Por presuntas irregularidades en la etapa precontractual y en la ejecución del contrato de prestación de servicios de internet rural, suscrito con la Unión Temporal (UT) Centros Poblados 2020, fueron sancionados la tarde de hoy domingo, 21 de mayo, tres exfuncionarios del MinTIC y dos contratistas.
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Los servidores afectados con la decisión disciplinaria de primera instancia determinada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) fueron: la exsubdirectora de Gestión Contractual del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez; el exdirector de Infraestructura del MinTIC, Camilo Alberto Jiménez Santofimio; y la exsecretaria General del MinTIC y exdelegataria de la contratación, Adriana Vanessa Meza Consuegra.
En lo que respecta a las sanciones impuestas a la exsubdirectora de Gestión Contractual del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez, se tiene que la PGN tomó la determinación de destituirla e inhabilitarla por el término de nueve años y un mes. Esto 'por no verificar de manera diligente, antes de dar su aprobación, las garantías de cumplimiento del contrato que la UT Centros Poblados presentó de forma extemporánea, y que resultaron falsas', según dio a conocer la Procuraduría.
Por otro lado, el exdirector de Infraestructura del MinTIC y estructurador de la licitación, Camilo Alberto Jiménez Santofimio, fue suspendido por un periodo de nueve meses 'por permitir que se modificaran, sin sustento, las recomendaciones del consultor TELBROAD-PROFIT, relacionadas con reducir el requisito del indicador patrimonial habilitante a los proponentes de la licitación del 18% del presupuesto oficial al 10% del presupuesto de las regiones a adjudicar'.
De acuerdo con el ente de control, la falta del exfuncionario fue 'gravísima' a título de culpa grave.
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En referencia a Adriana Vanessa Meza Consuegra, exsecretaria General del MinTIC y delegataria de la contratación, el Ministerio Público decidió suspenderla por haber incurrido, igualmente, en una falta 'gravísima'. La cual fue, según manifestó la Procuraduría: 'incluir una cláusula con la figura del amigable componedor en el pliego de condiciones de la licitación, sin haber sido avalada por el Comité de Conciliación de la entidad'
Ahora bien, en lo correspondiente con los dos contratistas, se tiene que se trata del exrepresentante legal de la UT Centros Poblados Colombia 2020, Luis Fernando Duque Torres; y la exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, Paola Andrea Izquierdo Rivera.
Duque Torres, por su parte, fue multado con 90 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV) 'por incurrir en el delito de falsedad en documento privado al firmar y utilizar ante el MinTIC las garantías de cumplimiento del contrato, a sabiendas de que habían sido falsificadas'. De hecho, por su falta igualmente considerada de suma gravedad, el exrepresentante fue también inhabilitado para ejercer empleo o función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este por el término de 15 años.
Finalmente, para la exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, Paola Andrea Izquierdo Rivera, 'quien ejerció la interventoría del cuestionado contrato', el Ministerio Público impuso una multa de 50 SMLV y la inhabilitó para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este durante 11 años. Esto último, según el órgano de control, por 'omitir la verificación y validación del cumplimiento de requisitos para la realización del primer Comité Fiduciario en el que se autorizó la utilización y pago del anticipo por valor superior a 70 mil millones de pesos'.
Ahora, teniendo en cuenta que Jiménez Santofimio y Meza Consuegra no son servidores públicos actualmente, las sanciones que les fueron impuestas se convertirán en salarios mínimos de acuerdo con el monto de lo devengado al momento de cometerse la falta.
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La Procuraduría agregó que remitirá copias de este fallo a la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Agencia Nacional de Contratación a fin de que adelanten las actuaciones conforme a sus competencias.
