El susto llegó a la hora del almuerzo. La mayoría de las personas que viven en la vereda Bocas del Manso, un diminuto caserío ubicado en las faldas del Nudo de Paramillo, a más de tres horas de Tierralta, más cerca del norte de Antioquia que del casco urbano del sur cordobés, estaban tirando cuchara en sus comedores cuando el pasado lunes un grupo de al menos 10 hombres armados irrumpió en el pueblo y, casa por casa, obligaron a salir a las familias, constituidas por campesinos e indígenas embera, para conducirlas hasta el quiosco comunal.
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Unos de los pistoleros le ‘clavó’ en la frente la punta de su fusil a un bebé que dormía en una hamaca como amenaza para que su madre, a esa altura desbordada de ira y preocupación, saliera de la vivienda y siguiera sus órdenes. A otros pobladores, de acuerdo con las denuncias, los obligaron a caminar en fila india con las manos en la nuca. A otros les estrellaron el rostro contra la tierra. A otros les pidieron cédulas y les quitaron celulares.
Pero las amenazas no solo eran verbales. Una mujer embera katío habría sido abusada sexualmente en su casa por uno de los intimidantes foráneos que –posteriormente- amenazó de muerte a un anciano que la acompañaba. El caos reinaba y los hombres armados impusieron una ley a la fuerza: nadie entra, nadie sale. Más de un pelao, dedicado a ganarse unos pesos con laburos en la tierra, fue sentenciado. Al que pensara en huir le clavaban un tiro por la espalda.
No hubo compasión ni raciocinio. A un niño, según el conmovedor relato de su madre, los encapuchados amagaron con abrirle fuego a su perrito si no se callaba y dejaba de llamarlo. La mujer suplicaba misericordia mientras las lágrimas le surcaban sus negras mejillas.
Y, en medio de esa penumbra, el fantasma de los horrores del ayer, de la guerra, de las tomas, de los atentados, de los asesinatos en las plazas, de las desapariciones, de las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia volvía –con todo– a aparecer por un territorio históricamente con dominio paramilitar.
Posteriormente, cuando ya todos estaban reunidos, uno de los tres encapuchados, vestido con prendas privativas de las fuerzas militares y un fusil a sus espaldas, confrontó a varios campesinos, que a esa altura ya habían sacado tímidamente sus celulares para grabar los improperios, y escupió una temible presentación tras empujar a una mujer con un bebé en brazos: '¿Con quién cree que está lidiando? Es el frente quinto de las Farc el que está aquí, gonorrea'. Así, sin mucho más. Había que bajar la cabeza. Había que hacer caso ante los fusiles.
Sin embargo, hubo más coraje que miedo en los pechos de los campesinos que, en plena confrontación, que se extendió por cerca de tres horas, empezaron a exigir las identidades de los hombres armados y las razones de su horrible visita.
Tras dimes y diretes y una cadena de abusos contra la población civil, los encapuchados llamaron aparte al líder de la junta de acción comunal. Néstor Ramos, docente de la vereda, acompañó a su vecino en la incierta invitación de los uniformados. Pararon casi medio kilómetro después. Los obligaron a tirarse por cerca de 15 minutos con la mirada hacia el piso, lleno de excremento de vaca, mientras los hombres armados se perdían de vista entre el monte.
Empezó a oler mal
En el sur de Córdoba, una región donde, de acuerdo con expertos, han operado guerrillas liberales (1951-1953), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y ahora el Clan del Golfo, todos se conocen con todos.
Se sabe quién es el malo, el bueno y el traidor, como empezó a parecer el Batallón Junín del Ejército Nacional con el pasar de las horas de la toma al Manso.
La zona, que según expertos funciona como corredor de movilidad entre la Costa Caribe, el Bajo Cauca, el Norte de Antioquia y Urabá (antioqueño y chocoano), teniendo como nodo central el Parque Nacional Nudo de Paramillo, siempre ha sido codiciada por grupos al margen de la ley, pero como a principios del los 2000 ahora es tierra ‘paraca’. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, son las que dominan las rutas de narcotráfico y ejercen control social por esos lares donde la presencia del Estado es casi nula.
Por eso para algunos campesinos resultó muy extraño que los hombres armados que se presentaron como disidentes de las Farc realmente pertenecerían realmente al Estado Mayor Central. ¿Cómo iban a llegar hasta el Manso sin que las AGC lo advirtieran y no se generara un combate? Esa fue solo alguna de las inquietudes.
Renglón seguido, una mujer del pueblo aseguró que vio cuando los hombres armados descendieron de un helicóptero que aterrizó cerca del caserío. Otros aseguraron haber identificado a los soldados que no tenían el rostro cubierto.
La tapadera de los supuestos guerrilleros salió al descubierto rápidamente. No había caído la noche cuando empezaron a escucharse los rumores de tres pistas claras que indicaban que los hombres armados eran en realidad militares porque portaban fusiles Galil Ace 23, de uso exclusivo militar; por el cartucho de la vida, con un distintivo amarillo que también es de uso exclusivo castrense, y por las coordenadas de las tropas que se encontraban en la zona.
