Desde comienzos del mes de julio, el Instituto Nacional de Vías (Invías) se encuentra luchando para ‘revivir’ el cobro de valorización en la zona de influencia del Atlántico y Bolívar.
Después de las medidas cautelares que concedió el Tribunal Administrativo del Atlántico para suspender el cobro, la entidad presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado como un “mecanismo transitorio” para evitar un “perjuicio irremediable” y una vulneración de su derecho al debido proceso.
Algunos de los argumentos de la entidad se sustentan en que la violación al debido proceso se produce al haber ya realizado varias socializaciones del cobro conforme a lo que estipulaba la ley y los requisitos pertinentes durante el año anterior.
De igual manera, argumentó que se podría producir un perjuicio irremediable ya que se afectaría la fuerza ejecutoria de la resolución que aplica la valorización, la cual vence en mayo de 2026, y se generarían sobrecostos por más de $1.666 millones para cumplir con el nuevo proceso.
Sin embargo, un grupo de ciudadanos presentó una demanda de nulidad contra esta tutela por violación al debido proceso. Lo anterior debido a que –presuntamente– el Invías no agotó los recursos administrativos que confiere la ley antes de llegar a esta instancia judicial.
Además, la demanda especificó que no se hizo la notificación del trámite de tutela a los vulnerados y terceros que pueden verse afectados. Es decir, los propietarios de los casi 123 mil predios entre Atlántico y Bolívar.
Tras el paso de unos días, el Consejo de Estado dio traslado del trámite de nulidad al Ministerio de Transporte para que el Invías diera respuesta ante los hechos de la demanda.
En ese sentido, la entidad solicitó que se negara esta demanda argumentado que el objetivo de la nulidad ya estaba subsanado, teniendo en cuenta que el accionante de la demanda era también el vulnerado de la tutela, ejerciendo su derecho de contradicción al pronunciarse y oponerse frente a los hechos de este mismo proceso.
Otras acciones
La situación no quedó ahí. La parte accionante de la demanda prosiguió con sus argumentos y presentó una solicitud al Consejo de Estado para declarar improcedente la tutela del Invías por posible conflicto de interés y presentación simultánea del documento a dos estancias judiciales.
La petición describe la existencia de acciones de apelación y recursos de reposición de contra la medidas cautelares proferidas por el Tribunal del Atlántico, lo que se considera un “desgaste” de la administración de la justicia toda vez que han acudido simultáneamente a dos vías, tanto al Tribunal como al Consejo de Estado para reactivar el cobro.
Mientras que también deja entrever un posible impedimento por parte del magistrado que lleva a cargo el proceso en el Tribunal del Atlántico, basado en que el funcionario detenta la propiedad de un inmueble en la ciudad de Cartagena, comprendido dentro de los 123 mil predios afectados. Un hecho que “podría generar cierto interés del magistrado al momento de tomar decisiones incompatibles con su cargo”.
De esta manera, se está a la espera de una decisión del Consejo de Estado que sin duda marcará el futuro del cobro de valorización en Atlántico y Bolívar.
Lupa sobre los recursos
En la tutela que interpuso el Invías ante Consejo de Estado se especifica en un espacio del documento que se han invertido recursos por más de $1.660 millones para la socialización del cobro, que incluyen la logística de las audiencias, la difusión de la convocatoria y los gastos del personal.
Con respecto a esto, el senador Carlos Meisel anunció que “se va a radicar una acción judicial ante la Procuraduría y la Contraloría para conocer en qué se gastó verdaderamente el Invías esa plata”.
