La implementación del Sibus ha generado división entre las empresas de buses. Mientras quince compañías han decidido sumarse al proyecto, otras seis se han mantenido al margen y han hecho duras críticas alrededor del proceso de adaptación de este sistema inteligente.
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Para Sobusa, Transmecar, Lolaya, Cotransco, Cootrasol y Trasalianco, las empresas que no se vincularon a Sibus, este modelo ha conllevado a que se establezca un 'monopolio' y se concentre el recaudo en una 'sola entidad administrativa'.
Francisco Pupo, presidente de Asotrascol, aseguró que se encuentran 'firmes' en no aceptar la propuesta de AMB, pese a que la entidad expuso que a las empresas que no adopten el sistema se 'les suspenderían las licencias'. 'Dijeron que les darían nuestras rutas a las otras empresas que sí han aceptado y esos son derechos adquiridos que nosotros tenemos y que legalmente nos protegen. Nosotros no estamos dispuestos a seguir soportando una situación que es un robo más a la ciudadanía', sostuvo Pupo.
Indicó que actualmente se encuentra en trámite una demanda contra el Área Metropolitana de Barranquilla en la Fiscalía por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). 'Lo demandamos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, ya que no estaban autorizados para firmar ese convenio interadministrativo porque ni la Junta directiva del AMB ni los concejos de los municipios de AMB lo habían autorizado para firmarlo y lo hizo, y un mes después fue que apareció el acta donde le daban ese aval, pero la ley ya estaba violada', aseveró.
Señaló, además, que hasta el momento las empresas que no están interesadas en unirse al Sibus seguirán cobrando $2.800 de lunes a sábado y $2.900 domingos y festivos.
'Aquí elegimos entre dos males el mejor, porque si nos unimos al Sibus en dos meses estaríamos quebrados porque ellos administrarían todos nuestros recursos, no sabemos cuánto nos van a cobrar', comentó Pupo.
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Llamado a sana competencia
A su turno, las 15 empresas de buses que hacen parte del Sibus hicieron un llamado a las otras empresas para que se sumen al sistema, con el fin de propiciar la sana competencia entre las empresas de transporte urbano y apoyar el desarrollo de la ciudad.
Dicho pronunciamiento fue hecho por las empresas Transoledad, Cootrab, Transdiaz, Coochofal, La Carolina, Transurbar, Cootrántico, Cooasatlán, Trasalfa, Embusa, Coolitoral, Flota Roja, Sodetrans, Flota Ángulo y Monterrey.
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Agregaron que existe el compromiso con la transformación del transporte urbano de Barranquilla y su área metropolitana: 'Nuestra entrega va más allá de la tarifa, pues está enfocada en la integración tecnológica de los diferentes modos de transporte; en brindar la adecuada prestación del servicio de transporte y la accesibilidad al sistema'.
Destacaron que dentro de 'poco tiempo' se iniciará la etapa de integración de algunas rutas con Transmetro, lo que permitirá que el usuario utilice un solo medio de pago y mejora la movilidad por la ciudad. 'El proceso de adaptación tecnológica significa para nosotros grandes inversiones en tecnología, pero también el compromiso de la autoridad del transporte que incluye mejora de vías, paraderos, control operativo oportuno y terminales de integración modal', recalcaron.
También indicaron que son conscientes de la importancia de realizar los aportes al Fondo de Estabilidad Tarifaria.
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Lo que dice la AMB
El director de Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García, sostuvo que las seis compañías que no han adoptado el Sibus mantienen una deuda por cerca de $15.525 millones correspondientes a sus aportes al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) entre 2016 y 2023.
'No obstante, tenemos que resaltar que las empresas del TPC mayoritariamente han aportado desde 2016 más de $100.000 millones que han sido fundamentales para acortar la brecha entre costo de la tarifa técnica y la tarifa al usuario de Transmetro', sostuvo el funcionario.
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Señaló que al no vincularse al sistema de recaudo 'lo que buscan es evitar que la autoridad pueda realizar sus funciones de inspección, vigilancia y control de una manera más efectiva'. Agregó que otras de sus motivaciones es 'seguir apropiándose de los recursos del FET y evitar que Barranquilla y su área metropolitana sigan creciendo en materia de tecnología e innovación con miras a una movilidad sostenible e inteligente en los que los mayores beneficiarios son los usuarios del sistema'.
Sobre la demanda en curso en su contra, García señaló que hasta el momento no se le ha notificado formalmente. 'Estamos preparados con nuestro equipo jurídico, pero sobre todo con la garantía de que todas las actuaciones han sido ejecutadas en el marco de la legalidad y con fundamento en principios constitucionales, sobre todo aquellos que buscan prevalecer el interés general sobre el particular', puntualizó.
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