Adairis Araújo Pérez, del corregimiento Media Luna, en el municipio de San Diego, Cesar, fue una de las amas de casa que tuvo la ilusión de obtener el título de bachiller académico y poder seguir superándose para darle así un mejor futuro a sus hijos.
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Sin embargo, todo fue una desilusión debido a que el colegio en el que depositó su confianza era ilegal y no estaba registrado en la Secretaría de Educación Departamental.
A esta población llegaron personas desconocidas indicando ser directivos de una institución ofreciendo estudios a bajos costos, con matrícula y mensualidades desde $70.000, con asesoría vía WhatsApp, con los profesores.
“Me siento triste, desolada y burlada, porque, la verdad, hicimos un esfuerzo grande para graduarnos, nadie sabe cómo. Dejamos de trabajar los sábados para poder cumplir este sueño y hoy nos damos cuenta de que ese diploma es ilegal. Fueron casi $1.500.000, para poder graduarnos”, dijo la afectada mujer.
Ante esta situación, recomendó a todas las personas, en especial las de las zonas rurales, que verifiquen bien cuando personas inescrupulosas lleguen a las veredas ofreciendo estudios en tiempo récord.
“Se debe averiguar bien, no caigan en la trampa. Tienen que buscar una información real para poder depositar no solo la confianza y el tiempo, sino también el dinero que con esfuerzo uno consigue”, expresó Adairis Araújo Pérez.
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El corto tiempo los delató
Y fue precisamente el tiempo récord de graduación de cientos de estudiantes en todo el departamento del Cesar lo que despertó las sospechas en la Secretaría de Educación Departamental, ya que al verificar en el nuevo año escolar a los estudiantes y a los que iban a culminar sus estudios de secundaria, los funcionarios evidenciaron que de estar en séptimo grado, inexplicablemente pasaron al grado 11 y recibieron el título que los certificaba como bachiller.
Marlen Acosta, la líder de cobertura de la Secretaría de Educación Departamental del Cesar, le dijo a EL HERALDO que cada año trabajan de acuerdo al Sistema de Matrículas Estudiantil, conocido como SIMAT, donde están todos los estudiantes del Cesar.
“Entonces los estudiantes que estaban matriculados en el 2024, de los grados 9, 10, no volvieron en el 2025, y empezamos a llamarlos por teléfono y nos contestaban los acudientes, nos decían que ya estaban graduados. Entonces preguntábamos que cómo, si apenas habían realizado séptimo grado, y nos decían que un colegio había llegado y les dio las clases virtual, y con unas guías de manera presencial terminaron los estudios”.
Así quedó evidenciado este problema y desde entonces las alarmas se encendieron porque los colegios ilegales estaban reclutando a los estudiantes de las aulas de clases del sector oficial para llevarlos a establecimientos de ‘garaje’.
En el caso del municipio de San Diego encontraron una casa que servía como ‘colegio’, donde en la sala estaban habilitadas unas mesas y sillas plásticas en las que los alumnos recibían las supuestas clases.
“Evidenciamos que eran establecimientos ilegales y lo detectamos en los 24 municipios que no son certificados, con mayor incidencia en Aguachica, San Diego, Codazzi, La Jagua de Ibirico (este ha graduado una gran cantidad de estudiantes), Bosconia y El Copey.
“Estos son establecimientos ilegales porque no tienen permiso para operar en el departamento. Ellos pueden tener reconocimiento en otros municipios, como es el caso de Fundeter, que tiene permiso en la Secretaría de Educación de Bucaramanga, pero es allá, no acá en el Cesar, en ningún municipio porque no se lo hemos otorgado”, explicó Marlen Acosta.
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Acciones
Ante esta situación, el ente territorial ha realizado intervenciones en estos lugares que ya han sido sellados con el apoyo de las alcaldías municipales e inspecciones de Policía porque están haciendo falsas promesas a los estudiantes, a quienes les dicen y aseguran que en tres meses van a realizar los grados: 8, 9, 10 y 11, estafando además a los padres de familia debido a que cobran hasta 5 millones de pesos por el título de bachiller.
