El apagón de cerca de cuatro horas acontecido el pasado martes en varios sectores de Barranquilla y Puerto Colombia ha generado nuevas alertas frente a la actual situación financiera y administrativa de la empresa Air-e, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde septiembre de 2024.
La coyuntura –que generó pérdidas económicas por cerca de $23 mil millones, de acuerdo con los estimativos de la Cámara de Comercio– ha sido considerada por gremios y expertos como un campanazo frente a una “inminente” crisis en la prestación del servicio de energía eléctrica en la ciudad y la región Caribe.
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Estas “fallas” son atribuidas –desde los gremios– a la falta de mantenimientos en las redes y las deudas con los generadores, que ascienden a $1.5 billones en medio de la intervención.
Es de anotar que, a través de una regulación adoptada de forma reciente, se imposibilitó a los actores de la cadena energética implementar la medida de limitación de suministro a la compañía, lo que ha generado un incremento sustancial de los compromisos financieros en los últimos meses, de acuerdo con los reportes gremiales.
Lo anterior, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por lo que consideran una baja o casi nula gestión de los interventores nombrados desde el Gobierno nacional para atender las causas estructurales de esta crisis.
En lo que va del periodo de intervención han sido nombrados cuatro agentes interventores y aún persiste, según los gremios, el riesgo la estabilidad energética de cerca del 10 % de este mercado en el país.
Gestiones de interventores
Carlos Diago fue el primer interventor y estuvo en el cargo durante mes y medio. En ese periodo, sus actuaciones estuvieron direccionadas a reducir las tarifas de energía, puesto que había sido una tarea encomendada por el presidente Gustavo Petro y el entonces superservicios Dagoberto Quiroga.
Una de las medidas adoptadas para tal fin correspondió a diferir el cobro de la opción tarifaria a 10 años, aunque inicialmente se anunció como una suspensión mientras el Gobierno viabilizaba un plan para convertir esos saldos en deuda pública.
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Diago también hizo frente a un hackeo que generó afectaciones a las labores de la empresa, incluyendo la expedición de las facturas. Asimismo, inició una dura disputa alrededor del cobro de terceros en la factura de energía, lo que conllevó a una serie de fricciones con las autoridades departamentales y locales.
En octubre del año anterior se nombró a Edwin Palma en este cargo, permaneciendo cerca de cuatro meses para posteriormente asumir como ministro de Minas y Energía. En ese periodo, según lo expuesto por el funcionario en su carta de despedida, “se logró la congelación de las tarifas de energía, impactando positivamente a 1,3 millones de usuarios en la región”.
Durante el periodo de Palma como interventor, el Distrito de Barranquilla decidió que el cobro de alumbrado público se dejaría de hacer a través de la factura de energía y se trasladó a la de Triple A.
Por otro lado, Diana Bustamante tuvo la responsabilidad de timonear la empresa hasta principios de junio. En su gestión se implementó un nuevo esquema de facturación, habilitando una serie de cupones para el pago, de acuerdo con la decisión del cliente, de la tasa de seguridad.
Asimismo, presentó una propuesta a los generadores para hacer un pago correspondiente al 12 % de la deuda actual, mientras que el resto sería diferido a 10 años. La posible solución fue rechazada de inmediato por el gremio, teniendo en cuenta las implicaciones que generaría para toda la cadena energética.
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Y aunque Nelson Vásquez tiene poco tiempo en el cargo, hay cierta inconformidad frente manejo ante el apagón que se dio en la capital del Atlántico.
Es de anotar que los tres interventores se encuentran inmersos en una investigación de la Fiscalía General de la Nación por un presunto robo de mayor cuantía frente a la creación de 11 cargos directivos y la asignación de millonarios honorarios.
Fricciones en el Gobierno
Un ingrediente adicional en esta “tormenta” corresponde a las crecientes fricciones entre el superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez, y el ministro de Minas, Edwin Palma, frente al manejo de la empresa.
Las diferencias entre ambos funcionarios han sido visibles durante las últimas semanas tras el nombramiento de Nelson Vásquez como interventor de la compañía, en reemplazo de Diana Bustamante.
No en vano, el ministro Palma le solicitó en los últimos días a la Superservicios que diera a conocer los detalles de la solución empresarial que había sido anunciada para garantizar la estabilidad financiera de la empresa.
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Si bien desde la cartera ministerial se expresó que existe disposición de trabajar de manera articulada para la materialización de dicha hoja de ruta, la petición generó suspicacia debido a que desde el ente de control se había asegurado previamente que el plan se construyó en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Cabe recordar que, durante un evento realizado el mes anterior en Barranquilla, el ministro Palma aseguró que no se ha logrado asegurar el suministro de energía para el 2026.
