La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) halló responsables a 15 exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc en el marco del Caso 02 por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1990 y 2006 en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, ubicados en el Pacífico colombiano.
{"titulo":"Leyva pide en Consejo de Seguridad de la ONU que JEP admita a paramilitares","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/canciller-alvaro-leyva-pide-consejo-de-seguridad-de-la-onu-que-jep-admita-paramilitares"}
Es la primera vez que la JEP declara culpables en este caso, gracias a la investigación que adelantaron juristas indígenas sobre territorios en el sur del país, explicó el presidente de la jurisdicción especial, el magistrado Roberto Vidal, en una rueda de prensa en Tumaco.
La magistrada Belkis Izquierdo, relatora del Caso 02, anunció que los responsables, entre los que se encuentra el excomandante de las Farc Pablo Catatumbo, hicieron parte de las columnas móviles Daniel Aldana, Mariscal Sucre y del Frente 29 de las extintas Farc.
Fueron hallados culpables de crímenes que ocasionaron daños graves, diferenciados y desproporcionados a los pueblos indígenas, al pueblo afrocolombiano, a las comunidades campesinas, a las poblaciones urbanas rurales, mujeres y niñas, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, al territorio y a la naturaleza.
{"titulo":"La masacre de Mapiripán toma un nuevo vuelco","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/martin-sombra-se-atribuyo-la-masacre-de-mapiripan-ante-la-jep-1015259"}
La Sala de Reconocimiento de la JEP concluyó que se ejecutaron seis patrones macrocriminales, entre ellos masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, confinamientos y desplazamientos forzados, reclutamiento y utilización de niños, violaciones, esclavitud sexual y destrucción del territorio y la naturaleza.
La sentencia contra los 15 exintegrantes incluye a Catatumbo, quien fue miembro del último secretariado de las Farc, y Édgar López Gómez, alias Pacho Chino, el primero en su calidad de comandante del Comando Conjunto de Occidente y el segundo en su calidad de coordinador del Comando Conjunto de Occidente y comandante del Frente 29.
En el desarrollo de esta política de control territorial y social se ejecutaron múltiples crímenes no amnistiables contra la población civil, concluyó la JEP.
En Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, entre 1997 y 2016, se documentaron 314 hechos de asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas, que corresponden a 468 víctimas directas.
Además, se les atribuyen, entre 1990 y 2016, 334 hechos de desplazamiento forzado con 27.087 víctimas y 44 confinamientos con 20.124 víctimas.
