La diputada Alejandra Moreno se pronunció públicamente tras conocer el reciente fallo del Consejo de Estado relacionado con la nulidad electoral de su curul en la Asamblea del Atlántico.
En un mensaje dirigido a la ciudadanía, la dirigente manifestó su respeto por las instituciones y por el alto tribunal, aunque dejó claro que no comparte el sentido del fallo. Señaló que cree en el Estado de Derecho y en la necesidad de que las controversias se tramiten por las vías legales.
No obstante, afirmó que durante el proceso ha sido víctima de una “persecución sistemática” y de diversas expresiones de violencia política orientadas –según sus palabras– a deslegitimar tanto su elección como las causas que representa. Moreno sostuvo que desde el inicio de su campaña enfrentó ataques, señalamientos y cuestionamientos que, asegura, carecían de sustento.
De acuerdo con la diputada, tras las elecciones de octubre de 2023 las críticas no cesaron, sino que se intensificaron mediante denuncias reiteradas y campañas de desprestigio que, en su concepto, trascendieron el debate jurídico para convertirse en un desgaste personal y político.
Moreno también hizo referencia a su condición de mujer en la política, indicando que ha sido blanco de comentarios y prácticas basadas en estereotipos y prejuicios. Afirmó que este tipo de situaciones constituyen violencia política y advirtió que no deben normalizarse en la vida pública.
“Como mujer en la política he sido blanco de comentarios y prácticas que no solo cuestionan mi gestión, sino que intentan desacreditarme desde estereotipos y prejuicios. Esto constituye una forma de violencia política que no puede normalizarse”, señaló.
La diputada recordó que su elección fue el resultado del voto de más de 63.000 ciudadanos del Atlántico y agradeció el respaldo recibido. Sostuvo que el fallo no borra el trabajo adelantado ni las iniciativas promovidas en favor de las comunidades que representa.
En cuanto a las acciones a seguir, anunció que continuará ejerciendo su defensa por los mecanismos legales correspondientes, en ejercicio de sus derechos fundamentales al debido proceso y a ser elegida dentro del término de ley. Asimismo, expresó que seguirá representando a sus electores en el actual periodo ordinario mientras la decisión no quede ejecutoriada.
“Mi voz no será silenciada. Mi compromiso con la ciudadanía permanece intacto. Es por esto que seguiré ejerciendo mis funciones como Diputada del Departamento del Atlántico conforme al mandato popular obtenido en las elecciones de octubre del 2023”, aseveró.
Finalmente, reiteró que respetará lo que determinen las autoridades judiciales una vez la decisión quede en firme, pero insistió en que está comprometida con la democracia y con la ciudadanía.
