Ad portas de cumplirse un año del inicio de la intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, aún no se vislumbra una posible solución a la aguda crisis financiera y operativa que arrastra la compañía que atiende a los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Desde el inicio de este proceso se anunció que era necesaria la construcción de una solución empresarial para brindar una respuesta “estructural” a los problemas de la compañía. En ese sentido, EL HERALDO conoció apartes del borrador de un documento Conpes que describe una serie de acciones por parte del Gobierno nacional para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano.
Dicho documento habría sido construido de manera conjunta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Nacional de Planeación para ser presentado al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).
Esta casa editorial pudo establecer que esta hoja de ruta se viene construyendo desde el periodo de Andrés Camacho como ministro de Minas y Energía.
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De esa manera, el esquema de solución que se propone para Air-e comprende una serie de etapas, teniendo en cuenta que se requiere la consecución de fuentes externas de financiación, nuevas inversiones, capitalización, reducción de costos operativos y administrativos, mejoramiento de la gestión comercial, el pago de pasivos y el flujo de caja necesario para atender el giro ordinario de los negocios a su cargo.
En primer lugar, el Gobierno ha contemplado la creación de una nueva empresa a partir de la escisión de Air-e. Dicho proceso se cumpliría según lo establecido en la normatividad vigente.
“Siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 222 de 1995 y las normas contenidas en el EOSF (arts. 67 y 71), se sugiere llevar a cabo la escisión de Air-e (sin disolverse), con el fin de destinar una parte de su patrimonio a la creación de una nueva sociedad. La nueva empresa que surja de la escisión inicialmente será de carácter privado y tendrá poco capital pagado”, se expone en el documento.
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En la segunda fase del esquema, la nueva empresa “creada con poco capital” sería adquirida por una compañía de carácter público: “Con ello, la nueva empresa creada estará constituida en un 100% por capital público, al realizarse la compra de la totalidad de sus acciones”.
El tercer paso es planteado como la adquisición de los activos fijos de la empresa Air-e que sean “indispensables” para la prestación del servicio de energía, cuyo valor ascendería a $980 mil millones, según un análisis preliminar de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Dichos activos corresponden a postes y torres, cables, acometidas, entre otros elementos.
Es de anotar que, de acuerdo con las proyecciones del Gobierno, “se busca que la nueva empresa creada a partir de la escisión haga el cruce de cuentas con las deudas que Air-e tiene con las entidades públicas, que equivale a 1.2 billones aproximadamente. Lo anterior, con el fin de que la deuda se capitalice y las entidades públicas acreedoras de la deuda con Air-e pasen a ser accionistas de la nueva empresa”.
Tras el correspondiente cruce de cuentas se procederá a la liquidación de Air-e de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF).
Adicionalmente, se deberá inyectar capital a la nueva empresa creada por un valor de $500 mil millones, con la finalidad de “fortalecer la estructura económica de la nueva compañía, realizar inversiones a corto plazo y servir como capital de trabajo para que esta pueda entrar a operar inmediatamente, desarrollando su objeto social de manera adecuada en el corto y mediano plazo”.
