Por el incumplimiento y omisión de las condiciones de operación de las rutas, el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) dio inicio a inició una investigación administrativa en contra de cinco empresas de transporte que, hasta el 15 de febrero, todavía no habían implementado el Sibus.
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De acuerdo con la AMB, el proceso se lleva a cabo para verificar si las empresas Trasalianco, Transmecar, Transportes Lolaya, Cootransco y Cootrasol se encuentran cumpliendo con las condiciones establecidas por la autoridad de transporte para la operación de sus rutas.
'Se hizo una verificación a través del sistema Sibus del cumplimiento de las condiciones de operación de todas las empresas habilitadas para prestar el servicio y nos dimos cuenta que presuntamente algunas empresas no están cumpliendo con las condiciones de operación y que además su conducta omisiva no permite al AMB, como autoridad de transporte, verificar en tiempo real el cumplimiento de rutas', indicó la entidad.
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Agregó que 'las idea es que todas estas empresas manifiesten sus razones por no tener implementado el sistema de recaudo centralizado, gestión y control de flota y comunicaciones e información al usuario denominado Sibus'.
Asimismo, mencionó que se efectuarán posibles sanciones con base a los resultados del proceso y de acuerdo con las normas de transporte público vigente, 'garantizando en todo momento el debido proceso'.
Además, la autoridad de transporte resaltó que estará verificando otras sanciones en caso de vulneración de las normas: 'En cumplimiento de las funciones de vigilancia y control estaremos verificando los requisitos legales y reglamentarios que deben cumplir todas las empresas de Transporte Público Colectivo. En caso de evidenciar alguna presunta vulneración a estas normas se dará inicio a los procesos a que haya lugar'.
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Por otro lado, la entidad manifestó su 'compromiso' para continuar trabajando con estas cinco empresas en la construcción de una 'movilidad sostenible y de calidad para los usuarios en donde prime el interés general sobre el particular'.
En ese sentido, Gustavo Santos, subdirector de la AMB, expuso que las sanciones podrían ser hasta de 700 salarios mínimos.
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Posición de las empresas
Las cinco compañías que todavía no hacen parte del sistema se mostraron 'firmes' en su posición de no aceptar la propuesta de la AMB para implementar el sistema Sibus.
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Al respecto, Francisco Pupo, presidente de Asotrascol, comentó que ya iniciaron un proceso de demanda ante la entidad.
'Antes levantar los cargos tiene que haber una investigación preliminar, pero antes de eso, el AMB nos va a tener que responder a la denuncia que instauramos con más de 243 folios de pruebas y responder ante la Fiscalía por los fraudes y situaciones irregulares que se han cometido en contra de la constitución y de la ley. Estas posibles sanciones que podemos recibir no son más que una cantidad de inexactitudes jurídicas', dijo.
De igual modo, Pupo recalcó que tiene en su poder una lista de oficio de las primeras empresas que van a sancionar: 'a nosotros no nos importa si las otras empresas se echan para atrás y nos sancionan a nosotros, ya sabemos quiénes podrían ser los primeros, entre esas está Sobusa, pero de igual manera seguiremos con el proceso'.
Sobusa adelanta diálogos con AMB
Óscar Guerrero, gerente de la empresa Sobusa, informó que se encuentran en conversaciones con el AMB para dar claridad a ciertas cuestiones legales.
'Nosotros somos una empresa privada y si vamos a contratar con un operador como lo es Sibus, pues tenemos que establecer las condiciones contractuales de esto. No estamos en contra de la tecnología, solo queremos llegar a un acuerdo sobre este tema', declaró.
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Guerrero mencionó que cuentan con un gran avance tecnológico en la flota para la implementación del sistema.




















