Agua robada en el Atlántico abastecería 115 mil casas
Triple A adelanta operativos en zonas rurales del departamento para detener estas prácticas que afectan el servicio y, paralelo a eso, deja millonarias pérdidas a la empresa.
Piscinas, jacuzzis, puntos de abastecimiento para la crianza de animales, sistemas de riego para sembradíos y hasta jagüeyes artificiales, en gran parte se llenan hoy con agua obtenida de manera ilegal a través de la red de suministro de agua potable de la empresa Triple A que pasa por zonas rurales del Atlántico.
Así lo reveló Sneider Lobo, director de Irregularidades de Triple A, encargado de la dura tarea de detectar a los defraudadores, en compañía de un equipo de 15 empleados operativos y un acompañamiento policivo permanente. Este último en relación a que muchas veces, a pesar de que es detectado un procedimiento irregular, los responsables se van por las vías de hecho, según el funcionario.
La semana anterior, habitantes del municipio de Usiacurí se tomaron la vía principal de la población por la falta del servicio de agua potable durante siete días continuos. Si bien la empresa Triple A señaló que había una fuga en una tubería de gran tamaño y eso conllevó al cambio de estructuras, posteriormente se estableció que una “alta demanda” del líquido, de manera detallada en zonas rurales cercanas, despresurizó la red y dejó sin servicio a la comunidad.
“Si hubo afectación fue en las partes altas. A veces cuando la demanda es alta se despresuriza mucho la red, la gente comienza a consumir un poco más de la cuenta y se afectan las presiones para llegar a las partes más elevadas…”, señaló en medios de comunicación, en su momento, Ramón Hemer, gerente operativo de Triple A.
Superada la emergencia, la empresa realizó un operativo contra la ilegalidad esta semana en la trocha Aguas Vivas, vía que conduce de Usiacurí a corregimientos de Juan de Acosta y Tubará, encontrando 17 fraudes, en específico por manipulación de medidores y conexiones ilegales para extraer el líquido de la línea de conducción que abastece al municipio que casualmente protestó y que sale del Tanque Radar (Cerro Conuco-Tubará).
Aparentemente, en dicha zona, el llenado ilegal de todos esos depósitos antes mencionados, dejó secos a los habitantes de la población del centro del departamento.
Frente a eso, Lobo manifestó que “este operativo se adelantó porque Usiacurí se vio afectado notablemente. Luego de una investigación a través de la Gerencia de Redes, quienes miden las pérdidas en determinados sectores, se detectó que en estos puntos se están abasteciendo por el verano para alimentar ganado y los cerdos. La gente abusa del agua porque la requieren para su explotación agropecuaria. Además sustrae el líquido para el llenado de piscinas recreativas”.
Jhonny Alberto Olave López, coordinador del área de Irregularidades de la empresa, detalló que los principales fraudes detectados en este tipo de zonas se dividen en dos grupos. La de mayor impacto y más detectada es la alteración de las conexiones mediante la utilización de mecanismos clandestinos para la apropiación del líquido.
Es decir, ubican tuberías antes de los medidores, como una especie de ‘baipás’, palabra que en el ámbito médico significa “conducto alternativo por el que mediante una operación quirúrgica se desvía toda la corriente sanguínea o parte de ella para facilitar la circulación”. En este caso del fraude al acueducto, lo que hacen es desviar el agua con pequeños tubos para dejar de facturar los centímetros cúbicos usados con diferentes fines.
“Estas formas se llaman derivaciones en las acometidas legales. Realizan una conexión antes del medidor para ingresar líquido al predio sin que el equipo de medida detecte el flujo defraudado”, agregó el funcionario.
De igual manera, se detectan fraudes relacionados con las alteraciones en los equipos de medida, mediante los cuales se busca que dichos equipos no registren el consumo real causado en el predio. Para ello, usan “imanes” que frenan las agujas de medición, entre otros tipos de “mañas”.
“Debemos recordar que este tipo de conexiones clandestinas o alteraciones a los equipos de medida, no producen únicamente detrimento patrimonial a la prestadora del servicio, adicionalmente puede provocar afectaciones en el servicio que reciben de forma legal los demás usuarios, pues es posible que se presenten afectaciones a las presiones del líquido bombeado a raíz de las defraudaciones”, apuntó Olave.
Para detectar los fraudes, según el coordinador de irregularidades, existen varias formas. Una está ligada al análisis de los equipos de medida que registran el consumo en las zonas hidráulicas o circuitos alimentadores y otra es por denuncia de la comunidad en afectación de la continuidad de la prestación del servicio.
Así mismo, el funcionario reveló que en los sectores más críticos se tienen cuadrillas de investigación permanentes, monitoreando la prestación del servicio y las posibles irregularidades de la red de acueducto.
Y, por último, con software especializado de detección y análisis de las desviaciones de consumo de los clientes.
