Unas nuevas presuntas falencias alrededor del cobro de la valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad han sido evidenciadas por los entes de control, lo que podría dejar sin piso jurídico al proceso adelantado por el Gobierno nacional para recaudar cerca de $1.2 billones.
Juan Antonio Spirko Payares, procurador 118 Judicial II Administrativo, aseguró a EL HERALDO que en el proceso de análisis de la medida cautelar solicitada por el senador Carlos Meisel ante el Tribunal Administrativo del Atlántico se pudo determinar posibles afectaciones a los derechos colectivos.
“Es necesario que se produzca una socialización y una publicidad más profunda de ese futuro cobro. Es decir, que se publicite con el acompañamiento de expertos –si es el caso– o de las personas que el Tribunal defina. En todo caso, por supuesto, tiene que estar presente la sociedad civil, para que se les explique claramente cuáles son los elementos de la contribución”, aseguró.
Spirko Payares agregó que es necesario definir “con claridad” quienes serán los sujetos que harán la correspondiente contribución, puesto que no existe una definición al respecto. Además, se debe establecer la tarifa y la forma en que se obtuvo.
“Aunque la resolución establece algunos parámetros, es indispensable que sea socializada en términos claros, que permitan a la comunidad entender quién pagaría, cuánto pagaría y por qué”, dijo.
También evidenció que se debe identificar si en el espacio geográfico existen comunidades étnicas, “respecto de las cuales deba hacerse una sensibilización o socialización diferencial”, tal como lo establece la Constitución.
“Esta medida aún no se ha referido al fondo del asunto: no se ha determinado si el cobro es legal, ilegal o inconstitucional. Además, este concepto, por supuesto, está sujeto a la decisión del despacho judicial”, agregó.
En ese sentido, explicó que si se adopta el mencionado concepto se debe dar trámite a la etapa siguiente, que corresponde a una audiencia para darle cumplimiento a esta solicitud del Ministerio Público.
Más voces de rechazo
Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, reiteró su desacuerdo con el cobro de valorización a cerca de 147 mil predios en 10 municipios de Atlántico y Bolívar, incluyendo a la Heroica.
“Consideramos que esta decisión no se ajusta plenamente a los principios de legalidad, equidad y participación, ya que no existe evidencia suficiente de que todos los predios cobijados por la medida hayan recibido un beneficio directo proporcional al valor que se pretende cobrar”, mencionó.
El mandatario recalcó que se han identificado falencias en los procesos de socialización, notificación y justificación técnica del impacto positivo sobre los predios del Distrito de Cartagena.
“Por estas razones, y en el ejercicio de nuestras competencias constitucionales y legales, presentamos demanda de nulidad ante la jurisdicción contencioso-administrativa, solicitando que se revise la legalidad del acto y se suspendan sus efectos mientras se resuelve de fondo el asunto”, agregó.
Puso de presente que también han respaldado la demanda de inconstitucionalidad interpuesta ante la Corte Constitucional, puesto que “esa norma afecta principios fundamentales, como el de irretroactividad, buena fe, confianza legítima y unidad de materia, por lo que contraría la Constitución Nacional”.
Subrayó que no se encuentran en contra del desarrollo vial ni de la integración regional, “pero consideramos inaceptable que los cartageneros y cartageneras asuman una carga económica sin garantías de justicia tributaria ni mecanismos adecuados de participación previa”.
Defensa ante el cobro
De manera conjunta, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) sostuvieron que han presentado los argumentos correspondientes para defender la legalidad del cobro de la valorización.
Con relación a los beneficios, destacaron que “se incluye la muy necesitada inversión en infraestructura en la región Caribe, donde estarán destinados en su totalidad dichos recursos”.
Asimismo, indicaron que permanecen atentos a cualquier determinación que se tome dentro del caso en el marco del debido proceso y el Estado de Derecho, teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha notificado ninguna decisión que implique la suspensión.
En la misma línea, recalcaron que desde octubre del año anterior se ha informado a la ciudadanía que los recursos del recaudo proveniente de la valorización del corredor Barranquilla – Cartagena “serán invertidos en su 100 % en la región Caribe”.
“Los argumentos (...) de los gremios económicos de la región se oponen al cobro de valorización porque aparentemente el recaudo no será invertido exclusivamente en el Caribe, ya fueron ampliamente desmentidos desde dicha fecha”, puntualizaron.
