Más allá de los anuncios de investigación, citación y denuncias en medios de comunicación, el posible entramado de corrupción que se tejió con los recursos de la paz ha dejado una estela de interrogantes. El hermetismo de los principales salpicados (alcaldes, congresistas y funcionarios) ha impedido entender la realidad que rodea las graves denuncias.
Al acceder a las páginas de las entidades es fácil encontrarse con información pública sobre la inauguración de los proyectos que fueron realizados con los recursos del Sistema de Regalías, en especial con los del Ocad Paz, pero muy poca se centra en explicar o aclarar las dudas que surgen al intentar entender el funcionamiento de la asignación de los recursos a los proyectos que contribuyan a la implementación del Acuerdo Final en los 170 municipios PDET.
Sin embargo, ayer, en rueda de prensa, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alejandra Botero, ofreció una explicación con relación a los $6.7 billones de recursos de regalías que se han invertido en los territorios PDET, a través de la asignación paz en los últimos años. En la intervención intentó exponer cómo operan los recursos; no obstante, se limitó a hablar de las denuncias realizadas en los últimos días, más allá de invitar a poner a las autoridades en conocimiento del posible entramado.
Una explicación
La funcionaria detalló que el Ocad Paz es una instancia donde tres votos (gobernador, alcalde de territorios PDET y el Gobierno, a través del consejero para la Estabilización) definen la aprobación de los recursos, por lo que el DNP ejerce la secretaría técnica de los proyectos.
'Los proyectos los estructuran los alcaldes con sus equipos, cuando este mandatario de un municipio PDET quiere presentar un proyecto al Ocad Paz lo estructura y lo sube a la ventanilla única de proyectos y este debe surtir una serie de requisitos hasta llegar al Ocad', explicó Botero.
Ese proceso tiene tres puntos de control: uno se relaciona con el sector a desarrollar (ministerio que tenga que ver con el proyecto), otro con la Agencia de Renovación del Territorio, que se encarga de verificar que en efecto vaya a los municipios PDET, y finalmente el DNP hace una verificación de los requisitos. 'Cuando está listo todo lo anterior se aprueba el proyecto'.
Es precisamente en esta cadena de aprobación donde, al parecer, funcionarios del DNP, de la Contraloría y varios congresistas crearon el entramado, pues se aprobaban los proyectos de los alcaldes así no contaran con las consultorías ni con la verificación de los requisitos con tal de poder obtener la comisión.
Precisamente la semana pasada se conoció una serie de irregularidades que se relacionan con un supuesto cobro de comisiones de hasta un 12 %, una vez los proyectos fueran aprobados.
Un caso en particular
El caso quedó en evidencia cuando la propia Contraloría puso al descubierto una cartelización de proyectos de paneles solares, financiados con recursos de regalías del Ocad Paz, en al menos 9 municipios de La Guajira y Cesar.
De acuerdo con el ente, en 8 de los 9 proyectos auditados se encontró una misma forma de operar: a través de contratos de obra, cobrando un AIU (administración, imprevistos y utilidad) del 30 % cuando en realidad los ítems del proyecto son suministros que superan el 90 % del valor total del presupuesto. Se hallaron sobrecostos en el valor de los paneles y una falta de planeación postcontractual, al no tener garantizada la operación y sostenibilidad de los proyectos.
Lo que más llamó la atención de la Contraloría fue que los 8 proyectos y sus estudios fueron elaborados por la misma persona, a título de donación y sin vínculo contractual con las administraciones auditadas. En la investigación se identificaron 12 hallazgos fiscales por un valor total de $67.230 millones.
Unos nombres.
Al momento de revelarse el caso, el primer nombre que salió a relucir fue el de Emilio Archila, que entonces presidía el Ocad Paz en su rol de consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación; Martín Zuleta, alcalde de La Paz, Cesar, y Marcelino Chacón, de La Uribe, Meta, junto al contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz; y el entonces gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, quienes dieron la viabilidad de los proyectos.
También se apunta al entonces director del Sistema General de Regalías, Álvaro Ávila, que 'elegía los proyectos que se revisarían en las sesiones y no lo hacía por orden de inscripción'.
No obstante sobre ninguno recae una acusación formal ante los entes de control.
Sin embargo ha sido Archila el único que ha salido a defenderse alegando que había recibido correos que denunciaban dicho entramado y que los involucrados estaban 'extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que (...) les den el ok'.
Sin embargo, el exfuncionario deberá dar la información que posee sobre el caso este viernes ante la Fiscalía, pues el posible entramado estaría relacionado con 355 proyectos, cuyas coimas habrían podido ascender a $500.000 millones.
Recursos a no PDET
En ese intento por tratar de entender el entramado, EL HERALDO pudo evidenciar que desde 2019 hasta inicios de este 2022 el Ocad Paz aprobó para los 43 municipios PDET del Caribe, al menos, 175 proyectos que sumaron 1.6 billones de pesos. Fueron Cesar, Córdoba y Sucre los que más se beneficiaron con los recursos provenientes del Sistema General de Regalías.
No obstante, pudo verificar que en 13 municipios que no son PDET fueron aprobados recursos con asignaciones de la paz. En este punto no es claro si está permitido destinar recursos paz a municipios no PDET.
Precisamente en la rueda de prensa, la directora del DNP detalló que en el Ocad Paz fueron aprobados $6.7 billones para ser ejecutados en dos bienios: 2019-2020 y 2021-2022.
Con relación al segundo bienio, es decir en 2021, se aprobaron $4.4 billones.
'Hemos aprobado $6.7 billones para financiar 681 proyectos con asignación paz. 163 municipios PDET recibieron recursos por parte de la asignación paz. Los 7 municipios restantes se les acompañaron con recursos de otras fuentes de regalías. De los 681, 152 ya están terminados', precisó Botero.
Mientras que 463 proyectos se están ejecutando en la actualidad y 64 están sin contratar.
'Yo invito a los alcaldes para que denuncien para poder acompañar las investigaciones y hacer que estas se prueben para ejercer los mecanismos correctivos correspondientes', señaló Botero, quien indicó que la intención es darles 'transparencia' a los recursos.
Procuraduría adelanta acciones.
La Procuraduría aseguró ayer que lleva a cabo 24 acciones disciplinarias por 'presuntas irregularidades' en la aprobación y ejecución de unos fondos y regalías para la implementación del acuerdo de paz.
'La Procuraduría realiza la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares de funcionarios que habrían afectado el correcto uso de los recursos del Sistema General de Regalías en proyectos, por cerca de $250.000 millones', informó el Ministerio Público.
Esos proyectos hacían parte de los PDET, en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
La Procuraduría va a analizar 27 proyectos de inversión aprobados por el Ocad Paz, un organismo que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos a ser desarrollados en los PDET, por más de $437.000 millones.
Este ente informó que 'observó riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir 10 indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias'.
En la Costa Caribe indaga de forma particular una obra en Sincelejo por $51.910 millones; otra en Purísma, Córdoba, por mas de $5.057 millones, y otra en Pinillos, Bolívar, por $3.049 millones.
