'La solidaridad ganadera defendió la propiedad privada'. Ese fue el mensaje que público –en su cuenta de Twitter– la Federación Nacional Ganadera al referirse al desalojo de manera pacífica de más de 200 personas que invadieron la finca La OKA S.A.S, en el municipio de Curumaní, Cesar, lo cual se convirtió en un campanazo de alerta sobre posibles movimientos para la ocupación ilegal de tierras en este departamento.
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El caso
El domingo 21 de agosto, unas 50 familias provenientes de Curumaní, y otras localidades, invadieron la finca ganadera y productora de palma La OKA S.A.S, propiedad de Guillermo González, argumentando que la iban a poner a producir a su manera.
Acudió a las autoridades, mientras enseguida se gestó un movimiento de solidaridad de ganaderos de la región, logrando el desalojo de manera pacífica del predio.
'Esta finca es modelo en la región porque en la parte laboral se cumple con todos los requisitos de ley, paga todos los impuestos y en la parte productiva siembra palma y tiene actividad ganadera aprovechando la totalidad del terreno y generando empleo a más de 20 familias en forma directa y muchas más de manera indirecta', informó el gremio ganadero.
Como apoyo al empresario, el Comité Agropecuario del Cesar lideró una manifestación pacífica en contra de la invasión de tierras.
El gerente del Fondo Ganadero del Cesar, Hernán Araujo Castro, precisó que 'muchos están aprovechando para movilizar gente y hacer estas cosas, cuando afortunadamente los funcionarios de Estado dejaron claridad que no se puede seguir permitiendo invasiones y que la fuerza pública tiene 48 horas, si no hay posibilidad de diálogo, para desalojar. El presidente Petro lo que ha dicho y demostrado hasta ahora es que respeta la Constitución y las leyes'.
{"titulo":"Las invasiones revuelven los conflictos sobre tierras en el país","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/reforma-agraria-los-lios-historicos-de-la-tierra-934913"}
Pronunciamiento del defensor del Pueblo
Frente a este caso, y otros que se han registrado en el país, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se pronunció indicando que 'para la Defensoría del Pueblo son preocupantes los hechos recientes de invasiones de tierras en diversas partes del país como en Curumaní (Cesar), Caloto, Guachené y Miranda (Cauca) y, más recientemente, en Huila, Guainía, Urabá antioqueño y Atlántico, los cuales implican una abierta vulneración al ordenamiento jurídico colombiano y un desconocimiento de los derechos adquiridos por particulares'.
Sostuvo que 'el derecho al acceso a la tierra implica también el respeto por la propiedad privada y la garantía de su seguridad jurídica, por lo que el Estado debe promover y garantizar ambas esferas: por un lado, la obligación de dar prioridad al acceso y tenencia de la tierra para las comunidades étnicas y campesinas, sin o con tierra insuficiente, y por otro respetar el uso, goce y disposición de aquellos quienes con arreglo a la legalidad han adquirido bienes muebles e inmuebles'.
'Resulta grave cuando los trabajadores de las fincas invadidas son agredidos y amenazados –como en el caso del Cauca–, ya que representan riesgos para los derechos a la vida, libertad, integridad y el trabajo, por lo cual nuestra entidad, en el marco de su labor de promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, lo rechaza de forma categórica', puntualizó.
