Tasa de seguridad en el Atlántico: Gobernación ha destinado $538 mil millones en iniciativas para la convivencia ciudadana

El recaudo de la tasa de seguridad en el Atlántico ha sido motivo de un intenso debate durante las últimas semanas, debido a los crecientes cuestionamientos sobre la funcionalidad de este tributo para la convivencia en el departamento, así como el impacto que tendría en la facturación del servicio de energía eléctrica.

En medio de la polémica, la Gobernación del Atlántico salió en defensa del recaudo. Indicó que en los últimos cuatro años ha recibido $538.083 millones por concepto de este tributo.

Estos recursos –de acuerdo con José Antonio Luque, secretario departamental del Interior– han permitido adelantar inversiones para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento.

El funcionario destacó que estos recursos también han permitido financiar acciones tendientes a fortalecer y preservar el orden público en el departamento, así como ha servido de fuente para garantizar inversiones en materia carcelaria.

Expuso, además, que en el 2020 contaron con $107.111 millones, mientras que en 2021 ascendió a $130.041 millones. Para 2022, el recaudo estuvo en el orden de $141.351 millones y en 2023 fue de $159.579 millones.

Dijo que con estos recursos se han realizado inversiones en materia de infraestructura física para la convivencia a través de parques y plazas, así como ampliación y reposición del parque automotor, dotación de tecnología y comunicaciones y cualificación del talento humano.

Por otro lado, expuso que las empresas de servicios públicos vinculadas al servicio de energía eléctrica son las únicas habilitadas para el recaudo de la tasa.

'Estas empresas son las que mayor cobertura tienen en la prestación en todo el departamento Cambiar este mecanismo pondría en riesgo el mecanismo de recaudo y por lo tanto, los proyectos de inversión vinculados a la tasa', recalcó el secretario del Interior.

El funcionario puso de presente que la tasa de seguridad y convivencia ciudadana tiene su origen en la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997, más conocida como ‘Ley de orden público’, la cual dispuso –en el artículo 119– la creación de los fondos de seguridad, con carácter de 'fondos cuenta', en los departamentos y municipios del país para financiar las actividades de seguridad y orden público.

Agregó que este cobro también tiene sustento en el artículo 8 de la Ley 1421 de 2010, que facultó a los departamentos y municipios para imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos cuentas territoriales de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana.

Jorge Ávila, gerente de Plazas y Parques del departamento, destacó que las inversiones desde el enfoque preventivo han conllevado a avanzar en la recuperación de parques y plazas.

'Mucho se ha explicado desde la academia respecto al fenómeno de la venta rota, y cómo los espacios deteriorados se convierte en lugares del temor, debido a que la oscuridad y el abandono facilita el trabajo de las pandillas y delincuentes', dijo.

Explicó, además, que este programa se evalúo desde un enfoque metodológico de los Beneficios Socio Espaciales (BSE) que logró establecer el impacto de las obras en la calidad de vida de los atlanticenses.

En ese sentido, Ávila destacó que más del 70 % de los encuestados manifestó que se siente más seguro en su visita a los parques, mientras que el 60 % expresaron que la transformación de dichos espacios ha conllevado a la disminución del consumo de sustancias psicoactivas en sus entornos.

En la Asamblea departamental se han venido realizando varios cuestionamientos alrededor de la tasa de seguridad.

La diputada Alejandra Moreno expuso que el recaudo de la tasa de seguridad no ha logrado disminuir las dinámicas delincuenciales en el departamento. Cuestionó que al año anterior se cometieron 769 homicidios, mientras el recaudo ha sido por más de $160 mil millones.

'La tasa de seguridad ha sido dejada de pagar por esta empresa. Por estatuto departamental, la empresa Air-e es el agente recaudador, lo que le impide quedarse con el recurso e irrespetar la normatividad vigente', expuso el asambleísta del partido Cambio Radical.

En ese sentido, Baute expuso que las omisiones reiterativas de esta obligación generan sanciones: 'La empresa Air-e no le cumple al departamento. Ellos sí cobran, pero no pagan. Ese tributo no les pertenece, no deben quedarse con los recursos'.

Por su parte, la diputada Isabella Pulgar ha dado a conocer que viene preparando una propuesta para desvincular el recaudo de la tasa de seguridad de la facturación de la empresa Air-e.

'Un mecanismo independiente de cobro permitirá mayor transparencia, comprensión y conciencia en los atlanticenses sobre los cargos por seguridad y convivencia ciudadana, así como una gestión fiscal más eficiente sobre su destinación', expuso la asambleísta liberal.

En medio de la controversia, la empresa Air-e expuso que se encuentra dispuesto a devolver el recaudo de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento.

'La tasa de seguridad no es una gestión que la empresa desarrolla a modo propio, sino que le ha sido impuesta por el departamento', señaló Fermín de La Hoz, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, recientemente a EL HERALDO.

A su turno, Santiago Posso Marmolejo, gerente de Air-e, instó a que desde la Asamblea se lideren cambios a la normativa tributaria local para 'no continuar ejecutando la facturación y el recaudo de este tributo'.

Indicó que, de esta manera, el recaudo sería 'desarrollado por la Secretaría departamental de Hacienda o la entidad que se considere necesaria'.

Alberto Mario Forero, miembro de Comité Atlántico de Servicios Públicos, se mostró de acuerdo con la posibilidad de eliminar el cobro de la tasa de seguridad de la factura de energía eléctrica.

'No aceptamos que se siga cobrando en la factura de energía, porque no tiene relación. Además, estos recursos deberían estar en el presupuesto, teniendo en cuenta los impuestos que pagamos. Estamos de acuerdo que se necesitan recursos, pero deberían venir del presupuesto nacional', indicó.

Recalcó que la inversión de estos recursos se debe destinar a la seguridad: 'Se deben destinar a los componentes que se requieren para la seguridad en vez de hacerlo en otros ítems que no tiene trascendencia para proteger la integridad de todos los ciudadanos'.

A su turno, el diputado Alfredo Varela presentó un proyecto de ordenanza para modificar el Estatuto Tributario para prohibir el pago de comisiones por el recaudo de la tasa de seguridad.

'La tasa de seguridad debe invertirse en seguridad, no en otras cosas', dijo.

Agregó que otro de los objetivos de su iniciativa es que haya 'justicia social' con relación a las tarifas que se cobran en los distintos municipios.

'Queremos que el recibo de energía sea más económico, así como que los tributos del Atlántico conlleven a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos', recalcó.

En 2020, la Asamblea del Atlántico expidió una ordenanza que modificó algunos de los aspectos relacionados con la regulación de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana. En dicho documento se reiteró que la responsabilidad de recaudar este tributo recaía sobre los comercializadores, distribuidores o prestadores del servicio de energía eléctrica en el departamento.

En ese sentido, el estrato 1 debe cancelar –para el año 2024– 3.294 pesos, mientras que para el estrato dos es de 5.177 pesos. En el estrato 3, por su parte, el tributo llega a $15.531 y en el estrato 4 llega a $30.592.

En los estratos 5 y 6, a su turno, el pago que se debe realizar asciende a $55.066 y $100.719, respectivamente.