“Estamos haciendo las coordinaciones con los entes territoriales de los municipios o departamentos donde pertenecen esos colegios para que establezcan las acciones pertinentes de quitarles las licencias porque no pueden estar en el departamento del Cesar realizando esas acciones cuando no están certificados en esta jurisdicción”, indicó Acosta.
Afectada
Otra de las voces encontradas en este caso de estafa educativa fue la de Gabriela Jiménez, quien pidió una solución a la supuesta institución educativa que llegó al corregimiento de Media Luna, ya que les cobraron derecho a grado y ahora no tendrán ningún tipo de certificación.
“Nos dicen que van a traer un abogado para que nos devuelvan $320.000, que fue lo que pagamos para graduarnos, y la otra plata se perdió. Me siento triste, yo tenía muchos planes de seguir estudiando para darles un mejor futuro a mis hijos. Me siento estafada, queremos al menos el dinero”, dijo Gabriela Jiménez.
Una solución
Para hacerle frente a esta problemática, la Secretaría de Educación Departamental del Cesar lanzó la campaña ‘Mi Colegio de Verdad’, una iniciativa que busca informar y alertar a la población sobre la existencia de instituciones educativas no oficiales que están poniendo en riesgo el futuro de miles de estudiantes a lo largo y ancho del departamento.
El ente territorial indicó que dichos establecimientos están incurriendo en una actividad ilegal que vulnera el derecho a una educación de calidad con docentes calificados e infraestructura adecuada, afectando directamente a niñas, niños y adolescentes.
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Las graves consecuencias
La gran preocupación es que jóvenes y padres de familia están eligiendo estas instituciones por la promesa de que cursarán dos o más años académicos en tan solo seis meses o menos tiempo, pero no están considerando los peligros a los que se enfrentan, como: obtención de diplomas y certificados sin validez, formación sin estándares pedagógicos, no poder acceder a la educación superior ni programas de becas, ser víctimas de estafa y perder años escolares sin posibilidad de homologación alguna.
Por ello, a través de la campaña ‘Mi Colegio de Verdad’ hacen un llamado a las familias del Cesar a permanecer en sus colegios oficiales, autorizados por la Secretaría de Educación, los cuales cuentan con docentes avalados, responden a procesos de supervisión y control y garantizan el tránsito a la educación superior y al mundo laboral.
Un dato importante es que crearon la plataforma ‘Mi Colegio de Verdad’, que la ciudadanía encontrará en el sitio web oficial de la Gobernación del Cesar, y en ella podrán verificar el estatus legal de las instituciones educativas antes de matricularse o continuar sus estudios.
Además, resaltaron que el departamento cuenta con el Plan de Infraestructura Educativa, que dota a los municipios de mobiliarios modernos, que permiten a los estudiantes acceder a las jornadas de clases con mejor infraestructura; de igual, manera entregan herramientas de fortalecimiento tecnológico, implementación de formación en inteligencia de las cosas, lo que se suma a beneficios en municipios como alimentación y transporte escolar, para garantizar la permanencia en el aula y no dejarse engañar.
Ofrecen un servicio ilegal que ha sido expuesto ante las autoridades
Las autoridades departamentales en educación del Cesar han realizado una visita en cada municipio para detectar estos colegios que funcionan sin ningún tipo de certificación para su permanencia.
Yasmín Rocío García, secretaria de Educación del Cesar, manifestó que estas son instituciones educativas sin validez y que los diplomas que entregan no cuentan con licencia del departamento que les permita llegar a los 24 municipios no certificados. Por ello, la funcionaria recalcó la importancia de que los padres de familia e incluso adultos que quieran terminar sus estudios realicen las matrículas en los colegios oficiales y que, en el tiempo determinado, puedan culminar sus estudios de secundaria. “No podemos definir un número exacto de afectados, pero encontramos estas irregularidades en todos los municipios, menos en Valledupar, ya que es certificado, o no tenemos denuncias al respecto en este municipio”, destacaron desde la Secretaría de Educación Departamental.
