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Luego de que el Concejo de Barranquilla diera aval para que la estampilla prohospital se empiece a cobrar sobre el valor catastral del inmueble, gremios dieron a conocer una serie de reparos debido a los 'impactos negativos' a la industria de la construcción y el sector inmobiliario en la ciudad.

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Laura Restrepo, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en Atlántico, sostuvo que esta contribución no es nueva y tiene un impacto directo para los compradores de viviendas, quienes asumen estos costos.

'Esta contribución no es nueva, ha prevalecido a través de los años y mantener este tipo de obligaciones para la adquisición de vivienda e inversión en proyectos inmobiliarios dificulta significativamente la actividad edificadora en la ciudad', expuso.

Indicó, además, que Barranquilla se ha consolidado como un mercado de 'alta relevancia' para el sector constructor, ya que su crecimiento ha traído consigo mayor inversión, mayores oportunidades y una urbanización constante de gran potencialidad.

'Sin embargo, figuras como estas provocan una desventaja competitiva a nivel nacional y ralentizan la dinámica de la vivienda', expuso.

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Kelina Puche, directora Ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla, indicó que el cobro de esta estampilla se constituye en un 'costo adicional' para los sectores de la construcción e inmobiliarios.

'Este concepto rentístico solo es aplicado en Barranquilla y el Atlántico, a tal punto que nos ubica en la posición 27 entre 33 ciudades en el índice del Doing Business sobre registro de propiedades y nos resta ampliamente competitividad, facilidad para hacer negocios y hace más complejo nuestro estatuto tributario distrital', sostuvo Puche.

Agregó que este tipo de tributos, de acuerdo con los resultados de la Comisión de Revisión del Estatuto Tributario Territorial, obligan a los vendedores a reducir los precios de mercado por debajo de su valor y también desincentivan algunas decisiones de mudanzas, así como incrementan el tiempo que algunos bienes están en el mercado.

Puso de presente que dicha comisión ha recomendado limitar la emisión de nuevas estampillas destinadas a 'sufragar gastos recurrentes' y que se financien a través de ingresos tributarios.

'Incluso es más tajante y recomienda su eliminación completa, así como avanzar hacia una etapa transicional que permita, a medida que se generan recursos y ganancias en eficiencia, que se atiendan las necesidades de las instituciones que hoy se financian con estampillas', expuso la directora de la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla.

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Aprobación del Concejo

Con el proyecto aprobado recientemente por el Concejo, que se encuentra a espera de la sanción del alcalde Jaime Pumarejo Heins, la estampilla Prohospital se cobrará en Barranquilla sobre el valor catastral del inmueble y no sobre su valor comercial.

Es de anotar que la tarifa quedó establecida por el 1.5 % del valor del inmueble en el año en que se expide el certificado catastral. Es de anotar que este tributo será aplicado a personas naturales, jurídicas o sociedades que lleven a cabo procesos de protocolización sobre bienes inmuebles.

El actual panorama del sector constructor e inmobiliario

En Barranquilla, a corte de mayo del presente año, se han realizado un total de 6.319 transacciones de inmuebles usados y nuevos de acuerdo con los registros de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Esta cifra corresponde a una caída del 16 % con relación al mismo periodo de 2022, cuando se reportaban 7.499 compraventas.

La Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla expuso que eso es reflejo del contexto macroeconómico que atraviesa el país, el cual 'ha restringido el desempeño del sector constructor e inmobiliario'.

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Esto se debe a la 'alta inflación que se experimenta', que ha limitado el poder adquisitivo de los hogares colombiano y restringido su capacidad de endeudamiento.

A eso se suma, según el mencionado gremio, que la tasa de interés ha tocado máximos históricos y 'un cambio en las reglas del juego de colocación de subsidios en el principal programa de acceso a vivienda social en el país'.