Un grupo de congresistas radicó un borrador de un proyecto de ley que busca transformar y oficializar a la Universidad Autónoma del Caribe como una institución estatal de orden nacional. Es decir, pretenden cambiar su naturaleza jurídica de privada a pública.
En el documento argumentan su propuesta bajo la crisis financiera y administrativa que enfrenta la universidad, así como el riesgo de liquidación que afectaría a más de 6.000 estudiantes. De esta manera, calificaron como urgente implementar medidas para reestructurar la universidad y garantizar su viabilidad a largo plazo.
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En la iniciativa legislativa se establecen disposiciones para llevar a cabo la implementación de un plan de ajuste financiero y administrativo que permita a la universidad racionalizar sus gastos, renegociar y pagar sus deudas, sanear sus activos y garantizar su sostenibilidad económica.
Esta propuesta normativa destaca que con la conversión se permitiría una diversificación de la oferta académica y mejora de la calidad educativa por medio de inversiones.
Asimismo, se permitiría fortalecer sus laboratorios e infraestructura académica y daría vía libre a actualizaciones tecnológicas y a inversiones en estudios de contexto que orienten la generación de nuevos programas acordes a las tendencias mundiales y necesidades del territorio.
En esta misma línea, aseguran que se podrían implementar programas de mejoramiento continuo de la calidad educativa, que incluyan la actualización de currículos y la capacitación docente.
Finalmente, aseveraron que dicho marco jurídico posibilitaría ampliar la cobertura con 8.000 nuevos cupos.
“Esto permitiría ampliar la cobertura, la inclusión y la accesibilidad a la educación superior en la región Caribe colombiana, mediante la generación de 8.000 nuevos cupos, bajo política de gratuidad, aprovechando la capacidad instalada disponible”, señalaron en el borrador los autores.
Requisitos para la oficialización
El documento establece que para oficializar la conversión, el Ministerio de Educación y la universidad deberán cumplir una serie de requisitos técnicos, financieros y administrativos.
Entre ellos se incluyen: la entrega de estados financieros auditados de los últimos tres años; un estudio de factibilidad socioeconómico avalado por CONACES y el CESU; un inventario completo del patrimonio institucional; un plan de saneamiento fiscal y financiero; un estatuto general provisional para la etapa de transición; un plan laboral que garantice los derechos de los trabajadores, y una certificación de viabilidad fiscal expedida por el Ministerio de Hacienda.
