El Gobierno ha empezado a definir la ruta que utilizará para saldar la deuda pendiente por opción tarifaria y así permitir una reducción en las tarifas de energía para los usuarios del país, en especial, del Caribe colombiano.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, indicó que actualmente se encuentra en curso un proceso de crédito por parte de Findeter por cerca de $2 billones para las comercializadoras de energía, el cual será asumido por el Estado.
“Ya se le ha entregado una parte a la empresa Air-e y está en proceso de entrega de otra parte a la empresa Afinia. La alternativa de corto plazo, que le estamos diciendo a Findeter, es que sigan cubriendo a los comercializadores, entregue los $2 billones, que el que va a terminar pagando es el Estado”, sostuvo el funcionario tras el término de una audiencia en la Corte Constitucional.
Agregó que dichas indicaciones tienen génesis en una “preocupación” por parte de la capacidad de las empresas Air-e y Afinia de poder cubrir dicho crédito o “si esos recursos entraban en la previsión de problemas de cobro de Findeter”.
Asimismo, el ministro de Hacienda indicó que este es un primer paso para atender dicha problemática mientras se avanza en la definición de la fuente de financiación para $3 billones adicionales que permitan cubrir el restante por opción tarifaria.
Algunas reacciones
Alejandro Castadeña, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), aseguró que es positivo que el Gobierno responda por el crédito que fue aprobado para cubrir la opción tarifaria.
El líder gremial agregó que el Estado debe buscar un “financiamiento rápido” para que este proceso fluya de forma efectiva: “Ahí viene el tema de titularización del que habló el presidente (Gustavo) Petro. Es básicamente lograr que se puedan desembolsar esos recursos rápidamente y que las empresas cuenten con la liquidez, que cuenten con los títulos valores para tener un mejor financiamiento”.
De esta manera, indicó Castañeda, los usuarios podrán “tener una reducción mayor en las tarifas por la asunción de la opción tarifaria”.
Mientras que Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), explicó que este reconocimiento de la deuda por opción tarifaria exige un “esfuerzo” del Gobierno y de la ciudadanía.
“Consideramos que se debe asumir, siempre y cuando esa deuda se depure, para que corresponda a inversiones realmente efectuadas, a mejores condiciones de calidad y menores pérdidas. Finalmente insistimos que se debe sacar de la misma y corregir el efecto de un indexador no adecuado”, dijo Fonseca.
Por su parte, Norman Alarcón Rodas, coordinador Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Costa Caribe, enfatizó que el Gobierno debería financiar las inversiones en la infraestructura eléctrica, sin que se afecten las tarifas pagadas por los usuarios.
“Se debe tener en cuenta que las opciones tarifarias, como forma perversa de vaciar los bolsillos de los usuarios, seguirán haciendo de las suyas, como lo vienen haciendo desde el año 2008; es necesario modificar a profundidad el diseño de la normatividad tarifaria, de tal forma que el resultado inequívoco sea tener tarifas justas y pagables”, indicó.
Puso de presente que el hecho de que el Gobierno nacional asuma el pago de los saldos de las opciones tarifarias no quiere decir que se vaya a resolver la problemática tarifaria.
“Quedarían acogotando a los millones de usuarios del norte del país el régimen especial, el cargo de riesgo de cartera en 300 puntos básicos de la misma y las altísimas rentabilidades de la cadena eléctrica superiores al 12% efectivo anual, que mantendría el costo unitario del kilovatio hora en alrededor de mil pesos, el más alto del Sistema Interconectado Nacional (SIN)”, aseveró Alarcón.
