La única foto de él en poder de su familia es de cuando tenía 4 años. Con ella se aferraron a la posibilidad de conocer la verdad y así poder armar por completo el rompecabezas que llegó a sus vidas desde aquel 25 de abril de 2005.
Deivis De Jesús Pachecho Hernández, quien para ese momento tenía solo 17 años, fue seducido por algún mentiroso, llevado con la promesa de trabajar como recolector de café al Cesar, y acribillado, presuntamente, por militares del Batallón La Popa en una finca llamada La Vega, ubicada en el corregimiento San José del Oriente, del municipio de La Paz, en el mencionado departamento.
Seis meses después de su crimen, al registrador del pueblo de Baranoa le llegó una comunicación de la Fiscalía. Ese mismo tiempo llevaban buscando al joven, pues se había ido de su casa en el barrio San Cayetano, en el ‘corazón alegre’ del Atlántico, diciéndole a su abuela materna, Rosa Inés, que cuando llegara a un lugar cualquiera donde hubiera cómo comunicarse les pegaría una llamada para avisar que estaba bien, para que se quedaran tranquilos.
Todo comenzó a saberse luego de que sus seres queridos decidieran comparecer ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) después de 17 años de haberse convertido en uno de los 127 ‘falsos positivos’ que dejó ese episodio de la guerra en el Caribe colombiano.
'Murió en combate'
Su hermana Katherine Pacheco contó detalles a este medio del transcurrir de casi dos décadas de incertidumbre y desasosiego en la búsqueda de respuestas sobre el cobarde asesinato de Deivis De Jesús.
'Recuerdo que él le dijo a mi abuela que se iba a trabajar y que iba a comunicarse cuando llegara, pero nunca lo hizo. Toda la familia estaba desesperada por saber dónde estaba y no teníamos cómo llamarlo, hasta seis meses después que recibimos una llamada de la Fiscalía', dijo la mujer, quien en ese momento tenía 13 años.
Aquella notificación terminó con la esperanza de que él apareciera, pero confirmó el sentir de su mamá Meris. 'Mi mamá me contó que ella tenía sospecha y miedo, creía que algo malo había pasado con mi hermano'.
La progenitora del joven trabajaba en Montelibano (Córdoba), por lo que tomó el primer bus de camino a Baranoa para buscar ayuda y así poder viajar a Valledupar.
'Con ayuda de nuestros familiares consiguió los pasajes y se fue. Estando allá llegó a la Fiscalía, la llevaron al cementerio, y después reconoció el cuerpo'.
Lo que le dijeron esa vez a Meris la llenó de impotencia. Desde el ente investigador le aseguraron que él había muerto en combate junto a otros dos jóvenes, también de aquel municipio del Atlántico. Sus nombres eran Cristian Camilo Santiago Redondo, de 19 años, y Roberto Henry Tawer Bolívar, de 22.
Los medios locales reseñaron en ese momento lo siguiente: 'Tres presuntos guerrilleros fueron asesinados en combate'.
'Nosotros como familia sabíamos que él, ni los otros dos muchachos, pertenecían a ningún grupo de esos, sin embargo, eso se quedó así'. La familia de Deivis buscó abogados para la indemnización que le correspondía al Estado y decidieron pasar la página hasta que en meses recientes los contactó un miembro de la JEP.
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¿Por qué?
'Tenemos unos cuantos meses en el proceso de la JEP. A nosotros nos contactó el señor Michael Ramos, que es un sicólogo. Me dijo cuáles eran los beneficios de participar en la Justicia Especial, pero la verdad es que yo no quería recordar esos momentos difíciles que vivimos'.
Empero, en busca de acabar con la impunidad y conocer la verdad, Katherine se animó y junto con su familia decidió dar el primer paso. 'Queríamos saber quién se lo llevó, por qué se lo llevó, a dónde lo llevó y por qué lo mataron', dijo.