Puntos críticos
Frente a los sectores de mayor afectación, la compañía prestadora del servicio indicó que existen cuatro puntos en las líneas de conducción hacia los municipios en donde extraen de manera irregular la mayor cantidad de líquido.
En enero de este año, al menos 80 familias del corregimiento de Guaimaral, perteneciente a Tubará, padecieron por las interrupciones permanentes y prolongadas del servicio de agua potable, situación que, según su inspector de Policía, Arnulfo Sanjuan Castro, los mantuvo viajando en burro o moto para buscar el líquido en otras localidades, en tanques y en pimpinas.
En diálogo con EL HERALDO, el inspector precisó que se trató de los barrios Loma Fresca (alto), El Carmen (alto), y El Campito, los cuales se vieron afectados por los cortes. “Este sector cuenta con dos acueductos: el Costero y el de Galapa.
El Costero logra abastecer todo lo que es la parte plana del corregimiento. Sabemos que esta zona tiene una topografía bastante elevada, entonces el sector de El Carmen, Loma Fresca y El Campito, nos llega el agua cada 8 o 15 días, eso dependiendo si no hay fugas en la tubería de Gapala-Paluato”, explicó Sanjuan. Tras la denuncia, la empresa Triple A detectó que en fincas de la zona también estaban “saqueando” el acueducto costero.
Estas son la tubería de Sabanagrande–Achotera, las tuberías de conducción del sistema costero (Cuatro bocas–Juan de Acosta, y Tubará-Usiacurí), y la tubería Ponedera–Sabanalarga.
Sin embargo, la empresa determinó que las pérdidas más altas se concentran en el municipio de Soledad, y en la zona sur y suroccidental de Barranquilla. (Ver infografía).
En esa misma línea, de acuerdo con las observaciones, en el año 2021 “se logró detectar un total de 4.830 irregularidades en Barranquilla y su área metropolitana, de los cuales, el 80 % de los casos corresponde a irregularidades relacionadas a conexiones mediante el uso de mecanismos clandestinos como derivaciones o acometidas no autorizadas, mientras que el 20 % restante corresponde a alteraciones a los equipos de medición”.
En total, la empresa estimó que mensualmente se pierden 2.3 millones de metros cúbicos de agua (m3), que corresponden a fraudes comerciales, conexiones ilegales o irregulares, y también por la conexión de usuarios clandestinos masivos y dispersos.
Para medir la cantidad de agua perdida o sustraída de manera irregular se pudo establecer que equivale al líquido con el que se pueden llenar 920 piscinas olímpicas o abastecer 115 mil viviendas, teniendo en cuenta que el consumo promedio mensual de un hogar con 4 personas es de 20 m3.
Es decir que con el agua que se deja de facturar se pueden abastecer al menos cinco proyectos habitacionales como Alameda del Río, en donde se proyecta la construcción de 22 mil viviendas y ya gran parte están habitadas.
Por concepto del agua no facturada a partir de fraudes comerciales, conexiones ilegales o irregulares y también a usuarios clandestinos, la empresa deja de recaudar un valor aproximado de $34.500 millones, especificó la compañía.
Olave López comunicó que en esta semana, a pesar de los días festivos, se adelantarán jornadas de inspección en zonas rurales del Atlántico donde tiene operación la compañía, pues se tiene identificado que es cuando más se dispara el consumo por la presencia de turistas y visitantes a fincas y centros recreacionales.
“Si una finca gasta en promedio unos 50 metros cúbicos de agua al mes, en estos días se pueden estar gastando 800 metros cúbicos a través de fraudes porque no los miden. Siempre se encuentra de todo en el camino”, estableció.
Una vez el equipo especializado detecta un uso irregular del servicio, sea mediante conexiones clandestinas o alterando los mecanismos de medición que se encuentran en el predio, se remite el reporte al equipo jurídico encargado de analizar la posible pérdida o afectación generada a la empresa.
Para el tratamiento de estos casos, en primer lugar, la empresa procura llevar a cabo una negociación directa con el usuario/suscriptor del servicio/propietario del predio y o similares, tendientes a la normalización de la prestación del servicio y para la recuperación directa de los consumos dejados de facturar mediante la suscripción de un acuerdo, donde las partes intervinientes concreten monto y forma de pago.
Por otra parte, para casos significativos, en los que la pérdida proyectada supera los estándares internos establecidos por la empresa para llevar a cabo una negociación con el usuario de forma directa por irregularidades, cuando se trata de reincidencia en las irregularidades detectadas en un mismo predio o casos relevantes que conllevan a la afectación del servicio prestado a predios vecinos, la empresa procede a presentar ante la Fiscalía General de la Nación Querella por el presunto punible “Defraudación de Fluidos” artículo 256 Ley 599 de 2000.
