Fuentes de la Contraloría le dijeron a EL HERALDO que en medio de su labor de control especial, tras la caída en la Corte Constitucional de las modificaciones a la Ley de Garantías, el ente de control ha identificado por ahora más de 3.300 convenios interadministrativos por más de $6,5 billones suscritos entre la Nación y los entes territoriales que estarían en veremos, pues fueron suscritos entre el 13 de noviembre de 2021 –cuando entró en vigencia la norma– y el pasado jueves –cuando se emitió el comunicado oficial de la corporación–.
La mayoría de estos convenios han sido suscritos en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Nariño, Valle del Cauca y Amazonas.
Esto porque el alto tribunal, en su providencia, tumbó el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, es decir, la Ley de Presupuesto 2022, y estableció que los convenios cuyos objetos se hubieran ejecutado completamente al momento de informarse la norma se mantendrán, pero no es posible suscribirlos en adelante.
Además, los suscritos que no se hayan ejecutado completamente deberán terminarse y liquidarse 'sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados y de las restituciones a que haya lugar', así como deberán liquidarse los contratos estatales financiados con fundamento en los convenios en cuestión, exceptuándose los contratos en curso dirigidos a atender las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda.
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Entre tanto, el Distrito de Barranquilla le dijo a este diario que está 'a la espera de la publicación de la sentencia para conocer las implicaciones'.
También en la Casa de Nariño y demás alcaldías y gobernaciones hacen las revisiones del caso pues en los últimos seis meses se han suscrito más de 645 mil contratos. No obstante, solo a los que les aplican las condiciones establecidas por la Corte serán liquidados. El otro punto que se analiza es el de las posibles demandas que podrían venir de parte de los contratistas contra el propio Estado.
En una mirada previa al Sistema Electrónico de Contratación Pública, habría más de 30 alcaldías que deberán devolver alrededor de $90 mil millones por la norma tumbada.
Entre los entes territoriales que habrían suscrito convenios interadministrativos en el lapso en cuestión se encuentran, en el Caribe, las alcaldías de Chimichagua, Cesar; San Antero, Córdoba; Manatí, Atlántico; Lorica, Córdoba y Campo de la Cruz, Atlántico.
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Y es que desde el pasado 1 de marzo la Contraloría señalaba que desde la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y hasta esa fecha se habían suscrito 645.495 contratos por más de $52,3 billones.
Al respecto, el contralor Carlos Felipe Córdoba alertaba además por una concentración de contratistas y entre los 10 departamentos con mayor concentración se encuentra en el cuarto lugar Atlántico con 65 contratos por $530 mil millones: en este mismo departamento una fundación ha suscrito cuatro contratos por $19.369 millones con diferentes alcaldías en modalidad directa, sobre atención al adulto mayor y educación superior para jóvenes.
De otra parte, el presidente del Senado de la República, el senador Juan Diego Gómez, señaló que las modificaciones realizadas a la ley de garantías en el Congreso fueron en beneficio de la economía.
'Todas las modificaciones se realizaron por el crecimiento económico del país, por la reactivación económica. Lamentamos la decisión y estamos a la espera de conocer el texto integral de dicha decisión'.
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