Durante la presentación del estudio ‘Seguridad y Confiabilidad Energética en Colombia (2010-2026), la Contraloría General de la República lanzó una serie de alertas con relación a los desafíos que se enfrentan en el sector energético en el país.
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De acuerdo con el ente de control, es necesario que el país cuente con una Política Integral de Seguridad Energética, a través de la cual se adopten estrategias e indicadores de permanente seguimiento.
Por medio de dichos mecanismos, según la Contraloría, se permitirá que los actores del sector, a los usuarios y al país en general estén “informados sobre los avances o deterioros de la seguridad para los distintos subsectores energéticos y que a la vez complemente los avances en transición energética”.
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Germán Castro Ferreira, contralor Delegado para el Sector Minas y Energía, destacó que es “evidente” la fragilidad institucional debido a que no se cuenta con una “política clara coordinada entre entidades estatales”, debido a que “algunas instituciones anteponen los temas ambientales a los de seguridad energética mientras otras hacen lo contrario contribuyendo a la inestabilidad jurídica y tributaria ante tal ambigüedad de decisión política”.
Ferreira también alertó debido a que el licenciamiento ambiental y las consultas previas se han convertido en un “cuello de botella sin solución a la vista”, que afecta a todos los subsectores energéticos.
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“Es un aspecto que debe ser abordado con prioridad, ya que está dilatando el tiempo de ejecución de los proyectos que son vitales para garantizar la seguridad energética”, enfatizó.
El contralor delegado fue enfático al sostener que “no se debe supeditar la seguridad energética a la transición energética, pues son dos temas que deben tener el mismo nivel de importancia”.
En ese sentido, recalcó que la seguridad energética debe ser un tema prioritario y atendido en el corto plazo para “tener un desarrollo sin sobresaltos de la transición”.
Afectaciones en el sector del gas
La Contraloría indicó que, de acuerdo con informes de recursos y reservas de gas natural, el país ha perdido el 50% de las reservas probadas en los últimos 15 años. En ese sentido, se ha registrado una reducción de 2.817 Gpc en 2022 a 2.373 en el año 2023.
“Es urgente adoptar las medidas para garantizar el abastecimiento de la demanda, considerando las acciones necesarias para impulsar la oferta interna dada la proyección de agotamiento de las reservas y el déficit identificado en el suministro, que se puede presentar en el año 2025”, explicó el ente de control.
También enfatizó que, para el próximo año, el déficit será del orden de 120 gigas pies cúbicos día (12% de la demanda): “Sin nuevos descubrimientos, en el 2026 se espera que el déficit aumente hasta 300 gigas pies cúbicos día lo que presenta el 30% de la demanda”.
Otro punto que se puso sobre la mesa fue que el país viene importando gas desde el año 2016. En ese sentido, agregó que es una “situación coyuntural por el aumento de la demanda del sector térmico en épocas de baja hidrología por el aumento de la demanda del sector térmico en épocas de baja hidrología”.
Indicó que “la declinación de los principales campos productores y la falta de incorporación de nuevos recursos hace que cada vez más se requiera de estas para cubrir el déficit identificado por la Upme, creando dependencia energética para el suministro a todos los sectores y comprometiendo la soberanía energética”.
En la misma línea, la Contraloría mencionó que existe riesgo con relación la autosuficiencia energética del país, ya que las reservas se encuentran apenas para 6,1 años.
“Han transcurrido cerca de dos valiosos años para determinar que es preciso adelantar mayor coordinación interinstitucional y cambios regulatorios que estimulen la inversión privada y aprovechar las potencialidades que ofrecen los diferentes campos frente a la limitación autoimpuesta para la suscripción de nuevos contratos de hidrocarburos y la revisión y monitoreo de la contratación vigente”, dijo el contralor delegado durante la presentación del informe.
Y también apuntó que ”si no se logra incorporar nuevas reservas de gas, el país enfrenta la necesidad de importar gas para garantizar el abastecimiento a los diferentes sectores, no solo de las térmicas, comprometiendo la soberanía energética y por ende la seguridad energética”.
Sobre el sector eléctrico
Con relación al subsector eléctrico, el estudio revela que el país continúa en la búsqueda de un “sistema eléctrico más seguro y sostenible”. En ese sentido, indicó que “la seguridad energética no sólo es fundamental para la estabilidad económica y el crecimiento, sino también para la soberanía nacional”.
Desde la Contraloría delegada también se agregó que “las inversiones en fuentes renovables no convencionales como la solar y la eólica son fundamentales, no solo para reducir la dependencia de importaciones, (aunque estas no son tan significativas, 0,55% de la demanda), sino también para alinear al país con las metas globales de sostenibilidad”.
Explicó que la capacidad actual de generación a partir de esta fuente es de tan solo 1.200 MW: “Es poco significativa frente a la creciente demanda energética”.
Ferreira se refirió a la necesidad de generar seguridad para la infraestructura eléctrica en el país, teniendo en cuenta que “es esencial para el desarrollo socioeconómico del país”.
Otro punto analizado corresponde a la robustez del sistema eléctrico, que implica infraestructura capaz de soportar y recuperarse de fallos inesperados, requiere una atención urgente: “Con la disponibilidad de las plantas térmicas que a menudo varia durante períodos de baja hidrología, la adecuada definición de los programas de mantenimiento adquiere una relevancia crítica”.
Con relación a la infraestructura de transmisión en el país, la Contraloría dijo que “el 75% de las líneas de 500 y 230 kw superando los 35 a 40 años de servicio, refleja un sistema que no solo está envejecido sino también podría aumentar la frecuencia de sus fallos”.
Y anotó que “la frecuencia y el rigor de los mantenimientos no deben verse solo como una necesidad técnica, sino como una estrategia proactiva de gestión de riesgos”.
Remarcó en la necesidad de adelantar mantenimientos bien planificados y ejecutados “para la prevención de fallos y para asegurar la operatividad y eficiencia del sistema en su conjunto más aun en periodos de hidrología critica como en al actual”.
