Función Pública y la Vicepresidencia socializaron este lunes, en audiencia pública en el Concejo de Cartagena, el proyecto de reestructuración administrativa de la ciudad.

La idea, según el Gobierno, es "mejorar la gestión y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos". 

Al respecto, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo, explicó que "el proyecto de acuerdo está enfocado en ajustar la estructura de la administración distrital en el marco del rediseño institucional que se viene adelantando con la asesoría técnica de Función Pública. El actual modelo de operación organizacional del Distrito no tiene capacidad de respuesta ni se ha adaptado a las nuevas exigencias que la ciudad y su sociedad demandan".

Agregó Grillo que Cartagena vivió un largo periodo de inestabilidad política, que significó un golpe en el corazón de las instituciones: La ciudad tuvo 11 alcaldes en cinco años que generaron grandes desafíos para la gestión pública, en la mayor crisis de gobernabilidad de su historia. Hoy, con orgullo, podemos mostrar que el 100% de la planta distrital está vinculada al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público".

La reorganización administrativa contempla gestión del cambio, fortalecimiento de las gerencias para el espacio público, gestión estratégica del talento humano, racionalización de trámites, rendición de cuentas, participación ciudadana, protección del patrimonio, innovación y tecnología, así como la creación de la Secretaría de la Mujer, impulsada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, se lee en el comunicado del Ejecutivo.

Agregó el director de Función Pública que la reestructuración no busca la supresión de cargos: " Por el contrario, se quiere fortalecer la estructura y en lo posible trabajar por la formalización de los contratistas de prestación de servicios que llevan hasta 20 años en la administración"

La modernización administrativa, tas un diagnóstico en el que intervinieron la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad de Cartagena, es una de las metas a corto plazo del Pacto por Cartagena, que se firmó el 4 de diciembre del año pasado, con la vinculación de todos los sectores sociales, incluidos empresarios, grupos étnicos y partidos políticos.