La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ampliar y precisar la información entregada sobre las alternativas planteadas para la recuperación económica de la empresa de energía Air-e, actualmente intervenida por el Gobierno nacional.
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El requerimiento se produjo después de que la Superservicios respondiera a un primer oficio enviado por el organismo de control. Tras analizar el informe remitido, la Procuraduría advirtió que varias de las respuestas resultaron poco claras y no respondieron de manera suficiente a los aspectos solicitados inicialmente.
Según el Ministerio Público, en el documento no se detallaron las propuestas orientadas a evitar una eventual liquidación de la compañía. Tampoco se explicaron con precisión las razones que han motivado los cambios de agentes especiales desde que comenzó el proceso de intervención.
De igual manera, la entidad señaló que el informe no especifica las medidas adoptadas para garantizar la continuidad administrativa, la coherencia en la toma de decisiones y la trazabilidad del proceso durante las transiciones en la interventoría.
Ante estas inconsistencias, las Procuradurías Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública y para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios solicitaron nuevamente a la Superservicios informar si actualmente existe un plan de solución estructurado para la empresa. En caso de que dicho plan esté definido, pidieron remitir la documentación que sustente la propuesta.
La Procuraduría destacó que el seguimiento a este proceso es de especial importancia, debido a que el sector energético es estratégico para el desarrollo del país y para garantizar la prestación continua y eficiente de un servicio público esencial para millones de ciudadanos.
“Venderle energía a la empresa Air-e es un alto riesgo”
Han transcurrido 18 meses desde la intervención de la empresa Air-e ante evidencia de graves problemas financieros y administrativos; sin embargo, a la fecha, su situación, en vez de mejorar, es cada vez más preocupante.
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Cabe recordar que la decisión del Gobierno se tomó porque la empresa presentaba incumplimientos de pago en el mercado mayorista de energía, deterioro patrimonial, un alto riesgo en la continuidad del servicio, fallas administrativas y financieras, entre otros problemas.
En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, le detalló a EL HERALDO que la deuda de la compañía con las plantas térmicas ya alcanza $1,3 billones.
“La incertidumbre sigue siendo muy alta. Cada vez preocupa más el tema porque no se ve ninguna solución ni de corto, ni de mediano, ni de largo plazo”, afirmó Castañeda.
El líder gremial explicó que los generadores no están recibiendo el pago completo por la energía que venden al sistema, lo que incrementa el riesgo financiero.
“Cada mes que llega la factura por las ventas de energía al sistema, particularmente a las térmicas, llega un 10 % menos. Es decir, si yo facturo 100 pesos, me entregan 90, y ese riesgo es Air-e”, señaló.
Según Castañeda, mientras el país atraviesa un periodo de lluvias y los embalses tienen buenos niveles, el crecimiento de la deuda se mantiene relativamente controlado.
Sin embargo, el panorama podría cambiar drásticamente si se presentan condiciones climáticas secas que obliguen a despachar más generación térmica.
“Si llega un verano fuerte o un fenómeno de El Niño, la deuda podría crecer entre $100.000 millones y $150.000 millones mensuales; eso ya es insostenible”, advirtió.
