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La empresa Air-e reportó que durante recientes operativos realizados en el sur del Atlántico con el acompañamiento de la Policía fueron detectadas cuatro fincas cometiendo robo de energía a través de la instalación de cuatro transformadores, sin autorización y de manera ilegal.

'La mayoría de las fincas se dedicaban a la actividad ganadera y de cultivos, utilizaban la energía robada para motobombas y equipos empleados en las actividades propias de los predios', informó la compañía.

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Detalló que el primer caso se presentó en inmediaciones del corregimiento de Algodonal, en jurisdicción del municipio Santa Lucía, en donde se encontró un transformador ilegal en la finca Villa Jordán.

El segundo caso ocurrió en la finca Villa Panchita, en el área rural del municipio Suan, donde estaba instalado un transformador ilegalmente.

Air-e agregó que en jurisdicción de Suan también se hizo un procedimiento para desmontar dos transformadores ilegales, uno en la finca Las Nubes y otro en la finca Vista Hermosa, retirando también una red eléctrica instalada sin autorización.

{"titulo":"Detectan robo de energía en varios locales comerciales del Atlántico","enlace":"https://www.elheraldo.co/atlantico-crea/detectan-robo-de-energia-en-varios-locales-comerciales-del-atlantico-875725"}

'Sobre estas acciones desarrolladas en fincas ubicadas en el sur del Atlántico, el perjuicio económico causado por el delito se estima en 151.096 kilovatios/hora/mes correspondiente a 112 millones de pesos. La cantidad de energía 'robada' por estas personas equivale aproximadamente al consumo de 500 familias durante un mes', afirmó la empresa prestadora del servicio.

Frente a esta problemática, el Gerente de Air-e en el Atlántico, Ramiro Castilla Andrade, reiteró que el delito de defraudación de fluidos tiene una pena de hasta 72 meses de prisión y la empresa cuenta a la fecha con más de 200 procesos penales que cursan en la Fiscalía.

'El robo de energía no solo afecta a la empresa sino al bolsillo de todos los pobladores de la costa. También la manipulación de la infraestructura pone en riesgo la vida de las personas', dijo Castilla Andrade.