Explicó que el informe del ente de control de 366 páginas describe todo el proceso que se cumplió para determinar si en efecto se había cumplido la tasa interna de retorno y establecer el monto del presunto detrimento patrimonial. Aclaró que en el contrato suscrito con el concesionario fueron pactadas cláusulas que impiden que de forma inmediata la administración de manera unilateral termine o suspenda ese contrato, por lo que hay que explorar opciones que generen resultados más pronto. 'Es un derecho que ni yo, ni ninguna autoridad puede impedirle ejercer a ciudadanos libres como lo es mi amado pueblo cartagenero que ya rompió las cadenas que lo mantenían frustrado en todo un mundo de corrupción de intereses mezquinos. Debemos recordar que los empleados que prestan sus servicios en casetas u oficinas de la concesión, son igualmente víctimas como lo somos todos y no puede permitirse ningún tipo de agresión hacia ellos', dijo.