Debido a lo anterior, el Ejército Nacional reconoció que 'posiblemente militares del Batallón de Infantería N°33 Batalla de Junín, de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible hecho de violencia contra la población civil y sujetos de protección constitucional especial'.
Sin embargo, tras la apertura de la investigación, que es adelantada por la Fiscalía, la Procuraduría y la justicia militar, siguen quedando dudas sobre los hechos. ¿Qué hacían allá militares disfrazados? ¿Qué buscaban? ¿Cuál era el objetivo de la intimidación? ¿Quién dio la orden?
'Se podrían plantear dos hipótesis al respecto. La primera es que se haya realizado una acción de falsa bandera con el fin de generar hostilidad en la comunidad en contra de un actor armado que eventualmente podría incursionar o que tiene planes de ingresar al territorio. En este sentido, el Ejército lo presenta como un actor armado maltratador con el fin de mantener las lealtades del territorio con respecto a la fuerza pública u a otro actor armado que ya ejerce una presencia hegemónica en el territorio. Lo otro es haber generado esa acción de falsa bandera para tratar de descubrir si en la comunidad habría eventuales simpatizantes de esa organización armada', señaló Luis Trejos, investigador del conflicto de la región Caribe.
En este sentido, Ariel Ávila, senador de Alianza Verde, consideró que este hecho sienta un mal precedente si se tienen en cuenta los interrogantes que hay.
'En esa zona no hay disidencias de las Farc, e incluso cuando estaba la guerrilla las Farc no operaban. ¿Por qué querían dar la sensación de disidencias y no del Clan del Golfo? ¿O era que estaban trabajando para el Clan del Golfo? Es una pregunta esencial', analizó el legislador, quien dejó en el tintero también si la situación obedecía a despejo de tierra o a un acto para dañar la imagen del Gobierno.
En medio de las pesquisas, las autoridades han centrado la investigación en un oficial, dos suboficiales y 21 soldados que fueron traslados hacia Montería. Hasta el momento 10 militares han sido apartados de sus cargos.
'La justicia militar dio inicio a una investigación penal por el delito de abuso de autoridad, mientras que la Fiscalía General de la Nación también se encargará de la investigación debido a que los actos no estaban relacionados con labores de servicio', señaló Luis Ospina, comandante del Ejército.
Escala de abusos
La Procuraduría General de la Nación reveló que en los últimos días ha conocido al menos seis nuevas denuncias de abusos de militares contra la comunidad campesina en el sur de Córdoba, una serie de hechos ocurridos entre el 2021 y el 2023.
Lo anterior deja en evidencia la profunda desconfianza que produce la institución armada en estas poblaciones, que tras lo sucedido en el Manso piden mayores garantías de seguridad.
'Queremos que la fuerza pública se retire de las comunidades. No los queremos más porque vienen es a estropearnos', dijo una mujer del Manso en un video conocido por redes sociales.
En este sentido, la Fundación Ideas para La Paz consideró que este lamentable hecho es una 'invitación a reflexionar sobre esa tensión permanente frente a hechos de abuso de autoridad y hechos donde la población retiene a integrantes de la Fuerza Pública que benefician políticamente a diferentes sectores sin solucionar los problemas de fondo'.
'En un Estado social de derecho, como el colombiano, el uso de la fuerza está concentrado en la Fuerza Pública. Por ello, desde ningún punto de vista esta puede ser utilizada en contra de la población civil, justificando o enquistando la idea de que la población civil está cooptada o es aliada de la ilegalidad.
Estas ideas perpetúan y legitiman hechos como el que estamos viviendo. Hechos que alarman, pero que no, necesariamente, terminan en el esclarecimiento, la condena y mucho menos en transformaciones profundas y menos cosméticas', señalaron.
Dudas en ataque a comisión
Las incertidumbres brotan por doquier. Tras el ataque a un helicóptero donde se movilizaba la comisión investigadora de la Fiscalía y la Procuraduría hacia Tierralta, el Ejército Nacional aseguró que el Clan del Golfo fue responsable del hecho en mención. Sin embargo, la versión empezó a ser desmentida por algunos campesinos, que aseguraron que los que dispararon a la aeronave fueron militares.
'Esto es para demostrar que el Ejército siempre viene y la embarra, y para tapar las embarradas que está haciendo, hacen una hoguera y cuando llega el helicóptero ellos mismos empiezan a hacer impactos, tengo a toda la gente de testigo', indica una mujer que tomó la vocería sin entregar su identificación. Pero esta versión tampoco goza de la credibilidad general del pueblo.
Por otro lado, en la mañana de este sábado se conoció un supuesto comunicado de las AGC donde desmienten ser los responsables del ataque.
En medio de todo el drama anterior, del rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, algunas comunidades del Manso empezaron a dejar atrás sus hogares por la historia de siempre: la guerra que no acaba.
