Como un hito calificaron los personeros de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, y de Santa Marta, Edwar Orozco, la decisión que tomó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) al aprobar de manera definitiva la reformulación del componente de comercialización de la tarifa de energía en la región Caribe.
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En diálogo con EL HERALDO, los representantes del Ministerio Público manifestaron su satisfacción por la lucha que emprendieron en noviembre de 2022, cuando interpusieron una acción popular contra las resoluciones de la Creg que regulaban el régimen especial tarifario e impactaban negativamente a los usuarios de Air-e, debido a los altos costos de la energía.
La “gran noticia”, sostuvo Alzate, es que el pasado 30 de mayo, en sesión de la Creg, se reformuló el cargo de comercialización. Con esta nueva regla se elimina el cobro del 20 % adicional que se aplicaba exclusivamente en la Costa y se deja de aplicar el 20 % nacional, además de retirar los 300 puntos básicos correspondientes a la cartera.
Explicó que, en el caso de Air-e, con la reformulación de este componente, la disminución será de 54 pesos por kilovatio hora, mientras que para Afinia será de 23 pesos por kilovatio hora. Esto significa que Air-e dejará de cobrar a los usuarios cerca de $232 mil millones anuales por concepto de comercialización, “es decir, más de $23.500 millones mensuales solo por ese concepto”, detalló el personero de Barranquilla.
Para los personeros, más allá del impacto económico, lo verdaderamente relevante es que la decisión deja sin efecto el régimen transitorio especial para la región Caribe. Aseguraron que esta era la última regla pendiente de desmontar, pues las demás ya habían sido retiradas.
“Les cumplimos a la gente del Caribe. Con esta decisión se acaban los abusos mensuales a los que estaban sometidos con las impagables tarifas de energía eléctrica”, expresaron.
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Esta medida adoptada por la Creg, que está a la espera del concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), no solo beneficiará a los usuarios de la región Caribe, sino también a los de todo el país. Se estima que, con el ajuste a la fórmula de comercialización, se dejarán de cobrar cerca de un billón de pesos anuales a todos los usuarios de Colombia.
Defensa de los derechos ciudadanos
Los personeros Alzate y Orozco expresaron su satisfacción por los resultados alcanzados gracias a la acción popular que interpusieron.
“Nosotros, como personeros, tenemos la responsabilidad de defender los derechos de los ciudadanos y, por supuesto, de los usuarios de los servicios públicos. Entre esos está el derecho colectivo a que la prestación de esos servicios sea eficiente y accesible. Nuestra tesis fue que las tarifas se convirtieron en una barrera para acceder al servicio de energía. Con esto, sentimos satisfacción de haber roto esa barrera y reivindicado ese derecho colectivo, no solo en la región Caribe, sino también a nivel nacional”, manifestó Alzate.
Por su parte, Orozco afirmó: “Siempre hemos buscado justicia tarifaria y hoy la estamos recibiendo por parte de la Creg. Además, es satisfactorio que otros municipios y departamentos también se vean beneficiados”.
Puso de presente el caso de los municipios del Magdalena que son atendidos por Afinia que también se verán beneficiados. “Ellos venían padeciendo una mala prestación del servicio y tarifas altísimas, muy por encima incluso de nosotros que tenemos a Air-e. Hoy también reciben ese mensaje de alivio en su facturación mensual, que considerábamos desproporcionada”, indicó Orozco.
Finalmente, ambos coincidieron en que este resultado no solo favorece a Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y Atlántico, sino también a los municipios operados por Afinia.
“La Guajira, Córdoba y Cesar, que también estaban pagando tarifas que sobrepasaban los 1.040 o 1.050 pesos por kilovatio hora, sentirán el mismo alivio que nosotros ya venimos percibiendo”, puntualizaron.
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Preocupación por la situación de Air-e
El personero de Barranquilla expresó su inquietud por la situación actual de Air-e, calificando la intervención como un “contrasentido”.
“La empresa estaba en crisis financiera y fue intervenida con el propósito de buscar una reorganización que le permitiera ser sostenible en el tiempo. Pero lo que hemos visto después de la intervención es una administración deficiente, con un cambio constante de administradores e interventores. Eso genera incertidumbre, poca visión de largo plazo y limita la capacidad para manejar una empresa de esa envergadura”, precisó.
Cuestionó, además, que decisiones como el retiro de cobros a terceros del recibo de energía resultan “desacertadas”, porque exponen a la empresa a un riesgo jurídico y, finalmente, no representan un alivio real para los ciudadanos.
“Al final lo van a cobrar por otro lado. Creemos que se han tomado decisiones inoportunas, cuando justamente este debería ser un momento de mayor certidumbre y trabajo riguroso para reorganizar la empresa y sacarla adelante”, concluyó Alzate.
