Un nuevo análisis de la Contraloría General de la República sobre la actual política pública para la expansión del sistema eléctrico nacional determinó que las convocatorias que hace la Unidad de Planeación Minera Energética (UPME) para seleccionar proyectos de transmisión requieren varios ajustes.
De acuerdo con el ente de control, estos ajustes son:
- La revisión de la norma que obliga a ISA a presentar ofertas en todos los proyectos.
- Revisión del traslado de riesgos previsibles a inversionistas.
- Evitar proponer proyectos sin que las entidades estatales, que tienen la respectiva competencia, hayan realizado los estudios y análisis previos que garanticen que los inversionistas pueden lograr la viabilidad técnica, ambiental y económica requerida.
Cambio en la regulación existente para ISA
Actualmente ISA está obligada a presentar oferta aún en aquellos proyectos que no son técnica, financiera o ambientalmente viables y se le impone una carga excesiva frente a sus competidores, que tienen la opción de decidir a cuáles convocatorias se presentan.
Considera la Contraloría que la regulación que le impone esta obligación va en contravía de la meta de tener un mercado en libre competencia, por lo que es necesario que la CREG revise esta exigencia, ideada en un momento en el cual ISA era una empresa estatal, encargada de la expansión del sistema.
Hoy ISA es una empresa democratizada, en la cual el Estado sólo conserva el 51,41% de su propiedad, mientras el resto de sus acciones están en cabeza de 29.272 accionistas, entre los cuales se encuentran Fondos de Pensiones que tienen invertidos allí los recursos de pensiones de miles de colombianos.
La CGR estima que todas las empresas que se presentan a las convocatorias lo tienen que hacer en condiciones de igualdad.
Es entonces deber del Estado, basado en los principios establecidos en las leyes 142 y 143 de 1994, promover la competencia y establecer reglas de juego que atraigan inversionistas, diseñando proyectos tan atractivos que cualquier actor en el mercado esté interesado en presentarse, de tal forma que se cuente en las convocatorias de expansión del sistema con varios oferentes, sin necesidad de obligar a ninguna compañía a ser el respaldo en todos los proyectos, mediante la presentación de una oferta.
Incluso, en las ofertas de generación se cuenta con esquemas atractivos que garantizan pluralidad de proponentes en todas las convocatorias, teniendo todos ellos libertad de concurrencia y el Estado no ha tomado a compañías con mayoría estatal, tales como ISAGEN (en su momento), Gecelca y Urrá, como empresas obligadas a presentar oferta en todas las convocatorias.
