En medio de la comodidad de sus hogares, muchos habitantes en el departamento del Atlántico esperarán su “recompensa económica” por ejercer su derecho su voto tras la jornada electoral de este 8 de marzo.
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Se trata de una nueva modalidad que se viene afinando en los municipios del Atlántico para la entrega de los incentivos correspondientes a la compra de votos y así “hacerle el quite” a los crecientes controles de las autoridades en los alrededores de los puestos de votación.
Esta práctica, que se ha convertido en una “tradición cultural” y se ha normalizado por generaciones, se constituye en uno de los riesgos electorales identificados en el departamento para estos comicios.
“No es algo nuevo, pero cada vez lo camuflan mejor. Ahora hay un grupo de domiciliarios que se organizan y entregan por encargo, tras las elecciones, un sobre con dinero a quienes comprometieron su voto en las urnas. Es una forma más fácil de camuflar este fenómeno y dar seguridad a la gente”, aseguró un ciudadano de Luruaco, quien pidió la reserva de su identidad.
Puso de presente que: “Hemos contabilizado, con la gente que vendió su voto por $200 o $300 mil, que un candidato debe destinar casi $1.400 millones; parece poquito, pero la gente tiene necesidades y aceptan hasta $100 mil por su voto y silencio”.
El líder social aseguró que “el sector rural es donde más se compra votos, porque en los corregimientos viven del campo y ni siquiera se necesita pasar plata; se entrega un mercado o un novillo y no se deja rastro de delito. Además, así el campesino se siente respaldado y lo ve como costumbre ante la necesidad”.
Se mueve la demanda
Las maquinarias detrás de la compra de votos en los municipios del área metropolitana de Barranquilla se encuentran más activas que años anteriores. Con el pasar de los días, la demanda ha venido ajustando y ya los residentes locales, acostumbrados al popular “incentivo” por favorecer a un candidato o casa política, no se conforman con menos de 100 mil.
“Con el aumento del salario mínimo, los ciudadanos también han pedido que se aumente el valor”, aseguró, en medio de risas, una fuente que conoce los pormenores de este negocio en la región.
A lo que agregó que los controles son más estrictos tanto por parte de las autoridades como de las campañas para evitar la pérdida de recursos: “Es algo que ha generado mucha presión para los líderes, porque han estado acostumbrados a entregar un valor menor al que acuerdan con los candidatos. En esta oportunidad, han tenido un rango de ganancia mucho menor al tradicional”.
En el área metropolitana
En Soledad y Puerto Colombia, las campañas están ofreciendo distinas cifras por el voto. A comienzos del año, en época de “preventa”, como lo referenciaron varios líderes, una persona podía recibir hasta $230 mil, que corresponde a $80 mil por Cámara y $150 adicionales por el Senado.
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Sin embargo, con el correr de los días, han optado por una especie de “combo”: les ofrecen entre $150 mil y $200 mil pesos a la persona por el respaldo a la fórmula completa.
Algunos residentes del municipio de Soledad contaron que algunos líderes están pagando hasta $300 mil por el voto, lo que constituye uno de los precios más altos en el departamento para estos comicios.
Otros fenómenos de este tipo se han observado en Malambo y Galapa, donde no solo se paga a $70 mil y $80 mil por un voto en promedio, sino que también se entrega por aparte dinero para la logística de transporte el día de las elecciones, sin dejar de lado los tradicionales refrigerios.
“Se aprovechan de la gente”
Una caravana de camionetas con los vidrios abajo se pasea lentamente por los municipios del sur del Atlántico desde hace varios días, en busca de aquellos ciudadanos que, por necesidad o ambición, estén dispuestos a vender su voto para las próximas elecciones a Cámara y Congreso.
Esta denuncia, hecha por líderes de la zona, quienes también pidieron la reserva de su nombre, ha generado suspicacias sobre la integridad electoral en los sectores con más necesidades en el departamento.
“Las caravanas van hacia barrios o sectores donde están los beneficiarios de programas de adulto mayor o madres comunitarias y les aseguran la continuidad en el programa o mayores beneficios por su voto. La planilla ya está hecha y como quien dice, solo pasan lista”, aseguró un habitante del municipio de Campo de la Cruz.
Los líderes comunitarios han expuesto que “en estos municipios, por su poca población, es donde más participación se presenta en las urnas, precisamente porque tienen esas motivaciones; lo que más se mueve es la compra de votos para la Cámara de Representantes”.
