Sobretasa de $8 por kilovatio enciende alertas por impacto en tarifas de energía

La propuesta del Gobierno nacional de aplicar una sobretasa de 8 pesos por kilovatio/hora en las facturas de energía para los estratos 3, 4, 5 y 6, así como para los sectores comercial e industrial, ha encendido las alarmas entre organizaciones de defensa del consumidor y sectores económicos.

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Los primeros en advertir las consecuencias de este costo adicional en el componente de restricciones fueron los representantes de las Ligas de Usuarios de Servicios Públicos de todo el país, quienes calificaron esta medida como “inconstitucional, ilegal e injusta”, al considerar que traslada a los ciudadanos el costo de la crisis financiera de la empresa Air-e en la región Caribe.

En ese sentido, Javier Gaviria Betancourt, presidente de la Liga Nacional, explicó que aunque el incremento parece pequeño, su impacto acumulado golpeará con fuerza el bolsillo de millones de familias. Según sus cálculos, el alza podría representar entre 1 % y 2 % adicional en la tarifa mensual.

“Para los estratos 5 y 6, industriales y comerciales es mucho más agresivo porque ellos ya pagan un sobrecosto del 20 % por ley para subsidiar a otros. Agregarlos a esta nueva carga afecta directamente la competitividad del país”, señaló Gaviria.

Para el líder de usuarios, su mayor preocupación es el estrato 3, una población que ha sufrido un proceso de “reestratificación forzada” para eliminar sus subsidios, representando hoy el 31 % de los usuarios nacionales.

El dirigente cuestionó que el Gobierno esté apelando al principio de “solidaridad” para justificar el recargo, cuando —según la Constitución— el Estado tiene la obligación de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos.

“Reconocen que el empobrecimiento de los usuarios del Caribe es una de las causas de la crisis de Air-e, pero pretenden que sean los mismos ciudadanos quienes paguen la recuperación financiera de la empresa. Eso es una contradicción”, sostuvo.

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Otro punto que se cuestiona Gaviria es que el proyecto no establece con claridad cuánto tiempo duraría el cobro. Aunque se habla de recaudar cerca de 2.5 billones de pesos, advirtió que la deuda sigue creciendo, lo que podría extender indefinidamente la medida: “En Colombia no hay nada más definitivo que lo transitorio, eso lo tenemos claro los colombianos”.

Anunció que desde la Liga Nacional de Usuarios presentarán observaciones dentro del periodo de comentarios públicos, que estará abierto hasta el 22 de enero, insistiendo en la inconstitucionalidad del proyecto y solicitando que el Estado asuma su responsabilidad financiera sin trasladar el problema a los ciudadanos.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, recalcó que esta es una medida “temporal y excepcional” diseñada para revertirse una vez se superen las condiciones que la originaron.

Palma defendió la medida y reiteró que es un proyecto que no ha sido aprobado y que se encuentra en etapa de discusión pública.

En ese sentido, cuestionó que algunos gremios hayan decidido guardar silencio.

“Esto ha dividido a los gremios. Yo les he invitado públicamente a no guardar silencio ante decisiones difíciles y en momentos difíciles. Hay que tomar decisiones, incluso en ocasiones impopulares, pero que son responsables con la ciudadanía”, señaló el ministro.

Palma afirmó que la iniciativa surge ante una problemática estructural que no solo afecta a la región Caribe, sino a todo el país. Reiteró que el objetivo principal es proteger el sistema energético nacional y garantizar la continuidad del servicio.

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“El problema del Caribe es un problema nacional. Lo peor que puede pasar es que se apague un municipio, un departamento o una región. Nuestra obligación como Gobierno es garantizar que haya energía eléctrica al menor precio posible y también gas al menor costo, especialmente para los hogares más vulnerables”, sostuvo.

De acuerdo con un informe técnico independiente sobre el comportamiento tarifario, el alza del salario mínimo y nuevos cargos regulatorios presionarían el precio de la energía en 2026.

Así como otros cargos regulatorios y ajustes automáticos por inflación (IPC), que cada año elevan el valor final del recibo.

Según el análisis, un hogar promedio con un consumo mensual cercano a los 150 kilovatios podría ver un aumento aproximado de $1.200 adicionales en su factura mensual, únicamente por este nuevo cobro asociado a la situación financiera de Air-e.

En el caso de los sectores comercial e industrial, el efecto sería aún mayor. Empresas con altos niveles de consumo podrían enfrentar sobrecostos de varios millones de pesos al mes, lo que, según expertos, afectaría la competitividad, los costos de producción y la generación de empleo.

