Al cabo de un año de la decisión de la Corte Penal Internacional, CPI, que instó a su fiscal a que explicara, a quienes le hayan proporcionado información, su decisión de cerrar el examen preliminar de la situación en Colombia, las víctimas piden celeridad en el reporte.
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Por ello, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, reiteraron en un comunicado 'la importancia de un proceso de toma de decisiones transparente de la Fiscalía de la CPI, y de una divulgación significativa a las víctimas y a la sociedad civil que llevan más de 15 años presentando información contundente sobre los crímenes internacionales cometidos en Colombia y las inadecuadas respuestas de la justicia interna'.
Esto porque en abril de 2022, la FIDH y el Cajar, en representación de víctimas colombianas de crímenes contra la humanidad, habían solicitado a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI revocar la decisión del fiscal y ordenar la reapertura del examen preliminar por la situación de Colombia. Y, en todo caso, explicar la decisión.
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Ante esta petición, el 22 de julio de 2022 la CPI, según las víctimas, 'reconoció que la Fiscalía no informó suficientemente a las víctimas y a sus representantes sobre las razones del cierre del examen preliminar de la situación en Colombia'.
Por ello, se le ordenó al fiscal de la CPI proporcionar prontamente información adicional sobre las razones del cierre. Pero, denuncian las víctimas, 'luego de un año, la Fiscalía no ha cumplido con la orden dada'.
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'En Colombia, la JEP ha tenido algunos avances en materia de lucha contra la impunidad de responsables de crímenes internacionales. Sin embargo, estos resultados no son suficientes para justificar el cierre del examen, ni permite dar respuesta a la responsabilidad de eventuales máximos responsables excluidos de la competencia de la JEP', advierten la FIDH y el Cajar.
Y concluyen afirmando las víctimas que 'ha sido inconveniente el cierre del examen preliminar' porque en Colombia persiste el conflicto armado y la violencia sociopolítica, por lo cual 'siguen ocurriendo crímenes internacionales que no son investigados y juzgados adecuadamente en el plano interno'.
Esto sucede, afirman, con 'el homicidio sistemático de personas defensoras y firmantes del Acuerdo de Paz, el reclutamiento de niñas y niños, el desplazamiento forzado y el confinamiento ilegal'.