Dominancia electoral
La concentración atípica del voto en una sola fuerza política dentro de un municipio es otro de los fenómenos que enciende las alarmas en el departamento.
En sectores como Polonuevo, la Veeduría Electoral Protransparencia alertó por arreglos políticos informales y estructuras clientelares que se manifiestan en votos para una reconocida casa política del departamento.
“Hay un gran desafío en Polonuevo porque muchos de los candidatos en cada elección suelen ser empresarios o dueños de establecimientos, quienes piden a sus trabajadores y al gremio en general al que pertenecen, ya sea ganadería, cultivos o licores, que voten por ellos a cambio de beneficios. Aunque también suelen existir amenazas con destitución de puestos y ese tipo de cosas”, comentó un vocero de la veeduría a este medio.
Puso de presente que “es difícil determinar quiénes son los que están vendiendo o no el voto; pero acá era muy común, en otros períodos, que el mismo alcalde presionara a personas que laboran como contratistas para que voten por un candidato del mismo partido”.
La Veeduría argumentó que “el reto es enorme para detener la predominancia política en nuestro municipio; cada vez hay más prácticas de compra de votos o presión a las personas; incluso, esto es un fenómeno que vimos en las elecciones a Consejos de Juventud”.
El panorama en el Atlántico
Según la matriz de riesgos elaborada por la Misión de Observación Electoral (MOE), el departamento del Atlántico evidencia una disminución en los niveles de riesgo electorales en comparación con los registrados en la pasadas elecciones en 2022; sin embargo, actualmente alrededor del 60 % de sus municipios se encuentran identificados en algún nivel de riesgo tanto para la elección de Senado como de Cámara.
El caso que más preocupa es el municipio de Tubará que representa una concentración de riesgo extremo de fraude electoral, especialmente para la Cámara de Representantes.
“El riesgo es más amplio en circunscripciones pequeñas porque la disputa por una curul en la Cámara de Representantes es considerablemente más reñida y el peso electoral dificulta lograr una curul en el Senado”, se lee en el informe de la MOE.
A su vez, los municipios de Tubará y Piojó se mantienen como los dos territorios con riesgo extremo de fraude para las elecciones al Senado. Otros como Juan de Acosta y Usiacurí están registrados bajo un riesgo alto en estos comicios.
De igual manera, la matriz identificó que prevalece un riesgo por otros factores de alta participación los municipios en Usiacurí y Tubará para la Cámara: “Hay casos atípicos, donde la participación se dispara, que podemos considerar sospechosas en la medida que pueden indicar que hubo algún constreñimiento, compra de voto o clientelismo para promover la dinámica”.
Mientras que para Senado, el panorama tampoco es muy alentador, ya que hay un riesgo extremo por alta participación en Usiacurí. En Baranoa, Candelaria, Juan de Acosta, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Sabanagrande, Santo Tomás y Tubará se ubica en el rango alto.
Reportan un patrón atípico de participación electoral en Barranquilla y tres municipios
En el informe elaborado por la Universidad del Norte y la Misión de Observación Electoral (MOE) se evidenció que el Distrito de Barranquilla y los municipios de Campo de la Cruz, Repelón y Puerto Colombia han presentado un patrón atípico en la participación electoral.
Este comportamiento, de acuerdo con los expertos, “sugiere fluctuaciones inusuales en el comportamiento del electorado entre ciclos comiciales recientes”. Dichos comportamientos tendrían relación a factores como movilización irregular de votantes, desconfianza institucional o estrategias clientelistas que alteran la estabilidad del patrón electoral.
“En estos contextos, la participación no sigue un comportamiento previsible, reflejando dinámicas políticas locales marcadas por tensiones o intervenciones no convencionales”, se lee en el documento.
También se alertó que los municipios de Malambo y Manatí han registrado “reducciones significativas” en su nivel de participación electoral, como ocurrió entre 2018 y 2022, cuando se pasó de alrededor de un 66 % a apenas un 38 % de asistencia a las urnas.
Y la legitimidad de los resultados en Juan de Acosta, Piojó, Tubará, Santa Lucía y Suan puede ser puesta en duda o retrasar el conteo del escrutinio debido a marcado riesgo de tarjetones no marcados para Senado.
