$20 mil millones al mes dejará de pagar el Estado en la Costa si elimina subsidios del estrato 3
De acuerdo a la Superservicios, en Atlántico hay aproximadamente 86 mil usuarios que sentirían un incremento en la factura. Congresistas no aprueban el desmonte.
La noticia del desmonte del subsidio de energía para el estrato 3, contemplado el Plan Nacional de Desarrollo, cayó como un balde de agua fría al hogar de Dominga Dorian, una ama y cabeza de casa que reside en el barrio Chiquinquirá, suroriente de Barranquilla.
Dorian asegura que son pocos los ingresos de esta familia, conformada por tres personas, en donde un salario mínimo y la venta de hielo y bolis sustentan los gastos del hogar, dentro de los que se incluyen el arriendo mensual, los servicios públicos y la alimentación.
Dominga Dorian indica que su factura de energía promedia entre los $80 mil y los $100 mil cada mes, por lo que el desmonte de este beneficio que otorga el Gobierno Nacional, le significaría un incremento entre los $12 mil y $15 mil, los cuáles considera como “una puñalada” para las finanzas de su hogar, teniendo en cuenta el “poco uso de energía” que acostumbra esta familia.
En el hogar de Dorian tienen una nevera, un abanico y un televisor que, según cuenta, utiliza poco. No usan lavadora y mucho menos lavadora, porque eso “dispara el consumo y el recibo”.
Según la factura, la familia de Dominga consume 137 kilovatios al mes, por lo que la empresa de energía eléctrica le cobra $63.141 y el subsidio que se le aplica es de $9.470. Al valor por el consumo se le suman $8.600 por concepto de alumbrado público y $22.024 de la Tasa de Seguridad. En total, la familia paga mensualmente un promedio de $84.290.
“Prefiero lavar muchas veces la ropa a mano para no usar la lavadora. De todos modos siento que el servicio es costoso, que pagamos mucho para lo que consumimos”, manifestó.
EL HERALDO hizo un recorrido por tres barrios de estrato tres en distintos puntos de la ciudad y evidenció que los usuarios no solo están descontentos por las “constantes” interrupciones de energía, sino por lo “elevado” de las facturas que llegan a sus hogares.
María Montes, residente del barrio El Silencio, sostiene que las tarifas “deberían disminuir”, hasta tanto no se “normalice” la prestación del servicio. “Las horas en la semana que se va la luz deberían descontarlas en la factura, pues hay veces que se va mucho y la factura sigue igual de cara”, señala la usuaria.
En Atlántico, de acuerdo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, hay al menos 86.281 usuarios que son beneficiados con el 15% del subsidio de energía al estrato 3, lo que le representa al Estado un costo aproximado de $4.835 millones cada mes.
El total de la región Caribe de hogares estrato tres beneficiados con el 15% del subsidio de energía, que sería desmontado, es de aproximadamente 250 mil hogares, representando un costo aproximado de $20 mil millones cada mes. (Ver infografía)
El Desmonte
Eliminar los subsidios en la tarifa de energía para el estrato 3 es lo que propone un artículo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que presentó el Gobierno Nacional ante el Congreso.
El artículo 179 del proyecto propone la modificación del numeral 99.6 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, el que se establecen los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, los cuales no deben superar el 50%, el 40% y el 15% del consumo de subsistencia respectivamente. Como está planteado solo se mantendrían los subsidios para los estratos 1 y 2.
En ese sentido, no solo los usuarios del estrato 3 se verán afectados por el desmonte del subsidio. También los de estrato 1 y 2, quienes pasarían a tener un subsidio del 60% al 50% y del 50% al 40% respectivamente, de acuerdo con la propuesta del gobierno.
El consultor en servicios energéticos, Óscar Imitola, plantea que los impuestos a la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el de Alumbrado Público hacen que el costo total de la factura de energía se incremente, por lo considera que estos no deben cobrarse en dicha factura.
Cobros adicionales
En concepto del especialista, el servicio de Alumbrado Público es completamente aparte, aunque guarda relación. Una consideración similar tiene frente al caso de la Tasa de Seguridad Ciudadana: cree que no tiene sentido que se cobre en la factura de energía, porque hace más gravoso un servicio que de por sí no es barato.
Esas contribuciones, en su concepto, las debería cobrar la Gobernación, o quien los tenga, a través de una factura aparte, como el impuesto vehicular.
Imitola sostiene que para una persona de estrato 3 tienen más efecto el cobro del servicio de la Tasa de Seguridad Ciudadana y el de Alumbrado Público que el 15% del subsidio que el Gobierno pretende desmontar.
Sin embargo, Imitola aclara que él no está diciendo que esté de acuerdo con el desmonte de los subsidios, porque es un tema que se debe revisar con “mucho cuidado”.
El expertos en temas energéticos también advierte que es necesario analizar y abrir la discusión sobre el efecto que estos dos rubros adicionales tienen en la factura de energía, con el fin de aliviar los costos de este servicio público.
“La pobreza es pobreza, mida como se mida”
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, la estratificación para distribuir los subsidios no se ajusta a la realidad del país, por lo que se plantea desarrollar un nuevo esquema para reemplazar la clasificación socioeconómica, que son los estratos del 1 al 6, con el fin de que dichos beneficios lleguen a los hogares que “realmente lo necesitan”.
Ante esta posibilidad, el senador José David Name indicó que “es una justificación del Gobierno” para desmontar los subsidios. “No hay ninguna manera diferente de asignar los subsidios, sino a través de los estratos sociales. El Gobierno tiene unas herramientas como el Sisbén, las EPS, la medicina prepagada, entre otras, donde tiene la información del ciudadano, esta información se puede cruzar y allí sabrán el estrato de cualquier ciudadano de Colombia.
Por su parte, el senador Efraín Cepeda enfatizó en que se requiere de un análisis para determinar de qué forma se reparten los subsidios en el país. No obstante, fue claro al manifestar que “la pobreza es la pobreza, mida como se mida”.El representante a la Cámara, César Lorduy indicó que mientras en Bogotá la pobreza multidimensional es del 6%, en la región Caribe es del 30%. “En esos términos, uno no puede imaginarse que con esos niveles de pobreza, los habitantes de la región puedan tener los recursos para pagar los servicios públicos, al menos que puedan recibir estos subsidios. Cómo entregar los subsidios es lo de menos, eso es un simple tema metodológico”, señaló. Por su parte, la representante Martha Villalba afirmó que la política de subsidios en los servicios públicos es una garantía prevista en la constitución para buscar una “igualdad real”. “Particularmente votaré negativo ese artículo del PND así como está planteado, pues considero que el Gobierno debe buscar otras alternativas en las que no se vea afectada la clase media colombiana”, manifestó.