A su mamá y a ella les tocó ir a Valledupar a tener encuentros privados con algunos de los 12 comparecientes que tiene la JEP: 'Ellos llegaron a nuestro primer encuentro, que duró dos días. La abogada nos preparó y nos dijo que quien hablaría con nosotros iba a ser el militar Juan Carlos Soto Sepúlveda'.
Esa persona, según lo confesado por ella misma en medio de la audiencia de reconocimiento por ‘falsos positivos’ en la Costa Caribe, llevada a cabo el pasado 19 de julio, señaló haber sido quien llevó a Deivis de Barranquilla a Valledupar.
'A mi hermano lo sacaron de Baranoa en una camioneta, lo embarcaron después en un bus hasta Cesar, y a las horas de haber llegado allá lo mataron. Le pusieron un arma en la mano y le tomaron la foto', contó Katherine.
Soto Sepúlveda aseguró haber cumplido una orden del teniente (r) Carlos Andrés Vergara Mejía, pues supuestamente le pidió que 'buscara' a personas para darlas de baja.
Sin embargo, el compareciente mencionó que a pesar de estar inmerso en el caso él no mató al joven.
'El teniente Vergara conocía personas de las AUC, me dijo que debía ir a la capital del Atlántico a buscar gente y me dijo que ‘Don Mario’ me entregaría a tres personas en Barranquilla', relató Soto en la audiencia que se desarrolló en Valledupar.
Ante ello, Katherine apuntó: 'Queremos saber quién lo mató, quién fue esa persona que le disparó a mi hermano (…) sabemos que ya está en la JEP, pero nos dijeron que todo era paso a paso. Aun con todo lo que nos falta, le hemos dado gracias a Dios porque comenzó a esclarecerse el caso después de 17 años sin saber nada, no conocemos cien por ciento la verdad, pero estamos a punto de saberla'.
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Sueños
Pese a todo, la familia de Pacheco Hernández lo recordará como un joven lleno de aspiraciones.
'Deivis era muy alegre y carismático. Mi hermano siempre decía que lo que quería era comprarle la casa a mi mamá, ese era su sueño para cuando fuera grande'.
Y sí, aparentemente por su sueño de comprarle una vivienda grande a su familia terminó siendo engañado: 'Éramos vulnerables y de bajos recursos (…) de pronto en el desespero de ayudar de manera monetaria decidió irse cuando le ofrecieron el supuesto trabajo'.
'Al final de todo mi mamá dijo que la verdadera justicia la hace Dios. Con esto lo que queríamos era que limpiaran la memoria de mi hermano, porque él no era ningún guerrillero, sino un joven inocente con una vida y sueños por delante. Su muerte nos dejó un vacío muy grande para toda la vida'.
La hermana de Deivis, en voz de su familia, finalizó diciendo que están a la espera de la reparación integral, pero sobre todo de conocer los detalles que terminarán por completar su historia. Esos, según Katherine Pacheco, son sus sueños.
Audiencias de reconocimiento
Según la JEP, 127 personas fueron asesinadas en el norte de Cesar y en el sur de La Guajira, mediante la modalidad de los ‘falsos positivos’ entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005. Los principales perpetradores de estos crímenes habrían sido 15 miembros del Ejército, específicamente, integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, de Valledupar. 12 de ellos asistieron el pasado 18 y 19 de julio a la audiencia de reconocimiento de verdad, luego de que fueran imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad por asesinato y desaparición forzada.
Lina Hurtado Valero, abogada del equipo de justicia transicional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que representa a varias víctimas, señaló que la trascendencia de esta audiencia radicó en que con ella se surtió otro capítulo de un proceso que lleva 4 años en la JEP.
'Esta es una primera culminación de un proceso muy largo que arrancó en 2018 con la apertura del Caso 03 y que pasó por la acreditación y reconocimiento de las víctimas. Tuvimos más de 50 audiencias previas, dimos las observaciones, comentarios y reacciones. Hasta la promulgación del auto 128 de 2021 de la JEP en el cual se imputaron a los máximos responsables por estos crímenes', explicó la abogada.
