Uno de los principales retos para adelantar el proceso de desmonte del antiguo puente Pumarejo ha sido la consecución de los recursos. Por esa razón, el Ministerio de Transporte viene analizando la aprobación de un Conpes para asegurar la financiación de este proyecto.
De esta manera, la cartera ministerial busca responder a la solicitud hecha por los gremios portuarios de Barranquilla, a través de EL HERALDO, frente a la creciente necesidad de demoler dicha estructura para así proceder a la ampliación de las operaciones portuarias y logísticas tanto en Atlántico como en Magdalena.
“Se están evaluando alternativas de financiación y habrá que revisar si se implementarán por fases, pero eso va a depender de un análisis que sobrepasa al sector transporte. Lo que sí hemos propuesto es la creación de un Conpes para financiar la obra, ya que se tiene que entender que esto es un proyecto de cientos de millones”, aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
De igual manera, mencionó que “el proceso progresivo de desmonte tomaría alrededor de cinco años, hay que esperar cómo se deja lista cualquier iniciativa antes del fin del período de gobierno”.
Rojas anotó que, de forma paralela, se vienen analizando otras opciones para un posible desmonte del antiguo puente Pumarejo: “De nada sirvió hacer el nuevo puente si el otro le imposibilita su completo desarrollo, así que por eso hay otras dos propuestas para demoler esta infraestructura que se proyectan en caso de que la primera no funcionen”.
Es de anotar que el antiguo puente dejó de funcionar desde diciembre de 2019, cuando se puso en funcionamiento la nueva estructura, cuya inversión es cercana a los $800 mil millones.
Faltan $116 mil millones para la obra
Desde octubre del pasado año permanece activa una alerta por parte de la Contraloría General de la República sobre el “obstáculo” en que se ha convertido el antiguo puente Pumarejo para el desarrollo del sector portuario y logístico del departamento del Atlántico.
Según el organismo de control, se requieren cerca de $116 mil millones para adelantar el proceso de demolición de la infraestructura. Además, indicó que esta situación tiene implicaciones en términos de control fiscal.
Acción popular
Asimismo, hay que recordar que en el mes de abril, tras una acción popular promovida por la Personería Distrital de Barranquilla, el Tribunal Administrativo del Atlántico dio apertura a un incidente de desacato en contra del Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ministerio de Transporte ante el incumplimiento de una medida cautelar de urgencia que ordenaba el cerramiento del antiguo puente Pumarejo.
En dicha medida cautelar, se solicitó la instalación en ambos extremos de la antigua estructura de “barreras, barricadas, muros u otro tipo de cerramiento que impidan su tránsito ya sea peatonal o por cualquier otro medio de transporte; asimismo, deberán instalar la señalización correspondiente que indique el riesgo que representa el uso de la estructura”.
Cabe destacar que en la acción popular, que fue admitida por la magistrada Carmen Lorduy González, se alertó que la estructura presenta un “gran estado de deterioro” y representa un “riesgo para la comunidad”.
