que se dedicaba a realizar perfilamientos con base en información de la Unidad Nacional de Protección, la Dian, la UIAF, y la Industria Militar de Colombia. Pero además, también pregunté si era cierto que estaban alquilando apartamentos cerca a las viviendas de miembros de la oposición para hacerles seguimientos ilegales”.
La preocupación más grande, señala, es que si esto llega a ser cierto, sería un gran atentado contra la democracia y la libertad de opinión: “Este gobierno se estaría convirtiendo en todo lo que siempre criticó”.
En medio de todo el escándalo, en un comunicado conjunto, las altas cortes (Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema) rechazaron de manera enfática las denuncias y afirmaron que de ser ciertas sería una clara “afrenta a la democracia en Colombia” y que las ‘chuzadas’ “ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial”.
Y la Comisión de Disciplina Judicial hizo a su turno un llamado a la Fiscalía para que en las investigaciones adelantadas se pueda establecer lo más pronto posible el origen de estas denuncias y las eventuales responsabilidades.
Pero a las solicitudes de pesquisas se sumó la JEP, que pidió “investigar las presuntas interceptaciones ilegales que se estarían realizando en contra de los despachos de las magistradas y magistrados de esta institución”. Pidió además el tribunal de paz “sancionar a los responsables y, en consecuencia, que los recursos dispuestos para avanzar en los actos investigativos frente a los hechos denunciados por la Corte Constitucional se extiendan a los hechos que afectan a los magistrados y magistradas de la Jurisdicción y que ya han sido denunciados”.
Ante todo lo ventilado, la Procuraduría ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la DNI por la presunta interceptación ilegal de comunicaciones: “Se investigarán las denuncias hechas sobre la posible persecución de la que estarían siendo objeto los miembros de la alta corporación, que también han denunciado seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes”.
El jefe de Estado retomó el asunto en un discurso y aprovechó para cuestionar a la prensa: “La prensa Mossad: quieren destruir al Gobierno, porque se nos está acusando de intervenir conversaciones. Resulta que yo fui víctima de las ‘chuzadas’, les intervinieron el teléfono a mi papá, mi mamá, a mis hijos de 4 años fueron al colegio a sacarles fotos. Pero dicen que somos nosotros los ‘chuzadores’”.
Y anunció el mandatario que “antiguos ‘chuzadores’ por fuera del Gobierno se están organizando para ‘chuzar’ al Gobierno. Y si se descubren aquí ‘chuzadas’, esos se van del Gobierno, no como antes que los que daban las órdenes aún se pavonean con corbatas y votos”.
El director de la DNI aseguró que todo “es un rumor, sin que haya una prueba en concreto”.
Ibáñez, después, en rueda de prensa, precisó que tres de sus cuatro magistrados auxiliares le reportaron posibles ‘chuzadas’, aclarando que él no es víctima ni afectado de las presuntas interceptaciones ilegales: “Yo no formulé una denuncia, sino que me limité a presentar a consideración del presidente de la Sala Plena la situación”. Relató sobre lo sucedido que “los hechos irregulares comenzaron a presentarse desde el segundo semestre del año pasado, con mayor intensidad en este año y especialmente en estos dos últimos meses”.
Por otro lado, la Fiscalía indicó que entrevistará al director de asuntos jurídicos de la JEP, Jairo Arias, quien advirtió que “de comprobarse esta situación, se afectaría la independencia y autonomía de la Jurisdicción”, sumándose esta a la denuncia interna de la magistrada Ana Caterina Heyck, quien detalló que entre el 14 y el 28 de febrero de este año su despacho sufrió recurrentes fallos en los correos electrónicos.
Al tiempo, la DNI informó que en una inspección revisó entre otras, las herramientas tecnológicas adquiridas por la entidad, como también los locales de inteligencia ubicados en Funza y Bogotá, determinando que no se cuenta con “equipos de interceptación a dispositivos de comunicaciones, tradicionales o encriptados”. Y descartó “dentro del límite de lo razonable, que la DNI hubiese tenido alguna participación en las presuntas interceptaciones”.
De otra parte, el presidente del Congreso, el senador Iván Name, de la Alianza Verde, dijo que se inició un proceso de averiguación para determinar si algunos parlamentarios pudieron haber estado interceptados: “No he sabido de eso, ni he oído de denuncias, salvo algunas que se presentaron en el debate reciente que se hizo en el Congreso (…) pero estamos en esa averiguación entre todos los que hacemos parte de los equipos en el Congreso”.
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Acerca de todo este asunto, Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, le dijo a EL HERALDO que es obligación de todas las autoridades prestar su concurso luego de todas estas revelaciones que hace la Corte Constitucional y en particular uno de sus magistrados: “Desde luego cuando en un estado de derecho se tienden a vulnerar por cualquier vía como pudiera ser esta la independencia y la autonomía judicial, no solamente se atenta contra la institucionalidad, sino que también se atenta contra la democracia misma”.
Por eso, añadió, lo que ha de esperarse es que la Fiscalía, donde hoy en día tienen lugar las pesquisas y las investigaciones para dar cuenta y detalle de todo esto, “produzca resultados céleres, por no decir inmediatos, con relación a esta materia. Desde otro punto de vista siempre habrá que solidarizarse con las altas cortes y en general con toda la magistratura y juezas y jueces que prestan su servicio con denuedo, con esfuerzo, para rodearlos de garantías en el sentido de que no solamente administran justicia, sino que también construyen país”.
Y el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, promotor de la reforma a la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, explicó que ese proyecto “se hundió en la Comisión Primera, porque era una ley estatutaria y se debe tramitar en una sola legislatura, pero se debe volver a presentar el 20 de julio y creo que ahora va a tener un mejor ambiente porque ahora todo el mundo está diciendo que lo están ‘chuzando’. Sostenemos que ese proyecto es necesario porque precisamente la lógica es ajustarnos a estándares de la Corte Constitucional”.
