La segunda vuelta presidencial arranca bajo una sombra tan inquietante como innecesaria: la desconfianza sembrada desde la propia Casa de Nariño contra la Organización Electoral. Apenas conocidos los resultados de la jornada, que dejaron a Abelardo De la Espriella como indiscutible ganador con el 43,7 % de los votos frente al 40,9 % del oficialista Iván Cepeda, el presidente Gustavo Petro los desconoció y lanzó graves acusaciones sobre una supuesta manipulación del censo electoral. Lo hizo sin pruebas, sin indicios verificables y sin acudir a los canales institucionales señalados por la ley. Típica conducta de quien es mal perdedor.

El mensaje es profundamente perturbador e irresponsable. Resulta lógico que quien ocupa la primera magistratura del Estado está en la obligación de proteger la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, pero su actitud lo revela decidido a erosionarla cuando los resultados, como ahora, no coinciden con sus expectativas. Petro, en lugar de aceptar la decisión soberana de más de 23 millones de colombianos que acudieron pacíficamente a las urnas, ha alentado sospechas sobre un presunto fraude que ni la Registraduría, ni la Procuraduría, ni los observadores nacionales e internacionales identificaron. Tan solo él.

Ante denuncias tan delirantes, la respuesta institucional ha sido contundente El mundo de Turcios para cerrar filas en defensa de la transparencia del sistema. No está de más decir que el preconteo de los votos, consignado en las actas físicas procedentes de las mesas, es un proceso manual; los softwares de preconteo y escrutinio ni siquiera trabajan con números de cédula y que el censo electoral fue cerrado un mes antes de los comicios, lo que imposibilitó cualquier incorporación de última hora de 885.000 votantes, como aseguró Petro en su red social X.

Es lamentable que el mandatario persista en su deleznable estrategia de fracturar a un país ya enormemente dividido, con la clara intención de obtener rédito electoral. Le importa un carajo minar la confianza en la legitimidad electoral sin fundamento alguno, alimentar la polarización nacional, deteriorar la credibilidad institucional y abrir peligrosos espacios para la confrontación política. Presidente, la democracia no depende ni está condicionada a que los resultados favorezcan a un determinado sector. Su fortaleza radica precisamente en que se acepten las reglas establecidas por la ley, cuando se gana y, sobre todo, cuando se pierde.

Esta incoherencia quedó aún más expuesta cuando el propio Cepeda, apenas horas después de secundar las denuncias presidenciales, terminó retractándose de lo dicho. Tras verificar información con sus equipos, reconoció públicamente que no existían evidencias ni indicios de fraude o manipulación del censo electoral. La enmienda fue necesaria, pero insuficiente.

Todo indica que detrás de la ofensiva contra la Organización Electoral aparece una mezcla de frustración y desesperación política. El oficialismo se convenció de que podía imponerse en primera vuelta y terminó enfrentando una realidad distinta. Aunque el senador conserva fortalezas importantes e innegables en la región Caribe, los resultados de la primera vuelta mostraron retrocesos evidentes frente a los niveles de apoyo que obtuvo Petro hace cuatro años. En el Atlántico, la diferencia entre Cepeda y De la Espriella fue de unos 11 puntos porcentuales, mientras que en 2022 Petro le sacó 28 puntos porcentuales a Fico Gutiérrez; y en Barranquilla, el oficialista alcanzó el 47 % de los votos frente a un 45,5 % de ‘el Tigre’.

Esta reducción refleja el desgaste institucional de un gobierno marcado por la confrontación permanente, los incumplimientos recurrentes y el abandono o maltrato de comunidades.

En el día después de la jornada, Petro parece haber abandonado toda pretensión de actuar como jefe de Estado para asumir plenamente el rol de jefe de campaña de Cepeda. No solo desconoce los resultados del preconteo, sino que sigue interviniendo descarada e indebidamente en política, pidiendo tres millones de votos adicionales para su candidato, acusando de comprar votos a Abelardo De la Espriella, sin presentar pruebas ante las autoridades y anunciando que se pondrá al frente de lo que estima una batalla. Todo ello, pese a la orden expresa del Consejo de Estado que días atrás le pidió abstenerse de difundir propaganda electoral en aras de preservar la imparcialidad de la función pública.

Entretanto, De la Espriella aceptó debatir con Cepeda, pero lo condicionó a un requisito elemental: reconocer sin ambigüedades el resultado, lo que es una exigencia razonable en una democracia que necesita menos sospechas y más argumentos. Aún no está claro si se dará. Lo cierto es que ambos candidatos enfrentan el desafío de conquistar a electores de centro e indecisos que serán determinantes el 21 de junio. Aunque, más que una disputa entre ellos, esta elección ya se convirtió en un referendo sobre el petrismo y su modelo de gobierno que acusa hartazgo, desencanto y frustración en amplios sectores de la población.

Las urnas enviaron un mensaje inequívoco. La democracia ya habló. Colombia reclama serenidad, sensatez y altura democrática. Corresponde ahora a los protagonistas y, en especial a la élite en el poder, actuar con máxima responsabilidad. Se necesita una campaña de propuestas, no de conspiraciones imaginarias. Lo mínimo exigible es que se respete.