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Aspecto de la reunión privada que sostuvieron el procurador y la gobernadora.
Luis Rodríguez Lezama
Barranquilla

Noguera pide suspender al gerente del hospital Cari

La gobernadora dice que el funcionario no les da tranquilidad ni confianza. A través de una acción popular se buscará suspender el contrato. 

Luego de la reunión de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, con el procurador delegado para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, Gelman Rodríguez, la mandataria departamental solicitó al Ministerio Público que dentro de sus análisis considere la posibilidad de suspender al gerente del Cari, Ulahy Beltrán.

La petición de Noguera hace parte de la gestión que adelanta la administración departamental para buscar una salida a la crisis suscitada tras conocerse la decisión del gerente de entregar la operación del hospital a un particular sin que ello incluya un programa de saneamiento a la crisis financiera de la institución.

Noguera aseguró que hará la misma solicitud a la Superintendencia de Salud para garantizar que se logren resultados mientras se adelanta la investigación en contra del gerente.

“No nos da tranquilidad, ni confianza”, afirmó la mandataria.

La gobernadora también buscará que se suspenda el contrato, a través de una acción popular que instaurará la próxima semana “en defensa de la moralidad administrativa”.

“Buscamos avanzar en modernización del sistema de salud, esto incluye la conformación de una red hospitalaria única prestadora de servicio”. 

Sobre la crisis financiera, la gobernadora dijo que las deudas del hospital ascienden a más de $100 mil millones. “Hay atrasos en el pago de nómina, contratistas y proveedores, pero además la prestación del servicio del centro asistencial no es oportuna, ni de calidad”. 

Hoy en reunión con la junta directiva del hospital, la gobernadora pedirá que le quiten facultades al gerente para que no pueda realizar procesos de contratación.

El contrato también sería revisado por el contralor general. 

La secretaria de Salud, Alma Solano, y la procuradora Judicial, María Teresa Trujillo Tobar, también asistieron a la reunión. 

Como antecedente a la petición de la gobernadora, el pasado 10 de enero fue radicada ante la Procuraduría una solicitud de apertura de investigación disciplinaria en virtud del contrato en mención, por parte de la secretaria de Salud. 

La misiva radicada ante el Ministerio Público tenía como objeto frenar una posible malversación de los recursos públicos destinados al sector salud y un menoscabo a los derechos de los ciudadanos.

En su intervención, el procurador señaló que la decisión de la investigación fue tomada luego de que terminara la fase preventiva, un proceso que acompañó la Procuraduría desde octubre pasado, cuando se abrió la convocatoria pública para la buscar un operador.

Para el ente de control es fundamental estudiar los criterios que se adoptaron para entregar un contrato de concesión por 15 años a un particular. 

El contrato de Ulahy Beltrán terminará en marzo, a pesar de esto, seguiría vinculado a la investigación, según lo indicó el procurador delegado.

Condiciones del contrato

De acuerdo con las condiciones del contrato, el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe operará durante este tiempo los servicios de alta complejidad, con el fin de reactivar la operación del centro hospitalario, que en otrora fuera uno de los más importantes de la región.

Según el documento firmado por Beltrán López y el representante del consorcio Ricardo Mafiol, deberá realizar inversiones en la infraestructura física, dotación tecnológica, biomédica e industrial, que garantice la apertura progresiva de servicios de alta complejidad y la reapertura de otros, asegurando la sostenibilidad financiera a partir de los ingresos por venta de servicios de salud.

En la cláusula 23, el contrato de operación indica que –de acuerdo al artículo 42 del Estatuto de Contratación– en caso de declaratoria de caducidad, incumplimiento, inejecución parcial o total de las obligaciones contraídas, el Cari exigirá al contratista una suma de hasta 30% del valor total del contrato, lo que correspondería a cerca de $3.623 millones. 

Este valor, según expone el contrato, se considerará como pago parcial de perjuicios y el pago del mismo no extingue el cumplimiento de la obligación principal.

El contrato fue suscrito por una cuantía de $12.076 millones anuales. 

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