“Por fortuna, la energía, hasta cuando yo estuve al frente de Air-e, dejamos contratada energía para este año, tenemos problemas para el próximo año, pero bueno, cada día trae su afán. Tenemos toda la voluntad política para que lo podamos resolver con el propósito de seguir garantizando el suministro”, dijo en ese momento.
¿Qué se requiere?
Ante el complejo panorama, expertos han asegurado que es necesario garantizar los recursos necesarios para que la empresa pueda seguir operando y evitar afectaciones a los usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, aseguró que frente a la situación actual de la empresa Air-e, se requiere que el Gobierno haga el correspondiente giro a los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, correspondiente a los primeros meses del año.
“Es necesario que a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos se brinde la solvencia, la liquidez y flujo de caja, ya que la falta de ellos fue lo que motivó su intervención. Cómo se lo pidió en su momento la Agente interventora Claudia Bustamante y el ministro Edwin Palma, cuando le imploraron para que le lanzara a Air-e un salvavidas”, agregó el experto.
Asimismo, indicó que el ministro Palma hizo un anuncio premonitorio al referirse a un posible apagón por falta de respaldo económico: “El apagón en Santa Marta, primero, y en Barranquilla después, es solo el comienzo de un colapso anunciado”.
Por su parte, César Uparela, directivo de Acopi y experto en temas energético, indicó que es necesario un plan que garantice la estabilidad financiera de la empresa debido a que la “caja es deficitaria” ante los compromisos con generadores y otros proveedores.
“El Fondo Empresarial no tiene los recursos para girar a Air-e y que cumpla con sus compromisos. Por eso el Gobierno debe trazar una hoja de ruta para acudir a la banca para encontrar los recursos que permitan implementar un plan de contingencia para salvaguardar a la empresa”, dijo.
En ese sentido, agregó que si no se avanza en este sentido, “nos veremos sometidos a un apagón inminente en los departamentos de El Atlántico, Magdalena y La Guajira; eso puede generar consecuencias a todo el Sistema de Interconexión Nacional, un efecto dominó”.
Y recalcó que es necesaria voluntad política para viabilizar dicha solución: “Se podría hacer un Conpes de $15 billones en un periodo de 10 años para cubrir las deudas con los distintos actores de la cadena y también para poner a tono la infraestructura eléctrica que se encuentra muy deteriorada”.
Liga de Usuarios asegura que no hay “mejoras apreciables”
Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, expuso que la empresa ha venido afrontando dificultades de tiempo atrás, teniendo en cuenta que desempeña una actividad de gran dificultad como lo es la distribución de energía.
“Tenemos en la Costa la infraestructura más obsoleta del país y no hay mejoras apreciables. Un ejemplo grave es que tenemos la subnormalidad eléctrica del 92 % de todo el país y cada año se desmejora un 5 %”, dijo.
Al respecto, mencionó que “para mejorar esta grave situación se requiere un plan para garantizar la estabilidad financiera y operativa de Air-e y esto se resuelve es con más recursos; en medio de la intervención, la Superservicios no le ha hecho aportes, como es su obligación con el Fondo Empresarial, que tiene autorización para adquirir créditos internos y externos y solicitar recursos frescos al Ministerio de Crédito Público”.
Por eso instó a un plan para estabilizar la empresa y para mejorar la infraestructura que podría acarrear inversiones por cerca de $4.3 billones hasta el 2030.
“Hay $500.000 millones que Electricaribe le burló a los usuarios de las áreas especiales de la Costa y que se recuperaron por un fallo fiscal de la Contraloría General de la República, pero siguen sin llegar a sus verdaderos dueños, los usuarios más pobres de la Costa Atlántica. Estos recursos, de ser recuperados, se podrían utilizar para mejorar la infraestructura de esas áreas especiales, barrios subnormales, entre otros”, expuso.
Llamados a la Superservicios
El personero distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Álzate, hizo un llamado urgente a la Superintendencia de Servicios Públicos para que asuma su responsabilidad frente a la “crítica situación” de la empresa Air-e.
“La falta de mantenimiento, la no renovación de equipos obsoletos, sumado a ellos la crisis financiera reportada por Air-e, es un indicativo de que se pueden presentar hechos más graves”, dijo.
También mencionó que “es de absoluta responsabilidad del operador Air-e tener todas las protecciones técnicas disponibles y funcionales a fin de evitar un apagón total”.