Sandra Fonseca, experta en temas energéticos, afirmó que esta sobretasa tendrá un fuerte impacto en pequeños negocios, como panaderías o restaurantes, estos podrían tener pagos adicionales de hasta 500 mil pesos anuales, lo que obligaría a muchos comerciantes a subir precios o incluso reducir personal, aumentando la informalidad.

Mientras que para las empresas medianas y grandes, el efecto sería aún mayor. Se estima que el sobrecosto podría llegar hasta 480 millones de pesos al año, recursos que terminarían saliendo de la inversión, la generación de empleo y los planes de expansión.

Asimismo, advirtió que el debate público se ha enfocado de manera equivocada en definir quién debe asumir el nuevo cobro para cubrir la deuda generada en esta intervención en lugar de discutir soluciones estructurales al problema.

“El verdadero problema es que se pretende cubrir una deuda corriente que no fue causada por los usuarios y con una situación altamente deteriorada para la cual no existe, hasta ahora, un plan estructural de solución que garantice un servicio eficiente, confiable y sostenible en la región Caribe”, afirmó.

Una vez se conoció el borrador del proyecto surgieron voces a favor y otras en contra de la propuesta del Gobierno nacional.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), apoya la medida asegurando que esta busca evitar un eventual colapso del sector eléctrico, en medio de la compleja situación financiera que atraviesan las compañías del sector. “Esto funciona como una cadena: si una empresa deja de pagarle a otra, el efecto dominó se activa, los bancos dejan de prestar recursos y el sector empieza a debilitarse”, advirtió.

Asimismo, la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) también mostró su respaldo porque protege al Caribe colombiano, región que concentra cerca del 25 % de la demanda energética nacional. Advirtió, además, que no actuar frente a la crisis financiera de Air-e pondría en peligro la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), afectando no solo a la Costa, sino a la competitividad de todo el territorio.

Sin embargo, otros gremios rechazan la propuesta. Fuentes consultadas por EL HERALDO coinciden en afirmar que se necesitan soluciones de fondo porque la medida no ataca las causas estructurales, sino que está orientada principalmente a cubrir obligaciones de compañías intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos, cuya responsabilidad recae directamente sobre el Estado.

En ese sentido, consideraron que trasladar estos costos a los usuarios no resuelve el problema de fondo. Se refieren los expertos a los problemas relacionados con la deuda acumulada por subsidios, los saldos pendientes de la opción tarifaria, las obligaciones de entidades oficiales, el aumento en la retención en la fuente como anticipo, cambios en la metodología de comercialización, pérdidas de energía, bajos niveles de recaudo y una cartera en deterioro.

Otro de los puntos críticos, según expertos, es la suspensión del mecanismo de limitación de suministro, una herramienta que permitía darle liquidez al sector eléctrico. Advirtieron que, sin este instrumento, el sistema pierde estabilidad financiera y se incrementa el riesgo de que la deuda siga creciendo.

También alertaron que esta situación genera incertidumbre para nuevas inversiones. En ese sentido, se refieren a que varios proyectos del Sistema de Transmisión Regional (STR) se han visto afectados por incumplimientos de pago, lo que podría desincentivar la participación de empresas en futuras convocatorias.

Coinciden en que la solución debe ser integral y estructural. De lo contrario, advierten, la sostenibilidad del sistema eléctrico a largo plazo seguirá en riesgo.

El coordinador de la Liga de Usuarios de la región Caribe, Norman Alarcón, manifestó su oposición al proyecto de ley y criticó fuertemente la ausencia del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos en la propuesta oficial.

“No hay una sola mención sobre el Fondo Empresarial, encargado de solventar económicamente a las empresas intervenidas”, expuso Alarcón a EL HERALDO.

Expertos consultados por EL HERALDO afirman que la medida estaría violando la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos domiciliarios. En particular, el artículo 94 prohíbe expresamente trasladar a las tarifas los costos derivados de una gestión ineficiente o pérdidas patrimoniales de las empresas prestadoras.

A su vez, el presidente de la Liga Nacional de Usuarios, Javier Gaviria, afirmó que el artículo 365 de la Constitución Política, establece que es deber del Estado garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios a todos los habitantes del país.

Esto implica que, aunque el servicio sea operado por empresas privadas, mixtas o públicas, la responsabilidad final recae en el Estado, que debe respaldar su operación con recursos públicos cuando sea necesario.