El pasado martes 6 de enero se registraron varias protestas en el departamento del Atlántico. La primera ocurrió desde horas de la mañana en el peaje de Sabanagrande, donde los manifestantes exigían tarifa cero en la caseta. La segunda se presentó cerca del mediodía en la vía del corregimiento Bohórquez, jurisdicción de Campo de la Cruz, donde presuntos habitantes adelantaron un bloqueo que generó una fuerte congestión vehicular en el sur del Atlántico.
Sin embargo, miembros de la comunidad denuncian que estas protestas no tendrían un fin social, sino que serían utilizadas para exigir dinero a los conductores a cambio de permitirles el paso por las vías alternas. Esta situación configura una especie de “retén” ilegal que pone en jaque la movilidad en el territorio y la seguridad de los transeúntes.
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“No son propiamente de la comunidad, sino personas desadaptadas las que inician los bloqueos. (…) No lo hacen como una protesta social ni pacífica, sino para extorsionar a los transeúntes, a las personas que van en su vehículo, e incluso han sido capaces de hurtar”, reveló a EL HERALDO Cristian Lozano, personero del municipio de Concordia, quien es usuario frecuente de la vía y recalcó que es una situación que cada vez es más recurrente.
El viajero explicó que la razón de la protesta del pasado martes fue la falta de agua; sin embargo, cuestionó este argumento, pues señaló que este tipo de personas —que presuntamente harían parte de bandas en municipios como Suan, Campo de la Cruz, Bohórquez, Candelaria y Ponedera— suelen aprovechar hechos circunstanciales, como fallas en el suministro eléctrico o en la captación de agua, para bloquear las vías en estas localidades.
Durante una reportería, esta casa editorial pudo evidenciar la presencia de retenes ilegales en la vía a Candelaria, de manera simultánea al bloqueo registrado en la vía de Bohórquez. En menos de un kilómetro se encontraban grupos de personas, en su mayoría jóvenes, que obstaculizaban la carretera con ramas y solo permitían el paso a cambio de dinero.
En el Magdalena
William Rafael Jiménez Vargas, vendedor ambulante de 72 años, relató que desde hace más de dos décadas se dedica a esta actividad y que frecuentemente debe desplazarse por el puente Pumarejo para abastecerse de mercancía.
Coincidió en que, durante sus recorridos, también ha sido afectado reiteradamente por bloqueos arbitrarios y retenes ilegales instalados por grupos de personas para cobrar dinero a quienes transitan por la vía.
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Según Jiménez, estas situaciones se presentan especialmente luego del puente Pumarejo, en el corregimiento de Palermo, donde los bloqueos se multiplican y se exige el pago de entre cinco mil y diez mil pesos para permitir el paso.
“Me afecta porque el dinero no está fácil de conseguir, y si a uno le toca darle cinco mil o diez mil pesos que ellos piden por el pase, ya es bastante complicado”, expresó. Además, indicó que la problemática se ha ido agravando con el tiempo y se ha convertido en un obstáculo constante para su trabajo y movilidad.
