Unas pocas horas antes de su realización, la audiencia para la adjudicación de la APP del Canal del Dique fue aplazada.
En la noche de este miércoles, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) publicó una adenda modificatoria al cronograma, con la cual programó la mencionada audiencia para este viernes. Es decir, se realizará un día después de lo proyectado inicialmente.
De acuerdo con el documento, que fue colgado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), la decisión se tomó para permitir que este jueves sea revelado el informe final de evaluación a la propuesta presentada por la firma Sacyr, que es el único proponente.
Dicha compañía, a falta de la evaluación definitiva, cuenta con el aval para quedarse con este contrato de concesión a 15 años.
Del informe de evaluación preliminar se desprende que la firma Sacyr cumple con todos los requisitos necesarios para la adjudicación.
Clamor de comunidades
A través de una carta, las comunidades adyacentes al Canal del Dique volvieron a expresaron su rechazo con el avance de la adjudicación de la APP.
En el documento se indica que el proceso es 'violatorio de nuestros derechos constitucionales a la participación real y efectiva y a la consulta previa, libre e informada, así como a las normas de protección constitucional del ambiente, de los recursos naturales y de los ecosistemas, y a los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado'.
Las comunidades volvieron a expresar que existe desconocimiento por parte de la ANI con relación a los 'contenidos sustanciales y formales' para la consulta previa.
Pusieron de presente que esta fase solo se cumplió con 16 comunidades de las más de 48 que son reconocidas a lo largo de la ecoregión del Canal del Dique, la cual cuenta con una extensión de 115 kilómetros y es habitada por 2 millones de personas.
También expusieron que el proceso de socialización se cumplió 'sobre la base de la exclusión', puesto que 'no se consultaron comunidades y aquellas en las que se consultó, no se atendió al contenido sustancial del derecho a la consulta previa'.
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Además, exigieron que se garantice la implementación de medidas o protocolos para la recuperación de cuerpos de personas desaparecidas. Esta petición fue hecha debido a que el canal del Dique es considerado como 'la fosa común más grande de Colombia'.
Según se lee en el documento, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad indicó que aproximadamente 20 mil personas fueron víctimas de desaparición forzada entre 1997 y 2005 en esta zona.
Es de anotar que, a lo largo de esta semana, los habitantes de la zona adyacente en el canal del Dique –especialmente en jurisdicción del departamento de Bolívar– han realizado protestas para rechazar su adjudicación.
Cabe destacar que estas comunidades han señalado en varias oportunidades que no se oponen al megaproyecto, pero insisten ampliar su socialización.
A esas voces se han sumado algunos congresistas, quienes han expresado que es 'inconveniente' que el actual Gobierno siga adelante con el proceso, más cuando restan pocos días para la posesión de Gustavo Petro como jefe de Estado.
'No representa una acción decorosa, ni responsable, por cuanto no han hecho público los términos de estructuración física y jurídica de este megaproyecto qu ha despertado demasiadas inquietudes técnicas, sociales y hasta ambientales que siguen sin las explicaciones adecuadas', sostuvo el representante Dolcey Torres.
Por su parte, el senador Pedro Flórez sostuvo que no se descarta la utilización de mecanismos jurídicos que garanticen la protección de los derechos de las comunidades.
Petición de Fenalco
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) hizo un llamado al Gobierno nacional para que 'acelere' el proceso de adjudicación de la APP del Canal del Dique al considerarlo 'de vital importancia' para las comunidades que habitan en el área de influencia.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, sostuvo que los retrasos en la ejecución de este proyecto genera 'perjuicios ambientales' en la bahía de Cartagena y las Islas del Rosario.
'Queremos señalar una vez más la relevancia ambiental de esta megaobra, convirtiendo su ejecución en una necesidad inaplazable para la defensa de importantes activos nacionales y para la garantía de la continuidad del servicio público de acueducto a nivel local', expuso el líder gremial.
Lo que contempla la APP
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) indica que este proyecto plantea obras que garanticen la navegabilidad por el canal, pero además 'busca solucionar los problemas generados tras la ampliación en la hidrovía artificial que conecta al río Magdalena desde Calamar hasta la bahía de Cartagena'.
La regulación activa del ingreso de caudales al sistema del Canal del Dique, de acuerdo con la entidad, generará un control de tránsito de sedimentos y mitigará el impacto generado en la bahía de Cartagena y Barbacoas; además, mitigará las probables inundaciones en la zona al controlar los niveles de agua que se presenten.
Además, con esta iniciativa se tendrá un mejoramiento de las conexiones ciénaga - ciénaga y ciénaga – canal y la restauración de los ecosistemas Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo como también el aseguramiento del recurso hídrico de todos los usuarios del área de influencia del canal para agua potable, riego, ganadería, pesca y otros servicios.
La ejecución de obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal al sistema, controlando así las posibles inundaciones a lo largo del canal permitiendo mantener un control activo.
La población beneficiada con este proyecto será de 1.5 millones de habitantes, en las poblaciones de 8 municipios del Atlántico, 10 municipios de Bolívar y un municipio de Sucre.
