En un fallo de primera instancia, un Juzgado Segundo Penal Municipal con control de garantías decidió este miércoles restablecer los derechos a Silvia Gette Ponce para asumir de nuevo la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.
De acuerdo con el juez Néstor Segundo Primera, la implicada debe ser catalogada como víctima en la instancia procesal debido a que en las actas de las reuniones para escoger a Ramsés Vargas Lamadrid como rector existe inferencia razonable de autoría que habrían sido falseadas, según información obtenida por la Fiscalía.
De esta manera, la decisión adoptada por el juzgado estableció que Gette Ponce ya cumplió también con su pena y no se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos.
“Silvia Gette fue condenada el 29 de mayo de 2019 en primera instancia por el delito de abuso de confianza calificada y agravada por pasar un millón de dólares de las cuentas de la Universidad a una personal en Estados Unidos y dicha sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en abril de 2022 a 63 meses de prisión e inhabilidad para asumir cargos por el mismo término de la privación de la libertad”, explicó.
Sin embargo, precisó que “una vez cumplida la pena no se le puede cercenar en la misma. El Estado debe garantizar la resocialización de los condenados y si ya la pena fue cumplida no se le puede señalar permanentemente”.
El togado, además, agregó que “no existe inhabilidad por sentencia condenatoria y de existir se enfrentaría a los principios constitucionales de resocialización, por lo que no estaría llamada a prosperar”.
En contraste con lo anterior, el Ministerio de Educación solicitó en la audiencia de este miércoles que no se restableciera el derecho a Silvia Gette porque “ella no era catalogada como víctima en el proceso teniendo en cuenta que cuando Ramsés Vargas Lamadrid fue nombrado como rector de la Universidad Autónoma ella ya no estaba en ese cargo, por lo que consideró que si hubo algún delito en su nombramiento la víctima sería en ese caso el Ministerio de Educación”.
Argumentó: “Si hubo algún engaño fue contra esta entidad del Estado cuando fue radicado el nombramiento de Vargas Lamadrid”.
También, consideró el Ministerio de Educación que al momento del nombramiento de Ramsés la exrectora Silvia Gette enfrentaba medidas de aseguramiento y otros procesos judiciales, lo que era evidente que no podía estar en el cargo de rectora.
A su turno, la defensa técnica de uno de los imputados en el proceso de fraude procesal en falsedad de documento privado argumentó que “si Silvia Gette quería restablecer su derecho debió radicar el proceso ante un despacho relacionado con la parte laboral y no en el aspecto judicial frente a un juez de control de garantías”.
Así como también se refirió a que no se catalogara a Silvia Gette como víctima en el proceso sino que deberían ser solo el Ministerio de Educación y la propia Universidad Autónoma del Caribe.
Así las cosas, La Fiscalía estuvo conforme con la decisión al igual que la defensa de Silvia Gette.
Contexto en la Universidad
Hay que ecordar que en el mes de noviembre de 2025 un Juzgado 16 Penal con control de garantías de Barranquilla imputó por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado al Consejo Directivo de la Universidad Autónoma del Caribe del año 2013 por la presunta elección irregular de Ramsés Vargas Lamadrid como rector y quien estuvo en ese cargo hasta marzo de 2018 luego que las autoridades lo investigaran por supuestos malos manejos de los dineros del Alma Mater.
Según el ente acusador, en ese momento por estatutos de la misma Universidad era el vicerrector Mariano Romero el que debía asumir la suplencia ante la ausencia de la entonces rectora en propiedad Silvia Gette Ponce, quien se encontraba de licencia por 6 meses.
Sin embargo, esto no se dio y en cambio se reunió el Consejo Directivo eligiendo a Ramsés Vargas a pesar que presuntamente no era suplente y tampoco fue nombrado como tal por su padre Eduardo Vargas Osorio, quien pertenecía a la junta directiva de la universidad.
Al respecto, la Fiscalía contó que Vargas Lamadrid presuntamente no reunía los requisitos estatutarios para ser rector de la Uniautónoma y aún así fue nombrado, configurándose, a juicio del ente acusador, los delitos ya mencionados y por lo que fueron imputados los que hicieron parte de ese Consejo Directivo en ese año.
Así las cosas, en este proceso judicial aparece como víctima Silvia Gette, quien fue sacada de la rectoría presuntamente de manera “ilegal”.
