El juez Hugo Junior Carbonó Ariza , que dirige el caso de Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, denunció que tanto él como su hija han sido víctimas de amenazas e intimidaciones.
La denuncia la hizo ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), donde precisó que las intimidaciones se han materializado a través de seguimientos en las ciudades de Barranquilla y Bogotá.
La UNP al conocer el caso y la gravedad del mismo lo analizó y calificó en “riesgo extraordinario” por lo que de inmediato dispuso de un plan de protección que incluye un vehículo blindado, escoltas y un chaleco antibalas.
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En la resolución que expidió la Unidad Nacional de Protección establecen que el togado ha reportado seguimientos, vehículos sospechosos rondando su residencia y trabajo, así como llamadas de números desconocidos.
El juez por su parte ha dicho que las intimidaciones no se limitan a observaciones físicas, sino que también hay seguimientos que han influido en su cotidianidad y la de su familia. Carbonó solicitó también protección ante la Policía Nacional, Corte Suprema de Justicia y e Consejo Superior de la Judicatura.
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