El régimen tarifario especial para la región Caribe seguirá vigente. En el proceso de discusión del nuevo Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República no hubo aval a las proposiciones presentadas con el fin de derogar esta medida, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido en las alzas de las tarifas del servicio de energía eléctrica.
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Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, sostuvo a EL HERALDO que el artículo 373 del nuevo PND permite la continuación de esta medida, que fue instaurada en el Gobierno de Iván Duque.
'Nos seguirán cobrando, a más de 11 millones de costeños, las inversiones futuras de forma anticipada en las tarifas y las más altas pérdidas eléctricas de toda Colombia, porque lo que dejan de pagar los que se hurtan el servicio eléctrico se lo cobran a los otros usuarios', sostuvo.
Alarcón indicó, además, que los alcaldes del Caribe instauraron una demanda contra este esquema tarifario que ya fue aceptada por el Consejo de Estado debido a los impactos negativos que tiene en la comunidad.
También dijo que otro golpe del Plan Nacional de Desarrollo es el aval para la medición inteligente, debido a que 'supremamente sofisticada y no es necesaria' para la inmensa mayoría de los usuarios. 'Es un nuevo cobro que aumenta las tarifas a niveles que son impagables'.
¿Qué dicen los congresistas?
El senador liberal Mauricio Gómez sostuvo que esta medida se adoptó por medio del PND del Gobierno anterior y su reglamentación se dio a través de los decretos 1645 de 2019 y 1231 de 2020.
'Estas condiciones se habilitaron por 5 años, de los cuales faltan dos para terminar. Esto creó un régimen jurídico que generó derechos adquiridos y obligaciones a los prestadores', dijo el congresista liberal.
Expuso, además, que los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía no dieron vía libre a derogar esta medida tras un análisis costo-beneficio para la Nación.
'Se determinó que si se derogaba régimen transitorio especial para asegurar la sostenibilidad de la prestación eficiente del servicio, el Estado debía hacer la devolución de los mercados cuyas inversiones fueron de alrededor de $5 billones, además que podía generar una externalidad negativa en cuanto a la posibilidad de causar fallas en calidad del servicio', expuso.
Gómez expuso que esto podría dar paso a demandas por parte de los agentes afectados por cambio de las condiciones fuera del período establecido.
'Una vez terminen los cinco años se debe definir un régimen tarifario nuevo en conjunto con la Creg y Minminas para tener unas tarifas justas en la Costa Atlántica y que sean equitativas con el resto del país', recalcó el congresista liberal.
El senador Efraín Cepeda expresó que presentó una serie de proposiciones para lograr bajar el nivel de pérdidas en el Caribe, pero no fue posible su aprobación.
También lamentó que no se avalara un plan para el desarrollo integral del Caribe, 'en el cual la regularización tarifaria de servicio eléctrico y energías alternativas sostenibles era el principal componente, junto con más temas relevantes para el desarrollo productivo y social de la región'.
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Lo que se logró
A su turno, la representante Ana Monsalve explicó que en el artículo 248 del texto conciliado del Plan Nacional de Desarrollo se autoriza al Ministerio de Minas y Energía para que, con cargo a los recursos del Fondo de Energía Social (Foes), se aumente hasta 92 pesos por Kw/h para cubrir el consumo de subsistencia de los estratos 1 y 2 en zonas rurales y subnormales.
Explicó que esto permite priorizar los mercados con mayores pérdidas, como la Región Caribe, la implementación de soluciones energéticas a partir de fuentes no convencionales de energía renovable.
