Las responsabilidades detrás del porte de armas de fuego

Andrés*, dueño de un establecimiento comercial, calificó la situación como “complicada”, al punto que han reducido sus horarios de funcionamiento para evitar ser víctimas de algún delito.

“La verdad es que uno así trabaja mal porque no sabemos en qué momento puede llegar una persona aquí y hacernos algo”, dijo el hombre.

Martha*, otra comerciante del municipio, manifestó que el tema de inseguridad para este gremio es “grave”, lo que les hace trabajar con miedo y temor de ser agredidos o que arremetan contra sus familias al no poder pagar las sumas de dinero exigidas.

“Estamos muy temerosos, vivimos con miedo. El tema está muy mal, la extorsión nos da mucho miedo, así como quedarnos trabajando hasta tarde, uno no sabe quién va a llegar a estar pendiente de quien maneja el dinero para estar viniendo a dejar panfletos y así, están pidiendo sumas exorbitantes”, dijo la mujer.

Para Pedro*, lo que está ocurriendo es “bastante delicado”, pues en ocasiones no quieren ni abrir los negocios para evitar que los amedranten, lo que también ha entorpecido la reactivación económica que se viene dando después de estar sin trabajo durante mucho tiempo a causa de la pandemia.

Pese a la situación que están viviendo los comerciantes del municipio, la propuesta hecha por el alcalde generó opiniones divididas debido a todo lo que conlleva portar un arma y el uso que debe dársele a estas, por lo que algunos están a favor y otros en contra.

Enfoque de propuesta. Brindar garantías. Ese es el enfoque que el alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve, resalta de la propuesta que se construyó en conjunto con el gremio de comerciantes. Indicó que nació ante los inconformismos expresados por el gremio ante el “poco respaldo” por parte del Estado en medio de esta situación.

El mandatario indicó que el porte y tenencia de arma es algo legal en el país: “Cualquier persona que sienta que su vida corre peligro, que sienta que su patrimonio está en peligro, o que la vida de su familia y seres queridos está siendo intimidada por extorsionistas y delincuentes, puede acercarse y hacer la solicitud inmediatamente del porte de arma”.

Por eso fue enfático en que permitir la adquisición de armas de forma legal permitirá combatir dicho flagelo.

“Muchas personas que para defenderse compran armas ilegales, el día que les hagan allanamientos o que utilicen esas armas incurren en un delito y terminan esas personas de bien presas porque el Estado no los acompañó, no les brindó garantías”, dijo. 

Por su parte, Dina Luz Pardo, directora de la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla (Asocentro), explicó que el pedido de los comerciantes es que se les devuelva el derecho que adquirieron hace varios años, por medio del cual pagaron su salvoconducto y adquirieron sus armas, pero que hoy en día solo pueden tener en casa más no portarlas en la calle.

“Aquí el tema no es que queremos armar a los comerciantes para que se vuelvan violentos, para que desenfunden el arma y empiecen a disparar como locos; es prácticamente que está creciendo cada vez más este problema, aunque coloquen más policías, aunque los jueces reaccionen, aunque hayan más cupos en las cárceles, es tan grande el problema que es necesario que esta gente se sienta protegido ellos mismos”, expuso la líder gremial.

Monopolio del Estado

El artículo 223 de la Constitución Política de Colombia indica que solo el Gobierno tiene la facultad para “introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos”. Por esa razón, “nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente”.

En el mismo articulado se indica que el permiso no puede extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas.

Además, la Constitución reza que los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del Gobierno.

Mediante el Decreto 2535 de 1993, de acuerdo con un concepto de la Corte Constitucional, el legislador reguló los permisos de porte o tenencia y estableció diversas categorías de armas de fuego. Dentro de ellas incluyó a las “hechizas” como “armas prohibidas”.

En cuanto a las “armas de uso civil”, diferenció las de defensa personal, las deportivas y las de colección, aunque algunas armas deportivas coinciden en sus características físicas con las de defensa personal e incluso con armas de uso privativo de las fuerzas armadas.

Para los expertos en seguridad ciudadana, esta propuesta no es una solución viable, ya que así como no hay la capacidad de controlar a los delincuentes en estos actos, no hay la capacidad para controlar el porte de armas o legalización del mismo, ya que esto va a requerir de una supervisión y control.

Luis Anaya, experto en seguridad ciudadana, mencionó que uno de los factores que más preocupa hoy en el hurto a personas, homicidios, extorsiones, entre otros, es que se ha facilitado el porte de arma ilegal, el mercado ilegal de armas en el país y más en esta zona, por lo que sí se regulariza, va a dar luz verde y carta abierta a que este mercado crezca.

“Es una propuesta que a todas luces no es viable. Definitivamente esa no es la forma, yo como experto en seguridad ciudadana no lo recomiendo, ningún modelo donde se legalice este tipo de normas ha sido exitosa, por el contrario ha generado muchos problemas de inseguridad, se han incrementado los homicidios y ha generado demasiados problemas porque hay forma de controlarlo”, aseguró Anaya.

Otro de los puntos que indicó el experto es sobre el tema de la defensa propia, ya que si una persona con porte de arma es atacada, puede defenderse, pero en seguridad y frente a temas de armas, hay un principio básico que es la reciprocidad y el balanceo, y es que un delincuente, sobre todo este tipo de casos que no son al azar, estudian a la víctima.

“En este caso lo que pasaría es que obligaría, incentivaría a que los delincuentes se van a armar para atacar, ellos no van a dejar de obrar si no se ataca el tema de fondo, que no es la defensa de la víctima, es qué está originando la delincuencia, que está haciendo que esto sea un buen negocio para los delincuentes, no hay consecuencias legales y penales”, agregó.

Arturo García, analista en temas de violencia e inseguridad urbana, consideró que esta propuesta responde a una concepción social que se ha formado en medio de la inseguridad en el Atlántico y en el país, durante los últimos años.

“Entendería la posición respecto a que si un comerciante ya ha adquirido con anterioridad un arma de fuego de manera legal, debería poder defenderse desde el interior de su negocio, en caso de ser víctima de un acto delincuencial o violento”, dijo.

Por último, García aclaró que esta alternativa podría dar lugar a “combatir la violencia con más violencia”.